Cada vez que un periodista o un dirigente social de la provincia de Santa Fe, sea llevado a la Justicia por un funcionario público o un actor social involucrado en temas donde se manejen recursos económicos y humanos del Estado, reclamando su escarmiento judicial a través de una denuncia penal, tendrá ahora dos fallos en los cuales ampararse para que sus derechos a investigar, informar y opinar no sean vulnerados.
Investigar, informar y opinar
4 de diciembre 2011 · 20:30hs
Uno de ellos es el de Orlando Pascua, juez de Instrucción Penal de la Tercera Nominación en el marco de la causa Puerto y la dolosa compra de tierras en la zona donde se emplazará el nuevo puerto de Santa Fe por parte de socios y allegados a Gustavo Víttori. A este pronunciamiento habrá que sumarle el de Héctor Gabriel Candioti, juez de Primera Instancia en lo Penal Correccional de la Primera Nominación, en la causa Subsidios y uso discrecional de fondos en el área Deportes de la provincia.
Ambos procesos judiciales están alumbrados por una misma matriz: desvirtuar una acción correccional penal destinada a preservar la honra de las personas para convertirla en un instrumento de intimidación y control del ejercicio periodístico. Ése fue el legado enorme que dejó para nuestra profesión Eduardo Kimel, un periodista que llevó hasta la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) su reclamo de revisión de las figuras de calumnias e injurias en el Código Penal tras haber sido condenado a prisión y al pago de una onerosa indemnización al haber escrito sobre un tema de interés público, como lo era, el amañado juicio contra los autores del crimen de los curas palotinos acontecido en Buenos Aires durante la última dictadura militar.
La innegable carga intimidatoria de los querellantes para quienes sólo somos periodistas, a fin de cuentas, empleados de una empresa periodística, por parte de quien fuera la máxima autoridad oficial de una provincia en el área deportiva en un caso; y en el otro, el dueño de un diario vespertino y a la vez, presidente de Adepa (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) y socio local de Clarín, hablan a las claras de la inequidad de fuerzas en pugna y del escarnio social que se pretendía.
No es casual que el denominador común de ambas acciones sea el apellido Víttori. Querellante en una y testigo de parte en la otra.
Tampoco es casualidad la similitud en las estrategias legales de persecución tribunalicia. Un medio con 93 años de vida cuenta con una red de alianzas estratégicas (empresarias, políticas, gremiales, institucionales, etcétera) y voluntades funcionales de todo tipo con las que cuenta para que este tipo de acciones de hostigamiento judicial no tome relevancia, o directamente sea silenciado.
Por eso, desde el primer momento y ambos jueces lo entendieron, planteamos a Kimel como referencia de defensa.
Porque, como quedó demostrado en ambos expedientes, no hubo delito en las notas publicadas en Diario UNO. Gustavo Víttori y Diego Degano lo sabían. La intención era otra: matar al mensajero. Culparlo de investigar e informar sobre temas que los rozaban. Lograr su condena por el delito de opinión y fracasaron en el intento.
