Hicieron construcciones ilegales, se desplomó la Ruta 1 y podrían ir cinco años a prisión

Las fiscales Mariela Jiménez, María Laura Urquiza y Bárbara Ilera solicitarán penas de cinco años de prisión y multas por un total de 270.000 pesos para tres personas investigadas por haber construido terraplenes ilegales que provocaron estragos en la localidad de Colonia Teresa (departamento San Javier).

El requerimiento de las funcionarias del MPA fue presentado ante el juez Héctor Gabriel Candioti, en una audiencia preliminar que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Las fiscales precisaron que los acusados son un hombre de 69 años de iniciales R. A. C., que es presidente de Trimacer, la industria de explotación arrocera; una mujer de 61 de iniciales M. A. N., que es vicepresidenta titular de la firma; y un hombre de 64 de iniciales R. F. C., que es vicepresidente suplente.

Desviación de caudales

Jiménez, Urquiza e Ilera expusieron que “alrededor del predio rural en el que está instalada su empresa, los acusados levantaron terraplenes de más de seis kilómetros de extensión que, en algunos tramos, superan los dos metros y medio de alto”. Al respecto, mencionaron que “los trabajos se iniciaron en 2007 sin la autorización correspondiente de los organismos públicos competentes”.

“Además, los investigados construyeron de forma ilegal canales de riego y desagüe y un canal de derivación de aproximadamente tres kilómetros de largo que desemboca en la cuneta oeste de la Ruta Provincial 1”, señalaron las representantes del MPA.

“Las obras que resultaron de la conducta delictiva obstruyeron el escurrimiento natural de las aguas del cauce del arroyo Saladillo Dulce y ocasionaron una desviación de caudales hacia el río San Javier”, explicaron.

Según afirmaron, “en enero de 2019, la situación irregular llevó a que se generara un dique aguas al norte de los terraplenes y que una alcantarilla localizada en el kilómetro 190 de la Ruta Provincial 1 supere ampliamente su capacidad”. En tal sentido, remarcaron que “en consecuencia, se derrumbó un tramo de la vía de comunicación terrestre”.

Jiménez, Urquiza e Ilera aseguraron que “las obras ilegales produjeron la inundación de campos ubicados al norte del predio de la industria que dirigen los acusados”, y agregaron que “también causaron daños materiales en una vivienda”. A su vez, “las circunstancias atípicas hicieron peligrar el casco urbano de Colonia Teresa”, sostuvieron.

Delitos

Las fiscales se refirieron a que “las tres personas son investigadas por la coautoría de los delitos de estrago doloso; daño calificado y daño simple”.

Querellantes

Jiménez, Urquiza e Ilera informaron que “la provincia de Santa Fe, representada por la Fiscalía de Estado, se constituyó como querellante”. También precisaron que “lo mismo hicieron tres de las víctimas a través de abogados particulares”.

Juicio

En la audiencia preliminar, las partes discutieron acerca de la acusación presentada por el MPA. Ahora el juez deberá considerar si tiene proyección de condena y si están dados los requisitos para que se desarrolle un debate oral y público. En el caso de que el magistrado entienda que sí, deberá disponer lo que se denomina auto de apertura a juicio para que la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) programe la fecha de inicio.