Los fiscales piden más tiempo para investigar el espionaje ilegal

Los fiscales de la ciudad de Santa Fe, Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, pidieron este martes más tiempo para trabajar la investigación por presunto espionaje ilegal que tiene al exministro de Seguridad, Marcelo Sain, como principal apuntado. La jueza Roxana Carraro resolverá por escrito la solicitud, por lo tanto se presume que esa decisión se conocerá en los próximos días.

En la solicitud los fiscales pidieron la duplicidad de plazos para tener más tiempo para procesar información de la investigación por presunto espionaje ilegal, con el objetivo de obtener una mayor cantidad de evidencia recolectada.

El abogado del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, Hernán Martínez, –que está entre las personas investigadas–, dijo en Radio 2 de Rosario que la audiencia fue “extensa” y que desde la defensa de las personas sospechadas rechazaron la petición del Ministerio Público de la Acusación (MPA). “La jueza va a resolver por escrito. Por lo tanto, hoy no va a haber resolución”, agregó.

La jueza Roxana Carraro a partir de hoy tiene el plazo máximo de tres días para dar a conocer la resolución por escrito, para decidir si hace lugar o no al pedido de los fiscales de tener más tiempo para formular una imputación a las personas bajo investigación.

La investigación tomó estado público en noviembre pasado, cuando se hicieron procedimientos del Organismo de Investigaciones (OI) en las sedes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe y Rosario, con el objetivo de secuestrar elementos de interés para la causa.

Después de esos operativos renunciaron a sus cargos el secretario de Seguridad, Germán Montenegro; el subsecretario de Prevención y Control Urbano, Alberto Mongia; el subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez; el subsecretario de Seguridad Preventiva, Diego Lluma; el director de Análisis Criminal, Sebastián Sánchez;, el subsecretario de Control, Diego Rodríguez; los asistentes técnicos, Nadia Schujman y Ramiro Cortese; el director provincial de la Agencia de Investigación Criminal, Rodolfo Gallardo; y la directora de los Centros Territoriales de Denuncia, Carla Pecorini.

También salieron a la luz nombres “fichados” desde el Ministerio de Seguridad, que formarían parte de la prueba para los fiscales. Entre los datos obtenidos aparentemente de forma ilegal se detectaron consultas en bases de información sobre dirigentes políticos, de medios de comunicación –entre ellos de Televisión Litoral–, empresarios de la salud, de la industria y del Poder Judicial, entre otros.