Este jueves 19 de junio a las 12:30, se hará pública la sentencia en el juicio oral conocido como causa “D4”, que investiga una presunta defraudación al Estado provincial en la reparación de móviles policiales y que tiene como acusados a los ex jefes policiales de Santa Fe, Rafael Grau y Omar Odriozola,
Se conocerá este jueves la sentencia del juicio "D4" contra Grau y Odriozola por defraudación al Estado
El tribunal dará a conocer este jueves 19 de junio a las 12:30 el veredicto final en el juicio contra los exjefes policiales de Santa Fe, Rafael Grau y Omar Odriozola, acusados de asociación ilícita y fraude contra la administración pública.

Sentencia. Los jefes policiales Rafael Grau y Omar Odriozola fueron denunciados por Maximiliano Pullaro, por entonces ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe
El caso se remonta a 2016, cuando el entonces ministro de Seguridad y actual gobernador, Maximiliano Pullaro, presentó una denuncia tras recibir un sobre anónimo en su despacho. En él se alertaba sobre reparaciones de patrulleros que se facturaban, pero no se ejecutaban, y cobro por repuestos nunca entregados.
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Desde entonces, el expediente derivó en la condena de nueve personas vinculadas, entre ellas cinco funcionarios policiales; cuatro de ellos recibieron penas de cumplimiento efectivo. En el caso de Grau y Odriozola, la fiscalía solicita hasta nueve años de prisión efectiva, según lo expresado por el fiscal Ezequiel Hernández.
A lo largo del juicio, que inició a fines de mayo, declararon más de 80 testigos, incluyendo figuras clave como el propio Pullaro, ex funcionarios policiales, técnicos del mantenimiento vehicular y peritos especializados que aportaron pruebas documentales y testimoniales para determinar las irregularidades en el procedimiento administrativo y financiero.
Las audiencias se desarrollaron en tribunales santafesinos durante sesiones matutinas y vespertinas. En el centro del debate estuvieron los alcances de la responsabilidad de Grau y Odriozola como jefes policiales, la estructura de la supuesta asociación ilícita y las consecuencias directas sobre el erario público y la operatividad policial regional.