Zona Fría: lanzan una campaña de firmas para frenar un tarifazo del gas que afectaría a 550 mil hogares santafesinos

El debate por la Zona Fría entró en una semana decisiva y los 550 mil hogares del sur de la provincia de Santa Fe miran al Senado con preocupación. Después de la media sanción que la Cámara de Diputados le dio al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para modificar el régimen de subsidios al gas, distintas organizaciones sociales, de consumidores y multisectoriales lanzaron una campaña de recolección de firmas para intentar frenar la iniciativa antes de su eventual tratamiento en la Cámara alta. Es que de aprobarse la iniciativa, la factura de gas natural sufrirá un fuerte tarifazo: aumentará entre un 30% y un 50%. Y en otras zonas del país hasta el 100% (el doble).

El planteo tiene un objetivo preciso: presionar a los senadores nacionales para que rechacen una reforma que, de convertirse en ley, dejaría afuera del beneficio a Rosario y a otros siete departamentos del sur santafesino, entre otras zonas del país.

La Red Nacional de Multisectoriales de la República Argentina lanzó una colecta de firmas digitales dirigida a los senadores de todo el país, especialmente a los que representan a las provincias que perderían la asistencia. Además, para este lunes está prevista una jornada presencial de recolección de firmas entre las 9.30 y las 13 en distintos puntos del país.

La movida busca instalar el costo político de la votación antes de que el proyecto llegue al recinto. En el oficialismo, según los primeros conteos parlamentarios, hay expectativa de reunir los votos necesarios para convertir en ley la reforma. En las organizaciones que rechazan el recorte, en cambio, apuestan a que la presión territorial haga mella en los legisladores de las provincias afectadas.

El voto santafesino, bajo la lupa

En Santa Fe, precisamente, la atención está puesta sobre los tres senadores nacionales de la provincia. Marcelo Lewandowski, de Unión por la Patria, ya anticipó que votará en contra de los cambios. Pero Carolina Losada y Eduardo Galaretto, los otros dos representantes santafesinos en la Cámara alta, aún no dieron señales públicas claras sobre qué postura adoptarán cuando el proyecto llegue al recinto.

Desde organizaciones de consumidores, multisectoriales y espacios vinculados a adultos mayores ya enviaron notas a los legisladores para advertir sobre el impacto que tendría la quita del subsidio. La Defensoría de Adultos Mayores de Rosario también hizo llegar planteos con detalles sobre el posible efecto de la reforma en hogares jubilados y pensionados, uno de los sectores más expuestos al salto tarifario.

Ante este escenario, ¿qué harán los senadores santafesinos cuando tengan que votar una ley que encarecerá fuertemente el gas en su propia provincia?

Rosario y el sur de Santa Fe, entre los principales afectados

La ley 27.637, aprobada en 2021, amplió el régimen de Zona Fría y permitió incorporar a distintas regiones del país con temperaturas bajas y mayor consumo residencial de gas. En Santa Fe, el beneficio alcanzó a ocho departamentos del sur: Rosario, General López, San Lorenzo, Caseros, Constitución, Iriondo, San Martín y Belgrano.

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Según datos expuestos durante el debate legislativo, en esos ocho departamentos hay más de 550 mil hogares incluidos en el esquema. Sólo en el departamento Rosario son unos 388.919 usuarios residenciales. En total, el universo alcanzado en el sur santafesino representa a alrededor de 1,76 millón de personas.

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La reforma que impulsa el Ejecutivo nacional propone volver a un esquema mucho más acotado: mantener la Zona Fría sólo para la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y áreas de la Puna. Para el resto de las regiones incorporadas en 2021, el gobierno plantea reemplazar el beneficio territorial por un sistema de Subsidios Energéticos Focalizados, atado al nivel de ingresos de los hogares.

El argumento oficial es que el régimen actual subsidia zonas que no tienen condiciones climáticas extremas y que el costo se distribuye entre usuarios de todo el país. También sostiene que la modificación permitiría un ahorro fiscal estimado en 272.099 millones de pesos y reduciría el alcance del programa en alrededor de 1,2 millón de hogares.

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Para quienes rechazan el proyecto, en cambio, el cambio implicaría trasladar el ajuste directamente a la factura de gas en plena temporada de bajas temperaturas. En el caso de los hogares que hoy tienen un descuento del 50%, la eliminación del beneficio podría duplicar el componente subsidiado de la boleta.

De la media sanción de Diputados a la posible judicialización

La Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma el 20 de mayo, con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones. Entre los legisladores santafesinos, la votación dejó un mapa dividido: los diputados de La Libertad Avanza acompañaron el proyecto, mientras que Unión por la Patria votó en contra. También rechazaron la iniciativa los socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías, y la exvicegobernadora Gisela Scaglia.

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Durante el debate, el diputado nacional Diego Giuliano advirtió que la quita afectaría a más de 550 mil hogares santafesinos y sostuvo que, bajo el argumento del equilibrio fiscal, se generaría un fuerte desequilibrio social. También señaló que los usuarios sufrirían un incremento del 50%, especialmente hogares vulnerables, jubilados y jubiladas.

El oficialismo confía en repetir en el Senado la arquitectura de apoyos que le permitió avanzar en Diputados.

Mientras tanto, las multisectoriales activaron un plan de presión pública. La recolección de firmas digitales y las jornadas presenciales buscan mostrar que el tema no quedó encerrado en una discusión técnica sobre subsidios, sino que impacta directamente en el bolsillo de miles de familias.

Si el Senado aprueba la reforma, la judicialización aparece como una posibilidad. Las organizaciones que integran la Red Nacional de Multisectoriales ya miran como antecedente el caso Cepis, que marcó la discusión judicial sobre los aumentos tarifarios durante el gobierno de Mauricio Macri y abrió un precedente sobre la necesidad de controlar los procedimientos y el impacto de las subas en los servicios públicos.