A cuatro meses de las amenazas a Bonfatti, la causa no tiene juez

La jueza de Instrucción Penal Nº 4, Susana Luna, volvió a declararse incompetente en la causa que investiga las amenazas telefónicas que recibió el gobernador Antonio Bonfatti en medio del conflicto policial y –en la última instancia de la discusión– remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El máximo tribunal será ahora el encargado de definir quién –si la jueza Luna, o su par de la Justicia Federal, el juez Reinaldo Rodríguez– se queda con el expediente y motorizan la investigación por los amedrentamientos por los cuales está acusado el líder de Apropol, Alberto Martínez, por supuestas “coacciones agravadas”.

El decreto de Luna, con fecha del martes, es el segundo documento en el cual la magistrada plantea que se trata de un conflicto que debe resolver la Justicia nacional. El 7 de febrero pasado, la jueza remitió el expediente al Juzgado Federal.

Durante más de 20 días había acumulado las denuncias que presentó el fiscal de Estado, Pablo Saccone, por los mensajes con intimidaciones que recibió Bonfatti y actuaciones solicitadas por el fiscal Juan Pablo López Rosas para lograr que Martínez sea indagado. 

El líder de Apropol fue convocado dos veces a Tribunales. La primera vez fue el 26 de diciembre, pero alegó que estaba enfermo y no se presentó. La segunda audiencia estaba prevista para el 7 de febrero, pero para entonces ya fue la propia jueza Luna quien decidió suspenderla y remitió el expediente al juzgado de Rodríguez. Es que un día antes, el 6 de febrero, el fiscal Juan Pablo López Rosas pidió la remisión de las actuaciones al Juzgado Federal Nº 1 porque consideró que el caso era de “indiscutida” competencia federal. 

López Rosas dijo que los mensajes que recibió el gobernador a su celular no podían ser investigados de manera aislada “por cuanto tal amenaza resulta parte integrante del contexto en el que se estaban desarrollando los hechos de diciembre de 2013, caracterizados por haberse promovido una huelga con descontrol social y presiones al Poder Ejecutivo provincial”. 

El juez federal tardó menos de una semana en responder que las amenazas a Bonfatti no estuvieron relacionadas a su rol como funcionario público, e intentó mandar de nuevo las fojas de la investigación a los tribunales provinciales. 

En ese momento, el fiscal federal de Primera Instancia de Santa Fe, Walter Rodríguez y el fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario, Adolfo Villate, realizaron en conjunto una ampliación de los fundamentos del Ministerio Público Fiscal para insistir en la competencia federal en el caso.

Además, solicitaron la acumulación de las causas por amenazas con la que investiga a Alberto Martínez por sedición, y en la que el juez Reinaldo Rodríguez también declaró la incompetencia del fuero federal, por la conexidad “objetiva y subjetiva” que los fiscales encuentran entre ambas causas. 

“Contrariamente a lo sostenido por la sede judicial, creemos encontrarnos ante coacciones estrictamente inspiradas en la investidura del mandatario y originadas en un conflicto generalizado que conmovió a gran parte del territorio nacional”, expresaron los fiscales en su escrito sobre los mensajes de texto que llegaron al celular de Bonfatti entre el 4 y el 7 de diciembre pasado.

Además, Rodríguez y Villate cuestionaron que el magistrado omitiera refutar las razones invocadas en forma coincidente por los funcionarios de la Justicia ordinaria, la jueza Susana Luna, y el fiscal López Rosas, quienes recibieron la denuncia el 5 de diciembre pasado, y que en febrero solicitaron que sea remitida la causa a la Justicia Federal cuando tomaron conocimiento que sobre el mismo imputado se había iniciado una investigación por el delito de sedición.