Durante años sometieron a un chico a servidumbre, están presos

Un joven de 18 años fue rescatado el viernes pasado de una ladrillería de la localidad de La Brava, en el departamento de San Javier, donde estaba sometido a condiciones de esclavitud y servidumbre. Ayer, al  matrimonio que estaba detenido por el caso se le dictó prisión preventiva, acusados del delito de reducción a servidumbre. 

La Secretaría de Prevención e Investigación de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad intervino en el hecho a partir de una denuncia que realizaron una hermana y un hermano de la víctima. El último de ellos había podido escapar de la misma situación de esclavitud. El relato de este muchacho disparó una investigación y un allanamiento en el que quedaron detenidos los moradores de la casa: un hombre de 46 años y una mujer de 57.

En el operativo, se encontró a la  víctima en condiciones de trabajo forzado, desnutrido y con claros signos de nunca haber recibido atención médica de ninguna clase. El lugar donde dormía era una habitación muy pequeña, sin ventilación, que compartía con animales y que también era utilizada como depósito de herramientas. El lugar tampoco tenía luz, ni agua potable, ni un baño donde asearse o cocina donde preparar alimentos. Y, como suele ocurrir en los casos de trata, sus captores le habían quitado sus documentos. 

Ayer por la mañana, en los tribunales santafesinos, el juez penal Sergio Carraro ordenó la prisión preventiva de los dos imputados, que fue solicitada por la fiscala Rosana Marcolín. Las actuaciones estuvieron a cargo del equipo de la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas y el juez Nicolás Falkenberg dio la orden para el allanamiento. El caso fue encuadrado como “reducción a la servidumbre”, un delito tipificado en el artículo  140 del Código Penal.

Según informaron fuentes judiciales, el hermano de la víctima logró escapar del lugar hace seis años. Ambos habían sido entregadas al matrimonio que hoy está detenido en guarda provisoria cuando tenían 8 y 9 años.  Desde aquel momento, habrían sido obligados a trabajar extensas jornadas y sólo tuvieron una escolaridad intermitente. La denuncia además detalla toda clase de agresiones, tanto físicos como psicológicos.

El sitio web Sanjavierenreflejos.com.ar agrega además, que fruto de reiteradas amenazas de encarcelamiento y amenazas con arma de fuego, así como castigos físicos, consistentes en golpes, cortes con  machetes y quemaduras, privación de vestimenta, permitiéndoles vestir sólo harapos, y la suspensión constante y por cualquier motivo (sea éste una jornada laboral extensa, discusión y a modo de castigo, etc.) de la ración de alimentos de hasta por cuatro días completos, es que los presuntos perpetradores lograron sostener la situación de terror y sometimiento de los niños durante años, llegando al punto de hacerlos dormir con los perros y hasta comer su comida.

Parte de la investigación ahora radica en determinar qué pasó con la denuncia que desde el colegio al que asistieron los niños se elevó al juzgado de menores de Santa Fe sobre la situación que estaban viviendo los niños. 

Por trata de persona

Un día antes de que se descubriera el caso de la ladrillería, el Juzgado Federal N°2 de la ciudad de Santa Fe, a cargo de Francisco Miño, resolvió el procesamiento con prisión preventiva del agricultor Raúl Fabián Sánchez, de Helvecia, acusado de ser autor del delito de trata de personas mayores y menores de edad con fines de explotación y reducción a la servidumbre, agravado por el abuso de situación de vulnerabilidad y la multiplicidad de víctimas. La investigación comenzó en enero pasado, tras la denuncia de dos jóvenes de 17 y 19 años de nacionalidad boliviana, quienes afirmaron que nunca se había pagado el salario de 1500 pesos prometido y que no contaban con los horarios de descanso correspondientes en su trabajo.

Además, declararon que se alojaban en galpones, que apenas recibían alimentos y que no contaban con las condiciones de higiene necesarias. Como consecuencia, el fiscal Federal de Primera Instancia Nº2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, solicitó la orden allanamiento que se concretó el 14 de abril pasado.