A pesar del fallo judicial, la Legislatura aún quiere investigar a Sain y dejó todo en suspenso

Este jueves, pasadas las 13, se desarrolló la sesión conjunta donde los legisladores debían definir si se iniciaba o no una investigación por supuestas faltas graves contra el actual jefe del Organismo de Investigaciones del MPA y ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain. Sin embargo, ayer se conoció el fallo de la jueza Paula Calace Vigo quien resolvió a favor de un amparo presentado por Sain y ordenó dejar sin efecto y archivar el sumario contra Sain.

En una reunión previa de la comisión de Acuerdos –integrada por cuatro senadores y ocho diputados– se resolvió facultar a su presidente, el diputado radical Fabián Bastía para que pueda llevar adelante las acciones judiciales que crea conveniente. Esa situación la mocionó el diputado Pablo Farías quien la expuso en la sesión conjunta y luego de una discusión sobre la legalidad de lo resuelto, que se prolongó durante casi dos horas, se decidió dejar en suspenso el orden del día a tratar y, por lo tanto, no archivarlo como recomendó la jueza del fuero Laboral de Rosario. La votación en el senado fue de 11 votos afirmativos contra cinco negativos. Mientras que en Diputados fue de 34 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones.

La decisión de Calace Vigo se basó en que horas antes el Fiscal de Estado de Santa Fe, que es quien lleva adelante las cuestiones jurídicas de la provincia, Rubén Weder, decidió allanarse y darle la razón a Sain en el amparo presentado. De esa manera, los legisladores que buscaban poner a Sain en el banquillo de los acusados, que eran la mayoría, se encontraron con las manos y pies atados, ya que la jueza daba por cerrado el tema y Weber no iba a apelar.

Sain.jpg

Desde ambos extremos se mostraron argumentos legales para sostener las posturas propias y, también, para mostrar cómo desde el otro lado se estaba forzando la letra de la ley para acomodarla a conveniencia.

Quienes estaban en contra de que se juzgue a Sain apelaron a dos argumentos: por un lado se cuestionó que Bastía pueda recurrir a la Justicia en nombre de la comisión de Acuerdos, es decir, del Poder Legislativo. La diputada Matilde Bruera, el diputado Leandro Busatto y el senador Ricardo Kaufmann fueron quienes sostuvieron que la Legislatura, como uno de los poderes del Estado santafesino, sólo podía accionar en la Justicia a través del Fiscal de Estado. Es imposible que la Cámara de legisladores pueda llevar adelante acciones judiciales que no las haga el Estado santafesino. El sujeto de derecho es el Estado, no son los órganos ni los poderes que son independientes", dijo Bruera quien pidió reflexión en materia institucional para que la provincia no devenga en una tiranía porque consideró que el Poder Legislativo está avasallando al Poder Judicial a través de la ley que somete a los fiscales al control de los legisladores y que, en el caso de Sain, se la aplica de forma retroactiva. El otro fundamento fue que Sain ya había atravesado –y de forma exitosa– un proceso de juicio político cuando era ministro de Seguridad.

Del otro lado, se habló de la ocurrencia de irregularidades y se cuestionó la actuación de Weber por no consultar a los legisladores qué opinión tenían en esta materia. "Hacerlo a través de un decreto es inmiscuirse en el Poder Legislativo", dijo el senador justicialista Raúl Gramajo quien citó a Mariano Moreno para definir la situación: "Cuando el Poder Ejecutivo se inmiscuye en el Poder Legislativo, la democracia se convierte en tiranía".

Por su parte, el senador radical Lisandro Enrico (quien había sido designado como miembro acusador en el proceso que se iba a iniciar contra Sain si la sesión conjunta votaba a favor), dijo que la acción interpuesta por el director del Organismo de Investigaciones es un amparo que impide el funcionamiento de uno de los órganos del Estado y que el Fiscal de Estado "no es el abogado de Perotti, es el abogado del Estado santafesino".

Por ese motivo, Enrico dijo que Weber debería haber actuado de la misma manera que lo hizo en un amparo similar que presentó el fiscal Adrián Spelta, quien logró que la justicia declare inconstitucional que los legisladores puedan juzgar a fiscales. Allí Weber apeló y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que casualmente este martes declaró que era constitucional la ley que le da el control del accionar de los fiscales a los legisladores.

"Aunque la ley no le guste, la ley está vigente y él es el abogado del Estado santafesino", insistió Enrico que luego se quejó de que el Poder Legislativo no fue consultado y acusó a la jueza de copiar y pegar un decreto de Perotti para redactar su fallo judicial.

Ahora, los legisladores dejaron en suspenso el proceso a Sain y pusieron en manos de Bastía la posibilidad de accionar en la justicia para poder permitir que la Legislatura juzgue a Sain por las denuncias que presentó el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti y de 27 legisladores. Además, en la investigación del auditor ad hoc, Rubén Martínez, habría más faltas consideradas graves cometidas por Sain que también fueron remitidas para el estudio de la Legislatura.