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El gobierno apuesta todo a la Ley de Necesidad y advierte que si no "va a haber dificultades"

El ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, le dijo a UNO Santa Fe que en esta ley se precisaron mucho mejor los destinos de los fondos que en la norma enviada en diciembre

Sábado 15 de Febrero de 2020

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Esteban Borgonovo, recibió el miércoles pasado en su despacho a UNO Santa Fe para hablar de todos los temas que están en la agenda pública. Uno de los aspectos centrales, así lo entiende la gestión de Omar Perotti, es resolver la situación económica y financiera de la provincia para poder desarrollar políticas públicas en las diversas áreas del gobierno.

En ese sentido, todos los cañones del oficialismo apuntan a la sanción de la Ley de Estado de Necesidad que ingresó al Senado hace 10 días y que el jueves fue girada a seis comisiones para su análisis.

En el mano a mano Borgonovo habló sobre las diferencias con la Ley de Emergencias que la oposición tumbó en diciembre pasado; del destino que le darían a la toma de deuda; de la situación de los municipios y comunas; y aseguró que no ve que el gobierno esté en una pausa en sus primeros 60 días de gestión.

—Ministro, ¿qué diferencias hay entre la Ley de Estado de Necesidad Pública y la ley de emergencias que no prosperó en la Legislatura en diciembre pasado?

—En primer lugar, el nombre. Como un gesto hacia la oposición y la idea de buscar caminos de entendimientos y bajar el nivel de confrontación política. En su momento nos pareció que si el nombre de Ley de Emergencias generaba tanto ruido, no era imprescindible mantenerlo. El Estado de Necesidad Pública produce los mismos efectos jurídicos, por lo tanto es un gesto de convivencia política. Después, en esta ley se precisaron mucho mejor los destinos de los recursos que estamos solicitando. Hay un fondo de 2.500 millones de pesos que está destinado a planes alimentarios. El otro fondo de 2.500 millones de pesos va a un destino esencial que es salud. Ahí tenemos gastos de funcionamientos que el presupuesto actual quedó muy retrasado en términos económicos. Tenemos hospitales que se terminaron pero no están equipados; el servicio de emergencias está con muchas dificultades, con 150 ambulancias desactivadas en la provincia; y tenemos un incremento de costos en remedios muy importante. Ya sea para comprar medicamentos o para fortalecer partidas del LIF y que produzca remedios también necesitamos esos fondos. También estamos solicitando una autorización para que la provincia tome créditos hasta 12.000 millones de pesos para pagar deudas. Ahí la idea es renegociar contratos con proveedores, contratistas de la obra pública, pagar deuda flotante. Son gastos que se hicieron, pero que no se pagaron. En ese fondo contemplamos que municipios y comunas participe para, a su vez, renegociar y saldar deudas que les hayan quedado.

—¿Es similar a la herramienta con la que se cuenta en el presupuesto que prevé un endeudamiento de $12.000 millones, de los cuales 3.000 son para los municipios y comunas?

—Sí, es por ahí. Además hay un segundo mecanismo para Municipios y Comunas que prevé anticipos. Al lado de la coparticipación ordinaria y del anticipo extraordinario creamos un tercer mecanismo que permitiría que se beneficien con tener la doceava parte –el equivalente a un mes– de lo que les corresponde en el año por coparticipación y que lo puedan devolver con cinco meses de gracia, en 24 o 36 cuotas y con una tasa que va a estar en el 50% de lo que cobra el agente financiero. Es decir, que ahí va a haber un subsidio de la tasa para municipios y comunas.

—Pasando en limpio, ministro. ¿Toda la ayuda que reciben los municipios y comunas la tienen que devolver?

—Sí, por supuesto. Es en créditos o en anticipos extraordinarios. Lo que pasa es que en esta segunda herramienta las condiciones son mucho más ventajosas. Por otro lado, en esta ley está la recomposición del Fuco (Fondo Unificado de Cuentas Oficiales), que es el colchón financiero que tiene la provincia para atender requerimientos financieros que se pueden producir sin tener que recurrir al banco en un giro en descubierto y pagar las tasas actuales. También está contemplado allí el financiamiento de los congelamientos de las tarifas de la EPE (Empresa Provincial de la Energía), de Aguas y peajes por seis meses. El gobernador ya dictó un decreto para el congelamiento pero por 60 días. Si sale la ley, nosotros podríamos llevar esos 60 días a seis meses. Además se incluye en la ley el financiamiento del boleto educativo. Por eso, en esta versión de la ley está más definido el para qué de cada fondo. Además, con temas que tienen consecuencias prácticas sobre la vida de la gente como alimentación, salud, boleto educativo, congelamiento de tarifas para hogares y pymes.

—¿Y en materia de seguridad?

—Hay un capítulo muy reducido donde quedó lo realmente urgente. En este proyecto que enviamos dejamos dicho expresamente en el mensaje que vamos a enviar tres leyes a la Legislatura sobre seguridad. Una ley policial nueva, la ley de Seguridad Pública de la provincia y la ley que crea el ente de control de la policía que va a reemplazar lo que era Asuntos Internos, pero desde afuera, con un tribunal externo, con todas las garantías para los agentes y con la garantía de que si correspondiera una sanción la misma se va a tomar con la participación de este órgano que no está directamente dentro de la estructura policial. Quiere decir que todo lo que sea modificación permanente de estructuras permanentes de la policía van a ir por separado en tres leyes que mandamos después. Lo que queda en esta ley es lo urgente como crear un fondo para equipamiento policial; acortar el plazo de disponibilidad que uno tiene que dejar vigente previo al retiro de 180 a 30 días; la posibilidad de convocar a personal que está retirado; la posibilidad de disponer de un adicional no remunerativo para situaciones críticas, lo que nos dará un poco de flexibilidad. Y en la ley se establece el mecanismo de cómo se va a rendir cuentas del uso de los fondos reservados. Es un mecanismo semejante al que se utiliza hoy para el programa de protección de testigos. Lo que se gaste o se compre con esos fondos reservados se rinde de una forma específica que da garantías que se pueda acreditar lo que se hizo con esa plata y conserva la confidencialidad.

—¿Que vayan las necesidades de todas las áreas juntas no conspira contra la viabilidad legislativa del proyecto?

—Esto ya lo dije. Lo único que quedó en Seguridad es lo urgente que va para la emergencia. El cuestionamiento era no modificar por decreto estructuras. Eso ya les aclaramos a la oposición que van las tres leyes por separado e insisto están expresamente anunciadas en el mensaje por lo que no hay ninguna duda al respecto.

—El socialismo y el radicalismo se quejaron de no ser escuchados porque la iniciativa ingresó por el Senado. ¿No se corre el riesgo de que el proyecto no se trate en Diputados?

—Eso es una chicana. Algunos legisladores de la oposición permanentemente reiteran la necesidad de respetar la independencia de los poderes, de las facultades de uno y otro, no delegar facultades de uno en otro. Bueno, la verdad es que el Ejecutivo tiene la facultad de decidir por qué cámara ingresa un mensaje.

—Pero ingresarlo por el Senado, donde el oficialismo está a un paso de los dos tercios, es quedar muy cerca de sacar el proyecto tal como lo envía el Ejecutivo.

—Por supuesto, eso es lo que haría cualquier Ejecutivo que tenga mejor perspectiva en una cámara que en la otra. Pero no me parece que eso de ningún modo pueda ser utilizado como argumento para decir "entonces no". No tiene ninguna justificación política.

—¿Cómo analiza las críticas de la oposición sobre el pedido de los endeudamientos que suman 600 millones de dólares y dicen que es para gastos corrientes?

—Pero no son para gastos corrientes. Primero hay que aclarar lo siguiente: $12.000 millones, por definición, es para pagar deuda. Son gastos que se realizaron, están devengados y no se pagaron. Por ejemplo, la Cámara de la Construcción y otros proveedores del Estado que vinieron a una reunión con todo el ámbito empresario y decían que hacía seis o siete meses que no les pagaban. Esos 12.000 tienen un destino muy concreto, pagar deuda que nos dejó la gestión anterior. No es gasto corriente. Si no tuviéramos esa deuda no lo estaríamos pidiendo. Segundo, los $15.000 millones son para reconstruir un instrumento financiero como el Fuco que la gestión anterior lo utilizó al máximo porque un decreto firmado en su momento por (Hermes) Binner llevó la utilización al 100 por ciento. En su momento, de ese fondo se podía utilizar la mitad, después se lo llevó al 80 por ciento y con la gestión del socialismo llegó al 100 por ciento. Con esto digo que la necesidad de disponer de esos fondos financieramente está reconocida por todos. Es una herramienta financiera tradicional en las finanzas de Santa Fe. No es algo raro. Y los otros dos fondos son para gastos de funcionamiento donde hay equipamiento, equipos de emergencia, remedios y lo otro es la necesidad de paliar el hambre.

—Da la sensación de que estas disputas políticas que tuvieron, a partir de solicitar las emergencias, al gobierno le demandó muchas energías y que la gestión no termina de arrancar, ¿cómo lo ven desde el gobierno?

—Yo no lo veo así. Nosotros estamos gestionando y en los escasos 60 días que tenemos hubo y hay una intensa actividad que está a la vista. No hemos perdido un instante por el hecho de que la ley no salga. Estamos celebrando convenios con ministros de la Nación que son muy importantes para la provincia de Santa Fe en un montón de áreas. Hace poco vino el ministro de Obras Públicas de la Nación (Gabriel Katopodis) a firmar un convenio para dejar asegurada la continuidad de obras que son muy importantes como, en el área que a mí me toca, la cárcel federal que nos va a permitir descomprimir las unidades penales santafesinas que en parte están incluyendo a presos federales y nos complican la capacidad. Lo mismo pasó con la ministra de Educación, con el de Seguridad. Estamos con una tarea muy intensa con municipios y comunas, diría que es permanente; con la Legislatura; con el Ministerio de Salud estamos haciendo un relevamiento de los efectores para ver dónde necesitamos reforzar el equipamiento para que el funcionamiento en Salud no se vea perjudicado. La verdad es que yo no veo esa pausa en el gobierno e incluso lo veo al gobernador más activo. En el plano social acaba de iniciarse la entrega de las tarjetas alimentarias con más de 3.000 personas por día en Rosario.

—Imaginando el peor escenario, donde no hay un acuerdo político y la ley no prospera, ¿hasta cuándo va a esperar la gestión de Perotti para buscar alternativas de financiamiento para todas estas necesidades?

—No quedan dudas de que se van a resentir los pagos, la provincia va a tener más dificultad en sus finanzas y toda esta gente que son proveedores que nosotros heredamos con un atraso promedio de seis meses en los pagos va a ver ralentizado aún más el proceso de cobro. Es probable que alguna obra pública se tenga que parar.

—¿Hoy no están paradas las obras públicas en la provincia?

—No, muy excepcionalmente. En general no. Pero sobre todo, volviendo a la pregunta, vamos a tener inconvenientes muy serios en algunos municipios. Ya hoy hay problemas y Santa Fe es un ejemplo típico. El intendente (Emilio) Jatón acaba de mandar un mensaje declarando la emergencia municipal y planteando una necesidad de financiamiento de varios cientos de millones de pesos. Solo con el contrato de la basura tiene una deuda de 400 millones de pesos. La situación de Rosario en números es todavía mucho más grande y hay muchos municipios y comunas del interior que están directamente solicitando un auxilio financiero a diario. Lamentablemente si esto no se sanciona vamos a tener dificultades.

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