La Justicia dilata el plan diseñado por Perotti para el rescate de Vicentin

Al tiempo que el gobernador Omar Perotti se ponía al frente de nuevas tratativas para sumar adhesiones a su plan de salvataje de Vicentin, que de la mano de una intervención tripartita elude la instancia de la expropiación impulsada días atrás por la Casa Rosada, el juez que entiende en el concurso de acreedores del grupo abrió ayer una actuación conexa —en base al último planteo realizado por la provincia— que agitó más las aguas. Es que, si bien la medida implica un respaldo al directorio del grupo en quiebra, para el Ejecutivo santafesino no implica obstáculo alguno para su propuesta de rescate.

El lunes pasado, Santa Fe había ratificado ante el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini, el pedido de intervención de Vicentin formalizado el viernes. La iniciativa de la Casa Gris suma un triunvirato del que participarían Gabriel Delgado y Luciano Zarich, recientemente designados interventor y subinterventor de la firma por el presidente Alberto Fernández, y Alejandro Bento, hombre de confianza de Perotti.

Pero también el viernes el magitrado había repuesto al directorio de Vicentin en sus funciones. En la segunda presentación ante Lorenzini, el gobierno santafesino reclamó dejar firme la intervención y no ahorró duros términos para con el juez. Anoche, fuentes oficiales señalaron a La Capital que sólo se abrió un incidente paralelo al concurso de acreedores en base a sendos planteos de Perotti. Aunque la nueva resolución redunda en un espaldarazo al directorio de la agroexportadora.

La medida dictada por Lorenzini salió a la luz cuando el gobernador encaraba nuevas negociaciones para cosechar avales a su propuesta de salvataje de la compañía con los principales acreedores. En ese marco, junto al ministro de Producción provincial, Daniel Costamagna, mantuvo a la mañana una teleconferencia en Rosario con el presidente y el gerente general de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Claudio Soumoulou y Mario Roubino, respectivamente.

Luego encabezaron con el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia,otro encuentro virtual con la Mesa Agropecuaria. Participaron Carlos Costamagni, Ignacio Mántaras, Rubén Ferrero y Sara Gardiol (Confederación de Asociaciones Rurales Santa Fe, Carsfe), Marcelo Bianchi y Omar Barchetta (Federación Agraria Argentina, FAA), Luis Giraudo, Guillermo Cullen y Ricardo Firpo (Sociedad Rural, SRA) y Mario Stechina, Marcelo Braidot y Lucas Magnano (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada, Coninagro).

Por último, el rafaelino y su equipo se reunieron por videoconferencia con la Asociación Gremial de Acopiadores y representantes de la cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda. A la cita virtual se sumó Delgado, el interventor nominado por Fernández.

El balance de los encuentros puso sobre la mesa 25.600 millones de pesos de deuda comercial en granos, cuyo 50 por ciento — unos 12.800 millones— corresponde a la Asociación Gremial de Acopiadores (6.867 millones atañen a afiliados santafesinos). Asimismo, 6.000 millones de pesos pertenecen a ACA y 750 millones a Unión Agrícola de Avellaneda.

Un día antes, el ministro Rubén Michlig (Gestión Pública), Costamagna y Somaglia se habían reunido en la Casa Gris con representantes clave del grupo: Sergio Vicentin (director), Daniel Buyatti (presidente) y Roberto Gazze (gerente financiero), que llegaron desde Reconquista y Avellaneda.

Antes del encuentro con los directivos del grupo, Michlig, Costamagna y Somaglia habían dialogado con representantes de la Asociación Gremial de Acopiadores, que agrupa a 386 almacenamientos privados de cereales ubicados en distintos puntos del país.

Para las espadas de Perotti, los directivos de Vicentin se mostraron interesados en el plan del gobierno provincial que fomenta una intervención mixta para oxigenar las arcas de la agroexportadora. Sin embargo, el duelo judicial continúa.