Los senadores le reclamaron mayor compromiso a los fiscales

En el Senado, este jueves, estuvo muy presente el problema de la inseguridad. Pero no como una queja por cada uno de los hechos delictivos que ocurren en los distintos departamentos, sino en procura de la búsqueda de soluciones. A media mañana gran parte de los senadores recibieron en la Comisión de Asuntos Constitucionales al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, y al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Julio de Olazábal, para hablar sobre diferentes aristas de la temática.

A pesar de que el encuentro fue calificado como positivo por los diferentes actores que se sentaron a la mesa, los senadores se fueron con algunos sinsabores.

Por un lado, los legisladores recibieron el pedido del MPA de crear más cargos para cubrir las vacantes que aún tiene el nuevo Sistema Procesal Penal. Pero los legisladores también pusieron en discusión la formación de las personas que se postulan para ser fiscales, la calidad del trabajo de los actuales funcionarios del MPA y el compromiso que tienen con sus tareas.

Al respecto, el senador por La Capital, Emilio Jatón (PS-FPCyS) dijo: "Se planteó la necesidad de sumar nuevos cargos de fiscales y en eso estamos todos de acuerdo. Pero allí se planteó una cuestión importante que es la calidad. ¿Está la provincia en condiciones de llamar a gente capacitada para que ocupen esos cargos? Ahí empezaron a surgir distintos planteos como ser: ¿quién controla a la Justicia en Santa Fe?, ¿quién controla a los jueces y a los fiscales? La verdad es que la reunión dejó algunas dudas".

Por su parte, Armando Traferri (San Lorenzo-PJ) comentó que en la reunión se analizaron los problemas que se ven en cada uno de los departamentos a partir de la actuación de los fiscales. "Si bien somos conscientes de que necesitamos más fiscales, también la preocupación es que en la mayoría de los departamentos vemos a la mayoría de los fiscales trabajando de lunes a viernes, de 8 a 13, como un empleado público. Y la situación que estamos viviendo amerita tener fiscales full time, en forma permanente. Sino aparecen esos baches donde las fuerzas de seguridad dicen que no pueden actuar si el fiscal no les da la orden", argumentó.

Mientras que a Silberstein le transmitieron la preocupación "por el concepto que tienen algunos jueces para el tratamiento de las penas porque siempre interpretan para menos", dijo Traferri.

Dotación de recursos

Por la tarde, en la sesión de este jueves, los senadores dieron media sanción a un proyecto que se trató sobre tablas para la creación de 61 cargos, entre los que hay 10 fiscales y 10 adjuntos, que deberán ser distribuidos por el Ministerio Público de la Acusación para cubrir algunos agujeros que afectan claramente el ejercicio del organismo en algunos departamentos como Garay y San Justo, que no tienen un fiscal, o San Jerónimo, que tiene creado el cargo pero que aún no fue cubierto. En esos casos, dependen de la disponibilidad de los recursos que están en otras jurisdicciones para tener derecho de acceder a la Justicia. "Si no contamos con un fiscal en tiempo y forma, eso ocasiona que se pierdan las pruebas o los propios delincuentes ya que hay que liberarlos porque no había un fiscal" para indagarlos, aseguró.

En tanto, el senador Raúl Gramajo (9 de Julio-PJ), presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y autor del proyecto, resaltó que para suplir esos inconvenientes la iniciativa "solicita al fiscal general a que proceda a designar por lo menos un fiscal por departamento" y contextualizó: "El tema de la seguridad es un tema candente. La sociedad está reclamando una actitud positiva de parte de los poderes del Estado. Acá nadie puede jugar a la escondida, todos somos responsables: nosotros, que legislamos; el Ejecutivo que promulga; y el Poder Judicial, que es quien tiene que aplicar la ley. Les estamos dando las herramientas y los elementos que están solicitando y estamos esperando la actitud positiva en cuanto a la aplicación del derecho".

Según Gramajo, De Olazábal se comprometió a ver de qué manera pueden lograr que los fiscales respeten el lugar donde están designados. "Además nos solicitó con carácter de urgente que se pueda designar el auditor general, que está comprendido en la ley 13.013 -promulgada por el Ejecutivo el 13 de octubre de 2009- porque él no tiene facultades de sanción disciplinaria. Por eso, con un auditor se podría hacer un contralor más efectivo del comportamiento y conducta de los fiscales", sostuvo.

"Al no haber auditor general, no hay quién les pueda llamar la atención a los fiscales. No hay ni una amonestación ni una sanción", agregó Traferri y recordó que el fiscal de Melincué, Matías Merlo, denunció la semana pasada un supuesto complot para matarlo a él, al senador Lisandro Enrico, al intendente de Firmat, Leonel Maximino, y a un periodista "y se basó en el testimonio de una persona que veía visiones".

En la sesión de este jueves -y en la reunión de la mañana- se hizo mucho hincapié en la necesidad de un mayor compromiso de los fiscales para con sus tareas. Al respecto, Gramajo dijo: "Ellos son los que tienen hoy el deber de investigar, y eso no solo se hace desde el escritorio. A veces, también es necesario poner los pies en el barro para ver algunas cosas con mayor claridad".

En mayo de este año, la Asamblea Legislativa aprobó el Reglamento para la Remoción de Funcionarios previsto en las leyes N° 13.013 (Ministerio Público de la Acusación-MPA) y 13.014 (Servicio Público de Defensa Penal). Ahora, más allá de reconocer la falta de recursos humanos para el MPA, los senadores pidieron a los fiscales más compromiso y mayor calidad en la ejecución de sus funciones.

El mensaje de los legisladores -luego de mucho tiempo- parece apuntar a terminar con la comodidad con que contaban algunos actores de la Justicia. Pero para eso también reclamaron en el recinto mayor celeridad al Ejecutivo para cubrir las vacantes en el Poder Judicial. Entre ellas, después de casi siete años, que envíe el pliego para cubrir el cargo de auditor general. La calidad y el compromiso en el trabajo para enfrentar el problema de la seguridad, sin excepción, debe ser de todos.