El proyecto de ley que impulsa un nuevo Régimen Penal Juvenil ingresó este lunes a la Cámara de Diputados y abrió una semana decisiva para su definición parlamentaria. La iniciativa será dictaminada este miércoles en un plenario de comisiones, con la intención del oficialismo de llevarla al recinto el jueves.
Semana decisiva para el nuevo Régimen Penal Juvenil, que avanza en Diputados con cambios clave
El proyecto será dictaminado este miércoles en un plenario de comisiones y el oficialismo busca llevarlo al recinto el jueves. La iniciativa incorpora cambios en el financiamiento y reabre el debate por la edad de imputabilidad.
Semana decisiva para el nuevo Régimen Penal Juvenil, que avanza en Diputados con cambios clave
Télam
Congreso de la Nación
Según publica Noticias Argentinas, el texto es muy similar al que había obtenido dictamen en mayo de 2025, aunque incorpora dos modificaciones centrales. Una de ellas es la asignación explícita de fondos para garantizar la implementación de la norma, un punto que había generado cuestionamientos en versiones anteriores.
En concreto, el proyecto prevé más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia. En el esquema original, el financiamiento quedaba sujeto a decisiones de la Jefatura de Gabinete, lo que despertaba temores de que la ley quedara sin aplicación efectiva.
Otro de los ejes sensibles es la edad de imputabilidad. El texto que ingresó a Diputados propone bajarla de 16 a 13 años, aunque el consenso político actual se inclina por fijarla en los 14 años. De acuerdo a fuentes citadas por Noticias Argentinas, ese sería el punto que finalmente se reflejaría en el dictamen que se firmaría esta semana, bajo la coordinación de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado.
El debate no se limita únicamente a la edad. El régimen contempla distintos aspectos como los delitos alcanzados, las sanciones alternativas a la prisión, los espacios de cumplimiento de las penas y las medidas de resocialización. El proyecto descarta la reclusión perpetua y establece un tope máximo de 15 años de prisión para menores.
Para delitos con penas menores a tres años, o hasta diez años sin violencia grave, se priorizan medidas de carácter social y educativo, como la libertad asistida y la realización de tareas comunitarias, en lugar del encierro efectivo.
Este miércoles se reunirán las comisiones de Legislación Penal; Familia, Niñez y Adolescencias; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, con el objetivo de emitir dictamen y dejar la iniciativa lista para su tratamiento en el recinto.
Desde la oposición advierten que el Gobierno busca avanzar de manera acelerada, aunque recuerdan que el tema fue debatido durante el año pasado en siete reuniones, con participación de especialistas en criminalística, neurología, Justicia y defensorías de la niñez. De ese proceso surgió un dictamen con 77 firmas, incluso con apoyos parciales de sectores de Unión por la Patria.
La discusión volvió a ganar centralidad tras el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe por otros menores, un caso que reavivó el debate público sobre la legislación penal juvenil.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a terminar con la llamada “puerta giratoria” y avanzar sobre delitos cometidos por jóvenes que hoy quedan alcanzados por la ley vigente. En contraposición, sectores de la oposición más dura cuestionan la baja de la edad de imputabilidad y aseguran que no existen evidencias de que un endurecimiento penal reduzca el delito juvenil.












