A 23 años de la inundación del río Salado: Santa Fe marchó contra la impunidad y el olvido

Este 29 de abril, la ciudad de Santa Fe se sumergió una vez más en su memoria colectiva para recordar la inundación que, hace 23 años, cambió para siempre su fisonomía y su tejido social.

La marcha hacia la Plaza de Mayo no fue solo un acto de conmemoración, sino un grito de vigencia por una justicia que los damnificados consideran incompleta. Referentes y vecinos coincidieron en que el desborde del río Salado no fue un desastre natural, sino una consecuencia directa de la negligencia política y la falta de obras que ignoraron advertencias técnicas durante casi una década.

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Testimonios

El acto central estuvo cargado de testimonios que grafican el desamparo de aquel abril de 2003. Jorge Castro, referente del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, recordó cómo la información oficial negaba la entrada del agua mientras los barrios del oeste ya se sumergían.

"El intendente decía que no se iban a inundar y ya estaba ocurriendo", sentenció, poniendo el foco en la responsabilidad de los funcionarios de la época. Por su parte, Milagros Demiriyi, de barrio Barranquitas, expuso la dimensión humana del trauma: el miedo persistente de los niños que, años después, aún reaccionaban con pánico ante cada lluvia.

Dolor, marcha y reclamo

La jornada sirvió también para reconstruir la épica y el dolor de los días de evacuación. Se recordaron hitos críticos, como el desalojo de urgencia del Hospital de Niños cuando el agua comenzó a brotar por los desagües, y la desesperación en los centros de evacuados de Villa Hipódromo y Santa Rosa, donde las familias se buscaban a través de listas improvisadas en la oscuridad. En ese caos, se destacó el rol de los voluntarios universitarios que suplieron la ausencia estatal organizando la asistencia básica y el cuidado de los más vulnerables.

En el plano judicial, el discurso fue de confrontación. Castro calificó de "esquizofrénico" el actual escenario de tribunales: mientras la Justicia Civil reconoce la culpabilidad del Estado santafesino por los hechos, la Corte Suprema provincial anuló la condena penal contra el exministro de Obras Públicas, Edgardo Berli, y el ingeniero Ricardo Fratti por el paso del tiempo.

Para las víctimas, esta contradicción refuerza una sensación de impunidad que impide cerrar la herida: la certeza de que, aunque lo material se haya reconstruido en parte, la responsabilidad política sigue sin encontrar un castigo efectivo.