El Partido Justicialista busca más fondos para el interior pero sin reforma fiscal

La visita que intendentes y presidentes comunales del justicialismo hicieron a sus senadores y diputados provinciales hace dos semanas tuvo un inmediato rebote político en la Legislatura. Hasta allí habían ido los dirigentes locales a pedir tener participación en la inminente discusión sobre recomposición tributaria que el Poder Ejecutivo enviará en los próximos días al parlamento santafesino.

Pero también fueron a reclamar un nuevo esquema económico que tenga un impacto directo en los municipios y comunas, y que no necesariamente debe pasar por una reforma tributaria, que a su vez tiene un alto costo político para quienes la voten. En ese momento, el intendente de Puerto General San Martín, Carlos De Grandis, se sinceró con sus legisladores y les dijo: “Hoy (desde el gobierno provincial) nos están apuntando con un revólver, no les demos las balas muchachos”.

Los primeros en tomar nota fueron los senadores peronistas, que obviamente tienen mayores obligaciones territoriales, y la semana pasada cuando dieron media sanción al pedido de autorización del Ejecutivo para emitir Letras y Pagarés introdujeron una modificación para sumar otros 100 millones de pesos –sobre un total de 556 millones– de endeudamiento de corto plazo.

La idea de la oposición es que la provincia utilice esas Letras o Pagarés que se aprobaron de más para cancelar el cumplimiento al Fondo de Financiamiento Educativo, y que corresponde hacerlo a las localidades. De esa forma, el conjunto de los municipios y comunas se ahorrarían alrededor de 170 millones de pesos, que de lo contrario se lo descontarían de la coparticipación.

El otro punto donde los senadores del PJ también hicieron caso al reclamo del Foro de Intendentes y Presidentes Comunales de ese mismo partido, es la presentación de un proyecto de ley por el cual se plantea incrementar la coparticipación de impuestos a las localidades, en los conceptos de coparticipación federal, Ingresos Brutos e impuesto Inmobiliario (Urbano y Rural).

En los dos primeros casos, la distribución se rige por la Ley 7.457 y modificatorias, y por eso se propone asignar de la coparticipación federal a las municipalidades el 11 por ciento de lo que recibe la provincia (actualmente es el ocho por ciento), posteriormente se distribuiría el cinco entre las comunas (ahora es el tres por ciento).

En el caso del Impuesto Inmobiliario, actualmente se distribuye en partes iguales entre la provincia (50 por ciento) y los municipios y comunas (50 por ciento). La propuesta de los senadores peronistas llevaría a las administraciones locales a percibir el 55 por ciento, dejando el restante 45 por ciento a Rentas Generales de provincia. Adicionalmente, se pretende modificar la distribución de esos recursos entre los municipios y comunas, que ahora es en proporción a la población y a la emisión de cada distrito, haciéndola solamente en base a la emisión del impuesto en cuestión.

Asimismo, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo (PJ), ingresó otro proyecto de ley por el cual se quiere modificar la distribución del Fondo Federal Solidario (conocido como Fondo Sojero), que hoy en día se reparte 70 por ciento para la provincia y 30 por ciento para los municipios y comunas; de prosperar esa iniciativa se repartiría en partes iguales, o sea 50 por ciento a cada sector.

“Queremos, con estas iniciativas, favorecer a los municipios y comunas como necesaria respuesta a las inquietudes transmitidas por intendentes y presidentes de comuna de todos los departamentos en donde se ha instalado el debate respecto a la coparticipación de recursos provinciales, a los fines de aliviar la difícil situación por la que atraviesan”, fundamentaron en los proyectos los senadores justicialistas Danilo Capitani, José Baucero, Hugo Pucheta, Raúl Gramajo, Alberto Crossetti y Alcides Calvo.

Intendentes y jefes comunales

“Entendemos justo el reclamo de los intendentes y presidentes comunales, ya que en su gran mayoría los recursos provienen en más del 50 por ciento de la coparticipación provincial, y estudios realizados por diversas organizaciones demuestran que no es equivalente el incremento que obtuvo la provincia de fondos nacionales, con lo que efectivamente se transfirió a los gobiernos locales”, argumentaron los senadores.

“Hay otro aspecto –continuaron–, que no hace directamente a la evolución de la actividad económica, cuyo crecimiento se ve reflejado tanto en la coparticipación de Ingresos Brutos como de impuestos nacionales, y es el relativo a la distribución del Impuesto Inmobiliario. Este tributo se encuentra prácticamente congelado desde hace más de una década y las autoridades actuales decidieron continuar con dicho estado”.

“Esta decisión afecta sobre todo a las poblaciones pequeñas, donde el impuesto Inmobiliario significaba años atrás una fuente genuina de recursos, y hoy ha perdido participación relativa”, dijeron los legisladores del PJ; por lo tanto, creen que es justo que hasta que se decida la aplicación de algún cambio, se eleve la participación a municipios y comunas al 55 por ciento, “porcentaje que tendrá escasa relevancia en el total del Presupuesto provincial”.

“Incorporamos la acreditación automática en la coparticipación del Impuesto Inmobiliario, como modo de garantizar el ingreso corriente y permanente a los gobiernos locales”, finalizaron el grupo de senadores que lidera José Baucero en la Legislatura provincial.