Elecciones con limitaciones publicitarias para hacer campaña

Desde febrero de este año está reglamentada la ley de campañas electorales Nº 12.325, a partir de la cual el Estado se compromete –entre otras cosas– a operativizar que todos los candidatos provinciales, municipales y comunales puedan tener cuotas de publicidad gratuita en los medios audiovisuales.

Sin embargo, hace menos de 20 días la Dirección Electoral Nacional recomendó a la provincia no llevar a la práctica ese tipo de beneficios para las categorías locales y así lo resolvió inmediatamente el Ejecutivo a cargo de Antonio Bonfatti. Entonces, el justicialismo –que promovió la norma– salió con los tapones de punta por entender que el FPCyS lo único que pretende es limitar el espectro publicitario sólo a aquellos partidos que tienen fondos para hacer pautas en radio y tevé.

En ese contexto, la semana pasada la Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de ley correctivo del artículo 16 de la Ley Nº 13.235, por el cual se suspende para las internas la distribución de espacios de publicidad electoral que debe realizar el Poder Ejecutivo en emisoras de radio y televisión. Fue la salida legal que encontraron los legisladores al incordio que generó la decisión oficial.

Además, ese proyecto mantuvo la prohibición a los partidos políticos de contratar espacios publicitarios en dichos medios. “Las agrupaciones políticas, así como los candidatos oficializados, no podrán contratar o adquirir, por sí o por terceros, espacios en radio o televisión para promoción con fines electorales”, dice el artículo 16 en su segundo párrafo, que hoy tiene más sustento ante la negativa del gobierno de garantizar publicidad gratuita audiovisual.

El argumento político es que ninguna fuerza que cuente con recursos económicos pueda sacar ventaja sobre aquellas otras que no los tienen. Y por eso pretenden que en esta campaña todos los partidos y alianzas se ciñan sólo a la propaganda gráfica y en la vía pública. Ayer, el Senado santafesino evitó tratar dicho remiendo a la ley de campañas electorales de la provincia y todos los partidos que compitan para las categorías locales en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 11 de agosto deberán atenerse a lo que establece esa normativa original (Nº 13.235).

Desde la pauta oficial

De todas maneras, a instancia de los senadores del justicialismo, la Cámara alta aprobó un proyecto de declaración donde le piden al gobierno que ponga en marcha la ley sí o sí. El texto en cuestión es muy similar a una declaración política que emitieron los diputados provinciales del Partido Justicialista durante esta semana.

Al respecto, los senadores peronistas indicaron “que las disposiciones de la ley 13.235 se encuentran total y perfectamente vigentes, siendo su aplicación obligatoria para el Poder Ejecutivo provincial”. Por eso, creen “que el Poder Ejecutivo provincial y el Tribunal Electoral provincial deben tomar, en forma inmediata, las medidas administrativas y presupuestarias que garanticen el cumplimiento de la ley”.

Asimismo, “que es obligación inexcusable del Poder Ejecutivo solucionar toda cuestión o dificultad referida a tramitaciones ante autoridades nacionales o ante los propietarios de los medios de comunicación, tendientes a la obtención de los espacios radiales y televisivos que utilizarán los partidos políticos en sus campañas electorales y, de ese modo, garantizar el derecho a la libre y democrática expresión de los mismos”.

Finalmente, “que el Poder Ejecutivo, en consecuencia, deberá propiciar el dictado de un decreto modificatorio del presupuesto vigente ampliando la correspondiente partida de gastos para atender las erogaciones resultantes, reduciendo compensatoriamente partidas de refuerzo previstas en la jurisdicción «Obligaciones a cargo del tesoro» o, de corresponder, mediante la ampliación del cálculo de recursos, ad referendum de la Legislatura provincial, afectando la mayor recaudación del ejercicio respecto del cálculo inicial”.

En función de ello, surgió un fuerte rumor que corrió en los pasillos de la Legislatura y es que el gobierno provincial “podría” afectar partidas incluidas en el Presupuesto 2013 y destinadas a pautas publicitarias oficiales, al menos para los 20 días de campaña electoral en los medios audiovisuales que la legislación prevé.

Se trataría de dineros públicos correspondiente a la publicidad oficial, con la reserva expresa de los fondos necesarios para la información de las situaciones de emergencia o catástrofe, tanto en materia hídrica, salud u otra contingencia o fenómeno. Dicho recurso, en principio, sería distribuido en forma igualitaria entre todos los partidos, alianzas transitorias y frentes de partidos políticos para publicitar en las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva abierta o por suscripción.

En tanto, el procedimiento se realizaría sobre una base mínima de publicidad a cargo del gobierno provincial y la diferencia entre el piso mínimo y el techo máximo de publicidad, expresamente establecidos, quedaría a cargo, en cuanto a la financiación, de los partidos o listas de candidatos, después del control estricto que el Tribunal Electoral provincial hiciere de la procedencia de los recursos de campaña que cada fuerza política disponga y también de su destino.