En la provincia de Santa Fe hay más de 300 comedores populares nuevos y creció 30% la demanda de alimentos

Si bien la auditoría provincial sobre los comedores detectó irregularidades y dio de baja 107 lugares, la cantidad de espacios comunitarios no paró de crecer este año. Eran 887 cuando se inició el relevamiento y, aunque falta el número definitivo, son más de 1.200 los establecimientos reconocidos al cierre de este 2024.

Con su eslogan de “comedores fantasmas” y “gerentes de la pobreza”, el gobierno nacional instaló la idea de que esos lugares eran pantallas para robar. Como hizo con otros rubros, utilizó casos concretos de corrupción (en Santa Fe se presentaron 14 denuncias penales) para explicar el todo. Así, justificó el ajuste en un área sensible como la alimentación de la población más pobre.

Pero la Provincia reconoce un fuerte aumento de la cantidad de comedores y también en la demanda de alimentos, de más de 30%. Además, triplicó la asistencia.

“Nosotros tomamos el área con un presupuesto de mil millones de pesos en diciembre de 2023 y ahora estamos en 3.200 millones de pesos de inversión, por mes”, comparó Jorge Márquez, subsecretario de Seguridad Alimentaria de Santa Fe.

El funcionario afirmó que se hicieron cargo de la emergencia porque “la Nación abandonó la política alimentaria en medio de una demanda creciente”.

“No aportan nada. Ahora logramos que al menos manden un refuerzo de lácteos, algo mínimo. Pero este año dejaron de mandar alimentos a las organizaciones como Movimiento Evita o la CCC y ellos vinieron a pedirnos a nosotros porque la necesidad existe”, señaló en diálogo con Rosario3.

Márquez aseguró que “todos los días vemos y atendemos una demanda creciente”. El funcionario del gobierno de Maximiliano Pullaro negó que haya hambre en la provincia. En todo caso, dijo, las urgencias se atienden: “Tomamos los pedidos y damos subsidios a familias o vienen de un comedor nuevo y les entregamos bolsones por fuera de los programas existentes (son tres) y también resolvemos situaciones mediante el Plan Abre”.

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Después de la auditoría

El relevamiento de comedores comunitarios y los programas alimentarios que este medio detalló en un informe a mitad de año concluyó el 31 de agosto pasado. Se verificaron 887 domicilios declarados con “Tarjeta Institucional” (asistencia específica para esos lugares).

El equipo del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano detectó 250 instituciones con irregularidades. La mitad logró ordenarse y revertir su situación. Pero hubo “62 bajas a partir del relevamiento, 38 en centro sur y 24 en el centro norte” y “62 bajas administrativas: 18 en el centro sur y 44 en el centro norte”.

“Encontramos muchos lugares que no podían comprobar la entrega de alimentos o eran inexistentes”, dijo Márquez. Los 14 casos graves que se elevaron para su judicialización se ubicaron todos de la ciudad de Rosario.

Con los 250 millones de pesos recuperados por esas bajas, se realizaron 180 altas: 107 en el centro sur y 73 en centro norte. Es decir, que a la salida de la auditoría había más espacios reconocidos y no menos.

“Eso pasó porque tenemos una demanda alimentaria muy importante, de un 30% más alta que en diciembre de 2023”, reconoció el subsecretario y estimó que se añadieron entre 300 y 400 nuevos comedores.

A principios de año, la provincia calculó que alimentaba a 350 mil personas. El número preciso lo tendrán listo a fin de año, pero la proyección es que ese universo creció. El próximo proyecto, de cara a 2025, es unificar los tres programas existentes para atender la crisis social que ya existía y que las políticas económicas del gobierno de Javier Milei agravaron.