A pocas semanas de que comience la estación más fría del año, una de las principales preocupaciones de los integrantes del bloque justicialista pasa por el reclamo que muchos vecinos han manifestado ante la escasa cantidad de puntos de ventas de las garrafas sociales. En muchos casos, este es el único medio con el que la gente de bajos recursos cuenta para poder abrigarse y cocinar.
Exigen que haya más puntos de venta de garrafas sociales
Teniendo en cuenta que en el territorio de la capital provincial solo se cuenta con tres puntos para la venta de garrafas sociales, el vicepresidente del Concejo Municipal, Sebastián Pignata y el concejal Juan José Saleme presentaron un proyecto para que el intendente proceda junto al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a realizar un Convenio tendiente a elevar el número de puntos de venta de la denominada garrafa social y a aumentar el cupo destinado a la ciudad de Santa Fe. La iniciativa estuvo acompañada por el resto de los pares justicialistas.
Ambos ediles se manifestaron al respecto: “Este proyecto nace netamente del reclamo de los vecinos que constantemente nos manifiestan la necesidad de incorporar bocas de expendio de garrafas sociales. En la actualidad solo hay tres en toda la ciudad. Lógicamente esto no alcanza para abastecer a todo el territorio municipal.”
En el radio de la ciudad de Santa Fe solo existen tres bocas de expendio que comercializan la garrafa (cuyo costo desde 2008 es de 16 pesos, un precio popular subsidiado por la Nación para que puedan adquirirla familias de bajos recursos), por lo cual su acceso se vuelve difícil. Largas colas en los depósitos y los gastos de traslado, encarecen sobremanera el costo social.
“Esta cuestión es casi vital para los sectores de menores recursos de la sociedad que necesitan de las garrafas para abrigarse y cocinar. Estamos entrando en época invernal, ya empezamos a sentir el frío y nos preocupa mucho la situación de los vecinos que por la lejanía de los puntos de ventas no pueden acceder a la garrafa o deben pagar una suma extra para el traslado, encareciendo el costo social subsidiado por el gobierno nacional”, agregó Pignata.
Por su parte, Juan José Saleme señaló: “Hay otra situación que es de suma importancia, porque muchos vecinos se atreven a realizar maniobras muy peligrosas para el traslado de los envases, como por ejemplo llevarlos en carretillas, carros o bicicletas, debido a que no pueden pagar el costo del traslado de distancias tan grandes en la ciudad. Esto es muy peligroso, implica un riesgo de vida para aquellos que manipulan los envases”.
A pesar de que el precio de la garrafa social es de 16 pesos, en caso de solicitar el envío del producto hasta el domicilio, este asciende a 60 pesos. El costo social se mantiene solo en caso de que el cliente se acerque al depósito.
“A esto se agrega que muchos compran garrafas sociales al costo oficial de 16 pesos, para después revenderlas a un precio mucho más elevado. Nos parece un abuso hacia todos los vecinos que tienen el derecho de acceder a este beneficio y creemos que incorporando bocas de expendio a lo largo y ancho de la ciudad beneficiaríamos y cuidaríamos a muchas personas”, finalizó Saleme.
En un informe realizado por Diario UNO sobre esta temática a inicios de mayo, desde la Unión de Usuarios y Consumidores de Santa Fe habían manifestado la necesidad de ampliar los ámbitos de distribución a vecinales, centros comunitarios y dependencias del gobierno provincial o municipal.
Desde 2008
A instancias de la cartera de Energía, en septiembre de 2008 se suscribió un acuerdo de estabilidad de precios del gas en garrafas (butano y/o mezcla) de 10, 12 y 15 kilogramos entre las empresas productoras, fraccionadoras, distribuidoras y comercializadoras de gas licuado, con la Federación Argentina de Municipios. Los precios acordados incluyen el importe del IVA. El valor de las garrafas se había disparado a mediados de 2008, cuando algunas empresas llegaron a cobrar hasta 40 pesos por una carga de 10 kilos. Para poner freno a esos aumentos desmedidos, la Nación estableció un sistema de precios regulados con subsidios para los distintos eslabones de la cadena del GLP.
Estas tarifas al consumidor contienen un subsidio estatal habida cuenta de que el gas en garrafas es una fuente de energía utilizada por los sectores con menores recursos.















