Este miércoles decenas de personas se reunieron en la Plaza Pueyrredón para discutir en asamblea ideas para hacer un proyecto de ley provincial que proteja tanto a los niños y adolescentes que son víctimas de abusos, como a las personas que denuncian los hechos. La iniciativa surge de la familia de la docente Vanesa Castillo, quien fue asesinada de 13 puñaladas por Ramón Cano hace casi un año frente a la escuela Victoriano Montes de Alto Verde cuando salía de dar clases. La causa fue caratulada como femicidio no íntimo.
Femicidio de Vanesa Castillo: "Tenemos la certeza de que el crimen fue por encargo"
Por Bárbara Favant
En este contexto, Silvia Castillo, hermana de Vanesa dijo a UNO Santa Fe: "Tenemos la certeza de que fue un crimen por encargo. Estamos muy decididos a llegar a conocer el nombre del instigador. Yo quiero saber quién fue. Me parece que toda la comunidad va a querer saber quién fue, porque ese sujeto que dio la orden de que mataran a mi hermana se puede sentar al lado tuyo en un colectivo, en un bar. No me parece justo. Creo que hay gente que sabe quién es pero que hay mucho miedo porque tienen naturalizada esta cuestión de mandar a matar. Si no denunciamos a los criminales este círculo no se corta más. Tenemos que empezar a pensar en soluciones porque son necesidades de la comunidad".
Al mismo tiempo describió sobre la causa en la Justicia: "Hemos pedido, desde que sucedió el hecho y que nos pudimos presentar como querellantes, que vincularan las dos causas: la del abuso de la menor y la del femicidio. Nunca nos escucharon. La del abuso de la menor está en un juicio abreviado, pero en esa causa hay elementos. Sabemos por ejemplo que varios meses antes de que fuera revelado por mi hermana el abuso de la menor había un médico de un dispensario del barrio que había dado un certificado médico que decía que la nena iba fajada a la escuela porque tenía problemas de columna. Creo que ese médico tiene que dar una explicación por qué o mintió o no la revisó. Entonces hay un montón de cosas por las que hubiera sido necesario juntar las dos causas. Pensábamos que como era violencia de género ambas están relacionadas, y como en realidad tenemos la certeza de que esto fue un mandato, en el crimen de mi hermana hay un instigador. Pensamos que tiene que ver con el entorno más cercano del abusador. Es una pelea que seguimos dando".
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Una semilla
Desde el dolor, se armó el rompecabezas para impulsar un cambio en las normativas vigentes. Silvia investigó protocolos y leyes, se cansó de esperar y decidió elaborar un proyecto desde la construcción colectiva: "Hay una ley nacional de protección de niños, niñas y adolescentes. La provincia en el año 2016 adhiere a través del Decreto 2288, que es en realidad un protocolo de actuación de cómo debe ser tratado el tema en los distintos ámbitos donde se hace el revelamiento del niño. Es decir, en instituciones escolares, de salud, policía, Secretaría de la Niñez, hasta que se recurre al Ministerio Público de la Acusación con una denuncia. Nosotros lo que queremos es una ley que además de proteger al niño proteja a quien recibe el revelamiento. Y que también se continúe trabajando con el niño, niña o adolescente vulnerado para cortar el círculo de violencia. El Estado se va a tener que hacer cargo de esta situación, de instrumentar medios para que estos niños vulnerados que han llevado un caso a la Justicia tengan herramientas de contención efectivas, que se trabaje en sanarlos. Nos tenemos que juntar para hacer algo, esa es la propuesta".
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La familia de Vanesa Castillo aseguró que el caso está estancado
Y agregó: "Hoy estamos tratando de construir algo positivo de esto. Hagamos que Vanesa sea una semilla de algo bueno. Es literalmente una semilla que desde el 15 de febrero está sepultada y tenemos que empezar a regarla, tenemos que empezar a hablar de esto. A partir del crimen se han develado muchísimas cosas y una de esas es que quienes están obligados a actuar en defensa de los menores vulnerados no tienen ningún tipo de protección. Se cumple un año que lo sabemos. Lo conoce la gente común y los legisladores. Me parece que tienen que empezar a tomar acción. Nosotros lo vamos a proponer, nos vamos a acercar. Queremos tener una reunión con algunos diputados. La íbamos a tener esta semana pero la suspendieron. Espero que nos reciban la semana próxima".
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Sobre la causa
En relación a los procesos judiciales, Silvia apuntó: "La verdad es que la causa penal está estancada. En el mes de octubre supe que la fiscal que tenía el caso, Mariela Jiménez, ya no está más. Y recién en el mes de diciembre nos asignaron otra que es la fiscal Bárbara Ilera, que según tengo conocimiento hasta fines de año aún no había visto el legajo. Con Jiménez estábamos trabajando bastante bien porque nos escuchaba y promovía las cuestiones que nosotros queríamos hacer dentro de lo que era la investigación. Nos preocupa muchísimo. Ni siquiera hemos tenido la oportunidad de reunirnos con Ilera. Cuando nos enteramos que Jiménez ya no estaba más, intentamos hablar con Federico Grimberg que es el nuevo jefe de la fiscalía de género pero no nos pudo atender. Pasaron cuatro meses, y esperamos la semana próxima que nos reciba para ver cómo seguimos. Particularmente a mí esta situación me enoja mucho. Es una falta de respeto total que saquen a un fiscal sin darte una explicación por qué y nos tuvieron dos meses sin asignarle la causa a nadie. No estoy conforme".