Juzgan a la patota que asoló a la ciudad en los años de plomo

Comenzó ayer el juicio contra cuatro represores acusados de asociación ilícita para cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar. En la primera audiencia se leyeron los requerimientos de elevación a juicio contra Víctor Hermes Brusa, María Eva Aebi, Eduardo Curro Ramos y Juan Calixto Perizzotti, mientras que uno de los acusados pidió su sobreseimiento porque no hay “pruebas científicas” en su contra sino “sólo testimonios”.

Otros dos imputados que había en la causa ya fallecieron, el ex comisario y jefe comunal de Rincón, Mario Facino, y Héctor Pollo Colombini. Por su parte Eduardo Ramos, que en aquellos años era un joven agente de la Policía santafesina, fue el único que aceptó declarar ante el Tribunal Oral Federal, integrado por los jueces Lilia Carnero –que ejerce la presidencia–, Jorge Venegas Echagüe y Otmar Paulucci. Los otros imputados optaron por no hacerlo.

Además de los tres jueces, en la audiencia estuvieron el defensor público de Brusa, Aebi y Ramos, Fernando Sánchez, y el defensor particular de Perizzotti, Nicolás Torres del Sel. También los querellantes y sus respectivos abogados: Guillermo Muné, en representación de Stella Vallejos y Anatilde Bugna; Alejandra Romero Niklison, de Patricia Traba; y Álvaro Baella, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Entre el público se ubicaron otras víctimas de los represores, militantes de H.I.J.O.S. y de organizaciones de derechos humanos. No hubo ni un solo abucheo contra los detenidos, ni siquiera cuando durante la exposición de uno de ellos se escucharon todo tipo de provocaciones. Apenas sí en voz baja una víctima destacó a la prensa la abismal diferencia que hay entre su encierro y el de los acusados, que estaban bien vestidos, bien alimentados y con buen estado de salud.

Ya en el marco del proceso, el secretario del tribunal leyó las acusaciones del fiscal Eduardo Groglio, quien sustanció buena parte del expediente, y también de las tres partes que se presentaron como querellantes: Patricia Traba por un lado; Anatilde Bugna y Stella Vallejos por el otro, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Es la primera vez que en la ciudad se juzga a una patota como tal, es decir, a una asociación ilícita organizada para secuestrar, torturar y desaparecer a personas entre 1976 y 1983.

Apeló a sus derechos humanos

Eduardo Curro Ramos aprovechó la posibilidad de declarar en el Tribunal para hacer un sinnúmero de planteos sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, la prisión preventiva y su inocencia. Pero, además, justificó las acciones violentas durante la dictadura porque “hubo una guerra interna, internacionalizada” por terroristas de izquierda de países como Cuba, la Unión Soviética y Argelia; y dijo que es peronista a pesar de que “Perón era nazi”.

En primer lugar, el ex policía indicó que tiene cinco hijos aunque no recuerda sus edades, que cobra un sueldo de 300 pesos por meses por limpiar los pisos en su lugar de detención y que subsiste gracias al apoyo de su familia. Inmediatamente descartó que haya existido asociación ilícita porque ni él ni los otros detenidos dependían del Ejército ni estaban organizados para hacer las cosas que se les imputan.

Fue entonces que pidió mirar hacia arriba –en las estructuras de poder– por las responsabilidades judiciales de los delitos cometidos en aquella época. “No veo a ningún militar sentado en el banquillo, acá no tenemos a los verdaderos responsables”, manifestó Ramos, quien se quejó porque pidió la comparecencia de Carlos Ruckauf, Mario Cafiero e Isabel Perón por haber organizado y dado entidad a grupos armados durante la década del 70.

En segundo lugar, el represor remarcó que solicitó a “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” que revise su caso porque por el delito de asociación ilícita tiene una prisión preventiva que es un adelanto de pena. No obstante, y de manera contradictoria, reconoció que así le dieran la razón sabe que deberá seguir tras las rejas por la condena en la Causa Brusa, de 23 años de prisión efectiva, que pesa sobre él.

Luego de autoproclamarse “peronista” manifestó que lo persigue “un régimen que hoy nos gobierna”, en referencia al kirchnerismo, y confía en que la Justicia vire su mirada sobre cómo juzga a los delitos de lesa humanidad. De manera brutal dijo: “Cuando en un año y medio cambie el gobierno y (Sergio) Massa sea presidente va a cambiar la doctrina. ¿Y qué hará allí Zaffaroni?”, chicaneó.

La particular lectura de la historia y de la jurisprudencia internacional lo llevaron a Curro Ramos a hablar cerca de dos horas. En todo ese período reclamó a los jueces que “compren un polígrafo” porque ese tipo de máquinas “detectan la verdad”, incluso dijo que por internet averiguó que el costo que tiene es similar a un mes de sueldo de un magistrado federal. Hoy continuará su declaración, anticipó.

Fiscalía y querellantes

Para la fiscalía y los querellantes no se puede “escindir” de la causa por asociación ilícita a los antecedentes que surgieron de la denominada Causa Brusa, que condenó tanto al ex juez federal como a los otros imputados por delitos de lesa humanidad. Dicha sentencia de 2009, que tuvo condenas de entre 19 y 23 años, fue ratificada en marzo del año pasado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando rechazó un recurso de queja de la defensa.

Con respecto al requerimiento de elevación a juicio que hizo el Ministerio Público Fiscal, se indicó que cuanto menos hubo 14 víctimas de los cuatro acusados que hoy están con vida mientras que otros querellantes mencionaron que hubo dos víctimas más. Para los querellantes quedó probado que hubo asociación ilícita a partir de la articulación de un plan sistemático y generalizado para secuestrar, torturar y asesinar a militantes políticos y sociales durante el gobierno de facto.

A su vez, que todos los juzgados tenían un rol específico dentro de un aparato organizado de más de tres personas en un engranaje estatal, estable, duradero y con objetivos claros. Por caso, mencionaron que esos propósitos eran “capturar” a aquellas personas que para el régimen representaban un peligro a partir de los informes de inteligencia, “conducirlos a centros de detención” e “interrogarlos bajo tormentos y agresiones psicofísicas para tratar de quebrar la resistencia moral” de las víctimas.

Asimismo, “someterlos a condiciones inhumanas de detención” y actuar en “clandestinidad”. Según la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es inaceptable el desconocimiento de las garantías legales para la detención y trato de las personas encarceladas, siendo que Aebi, Ramos y Perizzotti eran policías y Brusa funcionario del Poder Judicial federal. O sea, que no hay excusa que pueda servir para justificar el proceder de los acusados.