La policía controla la usina, con el conflicto de la Uocra latente

Al cierre de esta edición, agentes policiales de la Unidad Regional I La Capital de la policía santafesina controlaban el predio en el que se construye la central termoeléctrica y el obrador de la empresa constructora con policías del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), ambos de la agrupación Cuerpos, en servicio dispuesto durante las 24 horas.

En el lugar, anoche permanecía un grupo de trabajadores expectantes respecto de la resolución del conflicto –que tiene paralizados los trabajos en el lugar y por lo tanto de su futuro laboral. No habían tomado las instalaciones, sino que esperan el desenlace de esta situación.

Vale señalar que otros puntos potencialmente conflictivos, tales como las sedes de la Uocra Santa Fe en calle Ituzaingó; la obra social sobre calle Junín y la oficina de la avenida Rivadavia al 2.800, además de la existente en adyacencias a Bulevar Pellegrini y avenida Urquiza, cuentan con guardia policial preventiva permanente, también las 24 horas.

Las órdenes sobre la seguridad policial de los predios y de las distintas sedes en la ciudad de Santa Fe son preventivas y permanentes mientras se desarrolla el conflicto gremial y con la empresa que construye la central, cuestión que fue comunicada tanto a la Justicia como al Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe.

Los sucesos violentos

Lejos de ser un hecho aislado, el enfrentamiento entre facciones internas de ayer a la mañana (ver página 4) de los grupos que encabezan el dirigente Emanuel Araya, ex secretario general en la delegación santafesina de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina y la conducción nacional, de Gerardo Martínez, tiene extensos y violentos antecedentes.

El inmediato, es la toma de la usina que se extendió durante seis días. Los otros ya están incorporados en las siete causas penales que tiene Araya, por delitos que van desde “tentativa de homicidio” y “tenencia de armas”.

El titular de la Unión Transitoria de Empresas (UTE), que dirige la construcción de la usina, Juan Carlos de Goycoechea, cuestionó que a diferencia del jueves –cuando la Justicia libró una orden para desalojar la obra– ayer la denuncia penal que hicieron por usurpación no tuvo respuestas. Y que el pedido expreso de custodia policial, formulado al Ministerio de Seguridad y al procurador de la Corte, para la madrugada del viernes, tampoco fue respondido.

En la nueva denuncia penal, incorporaron fotos que tomaron el jueves al mediodía en las que se ven bombas molotov, barricadas armadas con baños químicos y elementos de oficinas y hasta una pala cargadora a la cual le habían puesto una mecha en el tanque de combustible. Las imágenes fueron tomadas por el jefe de obra el jueves a la tarde, luego de que las casi cuatrocientas personas que habían tomado la Central se retiraron del predio. De esa recorrida última, el fiscal Juan Pablo López Rosa no participó.

De Goycoechea aseguró que las pérdidas productivas por los conflictos gremiales que se han extendido en los últimos tres meses ya son millonarias: “Yo no puedo hacer interpretaciones políticas de lo que está pasando en Santa Fe. Pero sí queda claro que esto se tiene que resolver en la Justicia y con la policía. Los funcionarios no están haciendo que se respeten las instituciones y mucho menos la Constitución. Nosotros hoy (por ayer) teníamos 80 personas santafesinas trabajando y llegaron otros 100 santafesinos a molerlos a palos. Evidentemente hay un problema donde la autoridad no está presente”.

Con vía libre

Según De Goycoechea, la policía y la Justicia les permitieron ayer al sector de Emanuel Araya quedarse en el predio, a pesar de las denuncias por las bombas encontradas. “Nosotros hicimos los primeros pedidos formales de ayuda al gobierno provincial de Santa Fe el 7 de julio, en una audiencia que mantuvimos con el gobernador (Antonio Bonfatti), el ministro y el secretario de Seguridad (Raúl Lamberto y Matías Drivet, respectivamente). Les pedimos que, por favor, nos apoyen con este problema y nos dijeron que iban a hacer todo lo posible. Pero esa respuesta es incompatible con lo que pasó ayer, que les pedimos protección policial y nunca llegó. Nosotros tuvimos que pagar a dos policías adicionales, que cuando hoy (por ayer) a las 8 vieron que iban a invadir el predio tuvieron que salir corriendo. Ésa es la realidad que tenemos en este momento, y el final del cuento es que el jefe de policía ahora está custodiando a los usurpadores de la obra, tras preguntarle si querían retirarse o quedarse y ellos decidieron quedarse”.

—¿Qué pérdidas representa para ustedes este conflicto?

—En tiempo, la pérdida es imponderable. Tenemos que empezar a calcular los costos de las pérdidas productivas que son muchos millones de pesos a la fecha, porque llevamos más de tres meses en esta situación. Por el lado del gobierno, si no nos dan una prórroga en los plazos de ejecución del contrato, también existen pérdidas porque tenemos penalidades altísimas. Y para el país, perder 200 megas de generación más de energía, que hoy son necesarios. El plazo original de la obra era octubre del 2014. Imagínese que a mí me llega la turbina dentro de 30 días y no tengo ni la base de hormigón dónde ponerla.

—¿Cuáles son las perspectivas de resolución del conflicto a corto plazo?

—No lo sé. Francamente no lo sé. Yo pensé que con todo lo que había sucedido hoy (por ayer) iba a poder estar trabajando nuevamente. Eso me hubiera gustado decirle, pero hoy, la verdad es que no sé qué contestarles. Esto es una interna gremial, donde hay un señor (por Araya) que se salteó todas las normativas legales que establece un sindicato para participar y eso conlleva tener 19 heridos, de arma blanca, baleados y molidos a palos sin ningún límite.