La reglamentación que no llega

El senador provincial justicialista, Ricardo Kaufmann, obtuvo el apoyo unánime de sus pares para la aprobación de un proyecto de comunicación por el cual “reitera su solicitud al Poder Ejecutivo para que en forma inmediata reglamente la Ley 13.036, que regula la comercialización de agua dulce o potable”.

En tal sentido, el autor de la mencionada norma, recordó que “el 12 de noviembre de 2009 fue sancionada la Ley 13.036, la que fue publicada en el Boletín Oficial del día 14 de diciembre del mismo año”. Y “según lo dispone el artículo 7º de la precitada ley, el Poder Ejecutivo debía reglamentarla en un término de 60 días a contar desde su publicación”.

“Sin embargo, han transcurrido más de dos años sin que se cumpla la obligación de reglamentarla y, en todo ese tiempo, no han sido oídos nuestros anteriores requerimientos de similar sentido al presente y, por ello, me permito insistir en la cuestión, considerando la importancia de la ley sancionada”, manifestó el representante del departamento Garay, en el recinto del Senado.

“Esta Ley 13.036 –continuó– regula la comercialización de agua dulce o potable, protegiendo efectivamente un recurso natural cada día más escaso y, por lo tanto, sujeto a presiones de explotación antes desconocidas. Los barcos, por la falta de reglamentación de la ley, se aprovechan y no pagan canon por el agua dulce que se llevan en sus bodegas”.

No obstante, aclaró que la Ley 13.036 es –de por sí– operativa, “razón por la cual la Universidad Nacional de Rosario (UNR) interpuso un recurso de amparo para que se aplique”. En ese marco, reiteró la solicitud para que “sea reglamentada en forma inmediata” y, en diálogo con Diario UNO, contó que nadie del gobierno provincial –ni en la gestión de Hermes Binner ni ahora– le dio una respuesta concreta sobre el tema.

Denuncias y sospechas

Hace un año, el Observatorio del Agua de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) pidió que se investigue si las empresas que operan los puertos santafesinos comercializan el recurso. La CGT local, incluso, señaló que el agua se ofrecía a ocho dólares más IVA la tonelada, pero pese a las denuncias públicas nunca se llegó a ninguna conclusión.

En aquella oportunidad, desde la UNR dijeron que el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente indicó que “los registros de consumo de agua potable de los puertos públicos no indican un uso inadecuado de ese elemento”, aunque reconocieron que “algunas embarcaciones tienen que cargar agua para equilibrar las bodegas al partir de la región”.

A su vez, el titular de CGT San Lorenzo, Edgardo Quiroga, había disparado que “empresas agroexportadoras de la zona estarían percibiendo cerca de cuatro millones de dólares anuales, sólo por la venta de agua a los buques que operan en los muelles locales”. De hecho, contó que en su zona circulaba la versión de que había una tarifa de ocho dólares más IVA por cada tonelada de agua. Esos dichos nunca se probaron; y la reglamentación de la Ley 13.036 sigue siendo una incógnita.