El gobernador Maximiliano Pullaro se pronunció a favor de que se apruebe la ley Bases este miércoles, en simultáneo a que dio comienzo el maratónico debate en el Senado desde las 10, con un final incierto entre la positiva o la negativa en torno a su sanción definitiva o no.
Pullaro, sobre el debate de este miércoles en el Senado: "Esperamos que se apruebe la ley Bases"
El gobernador se pronunció sobre el debate en el Congreso de la ley Bases. "Esperamos que en el segundo semestre impacte en los recursos de la provincia", afirmó
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro
En declaraciones a la prensa, Pullaro ratificó: "Esperamos que salga la ley Bases. Es una ley que llevamos discutiendo desde diciembre, es muy importante que esta ley se haya enriquecido y que no sea una ley unilateral que mande un espacio político que conduce a la República Argentina sino que se pueda tener la mirada general de todos los espacios políticos y la mirada de los gobiernos provinciales".
"Para nosotros es muy importante llevar adelante una reforma fiscal que apunte fundamentalmente a un equilibrio, lo hicimos en la provincia de Santa Fe en estos seis meses, lo que implicó un gran esfuerzo del Gobierno provincial. El Gobierno nacional lo está haciendo de otra manera, ajustando mucho a las provincias y a distintos sectores de la sociedad. Nosotros creemos que Argentina sale adelante fortaleciendo el sistema productivo y el sistema educativo, pero coincidimos en la cuestión de fondo que es tener un equilibrio fiscal", continuó el gobernador.
Consultado sobre en qué beneficiará a la provincia la sanción de la ley Bases, Pullaro manifestó: "Va a ordenar en términos generales al Estado Nacional y su política de gobierno va a arrancar. Esperamos que en el segundo semestre pueda haber un rebote de la economía e impactar de forma positiva en los recursos de la provincia de Santa Fe".
Claves de la ley Bases
Un aspecto clave de la ley Bases es la propuesta del Gobierno de privatizar once empresas públicas, pero ahí se le plantea un problema al Gobierno porque hay legisladores dialoguistas que rechazan la privatización de Aerolíneas Argentinas, con lo cual es probable que si los números están muy ajustados se decida eliminar de la lista de empresas a vender a la línea área.
Las empresas que quiere privatizar el Gobierno de Javier Milei son además de Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión, Intercargo y Energía Argentina (Enarsa). En tanto, en el caso Aguas y Saneamientos Argentinos SA (Aysa), Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logístico S. A., Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales propone una concesión parcial es decir que estén abiertas a incorporar capital privado.
En cambio, en el caso de la estratégica empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nassa) fija que solo se podrá organizar un Programa de Propiedad Participada (PPP) y colocar una clase de acciones para ese fin. También se establece un mecanismo similar para el Complejo de Yacimiento Carboníferos Fiscales.
Otro punto clave es la reforma del impuesto a ganancias para que vuelvan a pagar el tributo los empleados de relación de dependencia que perciban 1.800.000 de sueldos brutos en el caso de los solteros y 2,3 millones de pesos de sueldos brutos para los casados y solo se mantendrá las deducciones por intereses hipotecarios, hijos, esposa, el personal de casas particulares, prepagas y seguros de vida, con lo cual se estima que volverán a tributar más de un millón de personas.
El Senado reformó para que los trabajadores de las provincias patagónicas tengan un diferencial del 22 por ciento en mínimo no imponible con lo cual empezarán a tributar a partir los salarios de casi 2,2 millones de pesos brutos en el caso de los solteros y en el caso de los casados de 2,8 millones de pesos de sueldos brutos.
El capítulo de blanqueo de capitales tuvo cambios con respecto al texto sancionado por diputados para que no puedan ingresar los que ya participaron de ese beneficio en el 2018 en el Gobierno de Mauricio Macri, los funcionarios que estuvieron en sus cargos en los últimos diez años, y los hermanos de los funcionarios, no solo los familiares directos como cónyuge, padres e hijos.
















