La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe decidió frenar el tratamiento de la denominada ley de trapitos, el proyecto que busca prohibir la actividad de los cuidacoches y que ya cuenta con media sanción del Senado. La decisión adoptada por el bloque oficialista Unidos, donde hay sectores como el socialismo que resisten la iniciativa, se conoció tras los fuertes reparos públicos de la Iglesia Católica de Rosario, cuyos representantes advirtieron que la restricción total de la actividad empujaría a estas personas a una mayor marginalidad.
Frenan en Diputados la ley que busca prohibir la actividad de los cuidacoches en Santa Fe tras los cuestionamientos de la Iglesia
El oficialismo decidió no tratar este jueves la iniciativa que ya tiene media sanción del Senado. Crecen las diferencias dentro de Unidos. La próxima semana recibirán a representantes de la Iglesia
21 de mayo 2026 · 11:37hs
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Diputados posterga el debate de la ley antitrapitos
El texto normativo no será abordado en el recinto legislativo este jueves. La Cámara de Diputados se tomará un tiempo más prudencial para analizar los alcances y las consecuencias socioeconómicas de la medida. Además, recibirá a representantes de la Iglesia la semana próxima. En este sentido, monseñor Eduardo Martín fue una de las voces principales en sentar postura, al remarcar que prohibir la actividad significa empujar a los cuidacoches hacia una mayor marginalidad.
Los diputados quieren escuchar de primera mano los argumentos de la institución, que viene manteniendo diversas reuniones con personas que se desempeñan como trapitos en las calles de la ciudad para conocer su realidad social y económica.
En rigor, la Iglesia Católica ya había presentado semanas atrás un documento propio en la Legislatura, dejando plasmada por escrito su visión respecto al abordaje de esta problemática en el espacio público.
Sabiendo que se trata de una norma altamente resistida por distintos actores sociales, y al constatar que dentro del propio oficialismo existen diferencias y matices sobre cómo aplicar una prohibición sin generar un daño social irreversible, la dirigencia política consideró que lo más adecuado era no forzar una votación dividida. La premisa actual es dejar que madure la discusión parlamentaria, escuchar a los sectores involucrados y posponer el proyecto hasta alcanzar un grado de consenso aceptable.
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