Este miércoles se debate la ley Bases en el Senado: dudas por el quorum y protestas en el Congreso y en Santa Fe

El Senado nacional llamó a sesión este miércoles a las 10 para tratar la ley Bases y el paquete fiscal que impulsa el gobierno de Javier Milei. Mientras persiste la duda por el quorum, se preparan distintas manifestaciones en Buenos Aires y también en Rosario.

Los legisladores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano propusieron a último momento no dar quorum para la sesión y quitar del temario la ley Bases. De esta manera, la sesión dependerá de la asistencia al recinto de los radicales Maximiliano Abad y Martín Lousteau. Este último anunció que asistirá.

Afuera del Congreso se espera una concentración de personas y también en Santa Fe habrá una marcha de protesta por la tarde, convocada por la CGT local. A la hora de la convocatoria de sesión, en la plaza del Congreso se movilizarán gremios, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, universidades y partidos de la oposición.

Protestas en inmediaciones al Congreso en el debate de la ley Bases en Diputados.

Convocan a la marcha de Buenos Aires un sector de la CGT, las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep). Las centrales sindicales llamaron a concentrar a partir de las 9 de la mañana frente al Congreso, con la propuesta de permanecer en la calle durante todo el debate.

El debate

Si se logra el quorum, la ley Bases y el paquete fiscal se tratarán por separado y todavía no se sabe si se necesitará un cuarto intermedio entre cada debate. Sí se sabe que, de iniciar la sesión, será una jornada larga y como los proyectos tendrán modificaciones deberán volver a la Cámara de Diputados.

En un primer tramo se llevará a cabo el debate por la ley Bases y luego se votará el paquete fiscal. Para el debate de Bases los titulares de los bloques acordaron que tendrán 10 oradores por bloque.

Puntos clave de la ley Bases

Otro aspecto clave de la Ley Bases es la propuesta del Gobierno de privatizar once empresas públicas, pero ahi se le plantea un problema al Gobierno porque hay legisladores dialoguistas que rechazan la privatización de Aerolineas Argentinas, con lo cual es probable que si los números están muy ajustados se decida eliminar de la lista de empresas a vender a la línea área.

Las empresas que quiere privatizar el Gobierno de Javier Milei son además de Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión, Intercargo y Energía Argentina (Enarsa). En tanto, en el caso Aguas y Saneamientos Argentinos SA(Aysa), Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logístico S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales propone una concesión parcial es decir que estén abiertas a incorporar capital privado.

En cambio, en el caso de la estratégica empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nassa) fija que solo se podrá organizar un Programa de Propiedad Participada (PPP) y colocar una clase de acciones para ese fin. También se establece un mecanismo similar para el Complejo de Yacimiento Carboníferos Fiscales.

Otro punto clave es la reforma del impuesto a ganancias para que vuelvan a pagar el tributo los empleados de relación de dependencia que perciban 1.800.000 de sueldos brutos en el caso de los solteros y 2,3 millones de pesos de sueldos brutos para los casados y solo se mantendrá las deducciones por intereses hipotecarios, hijos, esposa, el personal de casas particulares, prepagas y seguros de vida, con lo cual se estima que volverán a tributar más de un millón de personas.

El Senado reformó para que los trabajadores de las provincias patagónicas tengan un diferencial del 22 por ciento en mínimo no imponible con lo cual empezarán a tributar a partir los salarios de casi 2.2 millones de pesos brutos en el caso de los solteros y en el caso de los casados de 2.8 millones de pesos de sueldos brutos.

El capítulo de blanqueo de capitales tuvo cambios con respecto al texto sancionado por diputados para que no puedan ingresar los que ya participaron de ese beneficio en el 2018 en el Gobierno de Mauricio Macri, los funcionarios que estuvieron en sus cargos en los últimos diez años, y los hermanos de los funcionarios, no solo los familiares directos como conyugue, padres e hijos.