“Tener un Papa argentino hizo retroceder el debate del aborto”

Victoria Rodríguez

Diario UNO Santa Fe

Se estima que, en el país, hay más de 500.000 mujeres que abortan por año. “Más allá de la penalización, abortan. Son muchísimas las que transgreden la penalización y así imponen su propia ley, están eligiendo sobre su cuerpo. Eso hay que atenderlo”, marcó Ruth Zurbriggen. La semana pasada se presentó en las ciudades de Santa Fe y Rafaela el libro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto “El aborto como derecho de las mujeres. Otra historia es posible”.

Diario UNO dialogó con Zurbriggen, una de las compiladoras, quien se refirió a la necesidad de que las y los legisladores provinciales abran el debate sobre el tema. Además, habló del peso de que el Papa sea argentino y de las responsabilidad del poder político en garantizar los derechos de las mujeres.

“Creemos que hay una profunda deuda de la democracia para con un derecho de las mujeres como es el poder decidir sobre nuestros cuerpos”, destacó Zurbriggen.

Es importante tener en cuenta que los postulados de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se resumen en su lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. El planteo además avanza sobre la legalización del aborto y no sólo la despenalización porque consideran que es necesario que el Estado garantice el acceso a ese derecho y que los procedimientos puedan realizarse en todos los hospitales públicos y que estén reconocidos por las obras sociales.

De hecho, la Campaña ha elaborado un proyecto de ley que duerme en la Cámara de Diputados de la Nación a la espera de ser tratada, pese a que ya cuenta con la firma de 64 legisladores de todos bloques parlamentarios. La propuesta perdió estado parlamentario en tres oportunidades y a fin del año pasado estuvo cerca de contar con el aval necesario para ser discutida en el recinto.

—¿Cuáles son las características del proyecto que han elaborado?

—En el proyecto de ley se establece que toda mujer tiene derecho a exigir la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Eso implica que es ella la que decide si un embarazo es viable o no para ese momento de su vida, sea cual sea el motivo. También, dice que todos los hospitales y las obras sociales deberán garantizar la práctica. Y que, en los casos de violación, no hay límite de semanas para realizar la intervención. De todas maneras, es importante tener en cuenta que a partir de determinado momento de la gestación ya no se pueden realizar abortos sino que ya serían partos inducidos. Una mujer no puede abortar cuando está de seis o siete meses. Eso no quiere decir que, si se abriera un debate en el Congreso, los plazos no pudieran discutirse y modificarse.

Una discusión pendiente

En los últimos años, la interrupción voluntaria del embarazo ha estado en la agenda pública, sobre todo, a partir de los casos considerados como abortos no punibles, esos que estás contemplados en el artículo 86 del Código Penal; es decir cuando el embarazo fuera producto de una violación o corriera peligro la vida de la mujer gestante.

Pese a que la normativa es clara, de que ha habido fallos a favor –como el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso F. A. L.– y de que el Ministerio de Salud de la Nación ha elaborado un protocolo de atención de esas situaciones, existen provincias en las que su aplicación es muy rara y difícil de lograr.

En ese sentido, es importante destacar que la provincia de Santa Fe fue una de las primeras en implementar un protocolo de atención y de avanzar en la atención integral de los casos de abortos no punibles. Uno de los detonantes para que eso fuera posible fue el fallecimiento de Ana María Acevedo, en 2007, tras habérsele negado la interrupción del embarazo lo que le habría permitido someterse al tratamiento contra el cáncer que le hubiera salvado la vida, en el hospital Iturraspe de la capital provincial.

—¿Están dadas las condiciones en la Argentina para avanzar sobre la legalización del aborto cuando aún no se garantiza el acceso al procedimiento en los casos de violación o peligro de vida?

—Todavía hay dificultades para instalar el debate en el lugar que tiene que darse que es el Congreso nacional. Los principales de que este tema se discuta o no son las diputadas y los diputados del país.

Eso no quiere decir que no sean los únicos. El hecho de que hayamos tenido que presentar en cuatro oportunidades el proyecto habla de que no hay voluntad política, todavía, para eso. Se ha bajado una especie de cortina de hierro sobre el tema. Si en 2012 veíamos algunos indicios de que esto se podía llegar a hablar, este año ya no los vemos. Lo paradigmático es que hay una sociedad que creo que está madura para avanzar en estas discusiones. Eso tiene que ver con cómo hay cada vez más gente que se suma al reclamo, cómo las actividades se nutren de gente nueva y con cómo los medios de comunicación están hablando de los avances sociales y culturales que hemos logrado; todo eso en el marco de un momento político de ampliación de derechos porque no podemos desconocer que existen numerosas leyes que han planteado el estiramiento de derechos para muchos sectores.

“Evidentemente –siguió– el reclamo por el derecho al aborto tiene que lidiar con muchos obstáculos y con los tentáculos que surgen de los sectores antiderechos que ejercen presión y están hechos sentido común en la cabeza de funcionarias y funcionarios que no terminan de entender que el Estado es laico y que las políticas públicas no pueden estar gobernadas por la religión”.

Además agregó que hay otro factor que debe analizarse que es el mercado clandestino del aborto, que es un negocio que deja mucho dinero y en el que están involucrados médicos, policías y muchas personas más con distintas responsabilidades. “Hoy un aborto sale entre 7.000 y 10.000 pesos. Evidentemente el negociado del aborto clandestino incluye coimas a la policía para que no denuncie y así sigue la cadena. Ahí también hay intereses que están en juego”, indicó.

—¿Consideran que en los legisladores pesan las presiones religiosas?

—Todos los diputados y las diputadas, los funcionarios y la propia Presidenta de la Nación tienen derecho a tener y profesar la fe que quieran pero no pueden imponer a la política pública estatal su concepción religiosa porque esto tiene incidencia en la vida concreta de las mujeres. A título personal, porque en la Campaña convivimos personas con diferentes perspectivas, considero que los principales responsables son los diputados y las diputadas del Frente para la Victoria, sean de la religión que sean, porque tienen mayoría y si quisieran podrían discutirla y aprobarla. Evidentemente no hay voluntad política. Cuando quisieron abrir el debate sobre otras temáticas lo hicieron, en una semana tuvimos la ley que permite a los jóvenes votar a los 16 años y eso nos parece muy bien. Yo creo que, cada vez más, en ese bloque las influencias y decisiones del Poder Ejecutivo son fundamentales.

—¿Lo que puede estar pesando entonces es la postura de la Presidenta que dijo no estar a favor de la interrupción voluntaria del embarazo?

—También en su momento dijo que no lo vetaría si el Congreso lo discute y lo aprueba. Me parece a mí que el partido que tiene amplia mayoría en el Congreso no tiene voluntad política para tratar el tema porque hay otros intereses y otros acuerdos en el medio.

—¿Influye que el Papa sea argentino?

—Evidentemente la elección del Papa argentino nos ha hecho retroceder en la posibilidad de discutir el tema. Senadores como Aníbal Fernández antes hizo declaraciones en las que decía que nadie quiere un aborto pero evidentemente hay que hacerse cargo de ese tema. Sin embargo, apenas designan al Papa dijo que no se podía avanzar con el tema del aborto. Fueron declaraciones lamentables porque el Papa puede ser argentino pero nosotros vivimos en un país que gobierna con las instituciones de la democracia donde se supone que la Iglesia no es un partido político, aunque a veces pareciera que funciona como uno por la influencia que tiene.

Del debate a la publicación

“El aborto como derecho de las mujeres. Otra historia es posible” es un libro que reúne trabajos presentados para las XI Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y VI Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, realizadas en San Juan en septiembre de 2012.

Las compiladoras fueron Zurbriggen y Claudia Anzorena, quienes buscaron organizar la lectura a partir de los ejes centrales que defiende la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. El jueves la presentación se realizó en la capital provincial y el viernes en Rafaela y el evento estuvo organizado por Enredadera grupo de mujeres y feministas (Rafaela) y Madreselva Izquierda Independiente (Santa Fe).

Sobre la publicación, Zurbriggen relató: “Es el primer libro que tiene la Campaña desde su creación en 2005. Decidimos publicarlo porque los trabajos reúnen producciones académicas y activistas de distintas pertenencias profesionales y de distintas generaciones. Por eso nos parecía importante producir un material que pudiera mostrar cómo, en relación al derecho al aborto, se van produciendo cada vez más argumentos desde distintos ámbitos. Eso habla de cómo el aborto es un tema de interés que sobrepasa lo que es feminismo”.

Al respecto agregó que el libro aborda diferentes ejes como la historia de la Campaña, las concepciones religiosas vinculadas al derecho al aborto, las luchas que se han realizado, las estrategias comunicativas que utilizan los medios y los grupos que se oponen a ese derecho, el aborto no punible y, por último, hay un capítulo destinado a recuperar los testimonios de mujeres que han abortado en distintas circunstancias.