Un informe de la UNL cuestiona la poca asistencia a víctimas de trata en la ciudad

En el marco del programa Las Mujeres y el Derecho en el Litoral, se hará una nueva presentación del informe “La trata de personas en la ciudad de Santa Fe. A diez años de la primera Ley Nacional 26.364”, realizado por el Observatorio de Violencias de Género de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.

El documento se divide en cuatro capítulos: en el primero se menciona el marco normativo; en el segundo se presenta la información de tipo cuantitativa relativa a la dimensión que adquiere este tema en Santa Fe, a través de datos estadísticos suministrados por los organismos competentes; en el tercero, se realiza un análisis de los discursos de los operadores jurídicos presentes en siete sentencias de la ciudad; en el cuarto, se expone la información cualitativa obtenida a partir de entrevistas con informantes claves pertenecientes a ámbitos estatales y de organizaciones civiles; y por último se comparten las principales conclusiones y reflexiones de la investigación.

Entre varias cuestiones se advierte la brecha existente y la falta de relación entre el número de investigaciones iniciadas por el Ministerio Público de la Acusación por delitos conexos a la trata de personas (256 casos recepcionados entre 2014 y 2017) y el número de víctimas efectivamente asistidas por los organismos especializados (la Secretaría de Derechos Humanos atendió a 14 situaciones de asistencia a mujeres víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual en 2017; el Programa Nacional de Rescate asistió a 38 entre el 2009 y 2017).

Al mismo tiempo el informe revela que desde el año 2015 hasta julio del 2018, se recibió un total de 128 denuncias a la línea telefónica de denuncias y 145 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Del total, 82 casos (64,06%) fueron derivadas a organismos de la ciudad de Santa Fe. Por otro lado, 44 (34,38%) situaciones fueron derivadas a organismos de la ciudad de Rosario, mientras que una situación (0,78%) fue derivada a las ciudades de Rafaela y Venado Tuerto.

Asimismo, otro dato preocupante en relación a los 256 casos recepcionados por el MPA, es que dentro de los casos establecidos como delitos conexos a la trata de personas, la calificación legal que prevalece porcentualmente es: “corrupción y prostitución, pornografía infantil calificado” con el 34,77%. "Esta cifra se vuelve un dato relevante para problematizar la relación entre este delito y la situación de niños y adolescentes", dice el informe. También expresa: "Como segunda cifra destacable aparece la “corrupción y prostitución, promoción y facilitación de la corrupción” con el 32,42%. Por su parte el 15,63% refiere a “corrupción y prostitución exhibiciones obscenas”, y un 12,89% a “corrupción y prostitución grooming o ciberacoso”. En menor medida porcentual se presenta la “corrupción y prostitución proxenetismo” con un 3,13%; y con el 0,39% –de forma similar– el “delito contra la libertad reducción a servidumbre o condición análoga” y “corrupción y prostitución".

En las reflexiones del informe, uno de los principales aspectos que surgen "tienen que ver con la brecha existente entre los casos recibidos por la Justicia federal y el Ministerio Público de la Acusación en el ámbito provincial. Así, podemos inferir que en la práctica no se respeta el principio de investigación preventiva de la trata en el ámbito federal reconocido en la normativa de referencia". Además, se denuncia "la falta de información y datos sistematizados" y se explica que "no existen bases o registros comunes entre los distintos organismos intervinientes lo que dificulta la posibilidad de realizar un abordaje integral, como así también la elaboración de políticas públicas situadas y que respondan a un contexto localizado".

Por su parte, Paula Spina directora del programa Las Mujeres y el Derecho en el Litoral, explicó: "Lo importante es destacar que este informe lo que busca es poder hacer un análisis sobre qué ha sucedido con la implementación de la ley de trata en la ciudad de Santa Fe, a diez años de su sanción. Es un informe que se elaboró entre 2017 y principios de 2019, que si bien ya hemos adelantado algunos resultados, nos parece importante en esta oportunidad volver a compartirlo y socializarlo, sobre todo teniendo en cuenta lo que esta sucediendo en la actualidad, con relación a los femicidios y a la búsqueda de las mujeres".

Perspectiva de género en la Justicia

El informe además hace especial foco en el sistema judicial al momento de analizar los discursos judiciales en materia de trata de personas desde una perspectiva de género. "La perspectiva de género se vuelve crucial a la hora de analizar este delito ya que el mismo tiene a las mujeres como sus principales víctimas. En este sentido juzgamos de suma importancia considerar la composición de los tribunales y los discursos de los operadores judiciales en clave de género", detallan desde el Observatorio.

Y continúan: "Se presentan como obstáculos a la hora de garantizar un proceso respetuoso de los derechos de las mujeres la falta de formación en materia de igualdad, las inercias asumidas como válidas e incuestionables, la escrupulosa matemática probatoria y el formalismo jurídico, y los discursos judiciales atravesados por perspectivas sexistas. Se debe iniciar un camino de reflexión en torno a la necesidad de utilizar la perspectiva de género como método de análisis que deconstruya los estereotipos de género que atraviesa a las víctimas en los discursos judiciales".

Por último, apuntan sobre las penas: "Ha sido la herramienta privilegiada de intervención en el ámbito judicial, más no se vislumbran acciones reparadoras respecto a las víctimas en las sentencias".