Empresas asfixiadas: ya se iniciaron 153 procedimientos preventivos de crisis en lo que va del año en el país

La salud de las empresas se siguió deteriorando los primeros siete meses de 2026. Hasta el 23 de julio pasado se iniciaron 153 procedimientos preventivos de crisis ante la Secretaría de Trabajo. La cifra marca una nueva aceleración: si se toman en cuenta solo los días hábiles transcurridos durante ese período, se abrió más de un trámite por día.

En lo que va del gobierno de Javier Milei ya se cursaron al menos 448 solicitudes. Se desencadena una nueva ola de despidos en Argentina.

El debate sobre la marcha de la actividad económica en los sectores que afectan directamente al grueso de la población encuentra pocos matices. El jueves pasado, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo reveló que la destrucción neta de empresas se aceleró en mayo, con una baja de 2.371 unidades productivas, equivalente a 0,49% del total. Ya son más de 30.000 las empresas que se perdieron en los últimos tres años.

Crece el número de empresas que atraviesan una situación de crisis

En el universo de firmas que subsisten también crece el número de las que atraviesan una situación de crisis. En los primeros siete meses de 2026 se iniciaron al menos 153 procedimientos preventivos. Los datos son oficiales y surgen de un pedido de acceso a la información pública realizado por Ámbito, que la Secretaría de Trabajo respondió parcialmente.

En lo que va del gobierno de Javier Milei ya se cursaron al menos 448 solicitudes. Fueron 131 en 2024, 164 en 2025 y, hasta el 23 de julio de este año, ya se habían cursado otras 153. La serie histórica anual sirve para poner en contexto la situación: en 2015 habían sido apenas 33; en 2016, 55; en 2017, 63; y recién se dispararon a 153 en 2018 y 184 en 2019. Es decir, los valores actuales se asemejan a los registrados durante la crisis cambiaria del gobierno de Mauricio Macri.

La comparación reciente muestra que en 2020 las solicitudes se habían desacelerado a 26, aunque se trataba de un contexto excepcional por la pandemia y las medidas paliativas que promovía el Estado. En 2021 fueron 24; en 2022, 43; y en 2023 se solicitaron 42 trámites de este tipo.

Qué es el Procedimiento Preventivo de Crisis que tramitan las empresas

El Procedimiento Preventivo de Crisis es una instancia legal de mediación obligatoria que las empresas deben tramitar ante la Secretaría de Trabajo antes de ejecutar despidos o suspensiones masivas por razones económicas o de fuerza mayor. Se trata de un mecanismo que busca sentar a las cámaras empresarias, los sindicatos y el Estado en una misma mesa para negociar alternativas –como adelantos de vacaciones, reducción de jornadas o planes de retiro– que eviten la destrucción del empleo.

Los datos oficiales marcan que en mayo 6.791 trabajadores registrados perdieron su puesto. Desde noviembre de 2023, la caída neta de asalariados registrados supera los 337.300, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), y ya son trece los meses consecutivos de retroceso.

La divulgación del dato coincide con una semana en la que se desencadenó una nueva ola de despidos: una alimenticia que cerró su planta en Mendoza; Granja Tres Arroyos, que desvinculó a 250 trabajadores en Entre Ríos; un frigorífico en Mar del Plata; una firma de electrónica en Tierra del Fuego; otra textil en Catamarca y más. Si se suman estos últimos casos, el resultado es un nuevo caso Fate.

Para junio, el panorama no luce alentador. La Encuesta de Indicadores Laborales volvió a dar negativo. Habrá que ver si el Sipa convalida esa observación, pero no hay señales de que el mercado laboral formal haya encontrado su piso.

Lo que el Gobierno no contestó

En la misma solicitud de acceso a la información pública con la que obtuvo el dato sobre la cantidad de procedimientos preventivos, este medio había cursado otras consultas: cantidad de trabajadores afectados, sectores con mayor número de empresas en crisis, distribución geográfica de la problemática y cantidad de despidos o suspensiones acordadas en cada caso, entre otras.

El Gobierno decidió no entregar esa información. Se escudó en el artículo 5 de la Ley 27.275, que quita la obligación de revisar individualmente los expedientes y “reprocesar o reclasificar” la información en cuestión.

El Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo no se tomaron el trabajo de procesar esos datos con mayor detalle, dada la delicada situación del mercado laboral y una fragilidad tan palpable en el sector privado que llevó a que, solo en los primeros siete meses de este año, se hayan iniciado más procedimientos preventivos de crisis que en los cuatro años de la administración anterior juntos.