Ningún candidato a presidente pudo justificar sus gastos de campaña

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió que la Justicia tampoco apruebe los balances electorales de 2015 de Sergio Massa (Alianza UNA), Margarita Stolbizer (Progresistas) y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda, FIT)), luego de que rechazara las de Mauricio Macri, Daniel Scioli y Adolfo Rodríguez Saá.

El funcionario se pronunció de ese modo ante la jueza federal (con competencia en los comicios) María Romilda Servini de Cubría, en base a las auditorías realizadas por la Cámara Nacional Electoral (CNE), que enumeraron decenas de inconsistencias en el financiamiento de la última campaña presidencial.

A la espera de una nueva respuesta de los partidos, Di Lello pidió suspender la asignación de los fondos públicos que les corresponden para los comicios entrantes.

"Esta fiscalía entiende que las observaciones que se formularon a cada uno de ellos no han sido subsanadas en su debida forma", señaló Di Lello.

En su presentación, el fiscal advirtió: "Las alianzas no han podido demostrar de forma precisa el origen y el destino de los fondos recibidos".

Al respecto, Cambiemos, Frente para la Victoria (FpV), UNA y Compromiso Federal son los partidos que recibieron las observaciones más complejas.

Las objeciones incluyen falsos donantes, asesores fantasma, el aporte indirecto de empresas y actos multitudinarios sin declarar.

En tanto, los partidos respondieron a los planteos, pero en la mayoría de los casos no pudieron justificar sus faltas.

Progresistas y el FIT tuvieron sólo algunas observaciones administrativas de menor calibre en las auditorías, si bien tampoco fueron aprobados sus gastos.

Después del pedido de Di Lello para que rechace el financiamiento electoral de todos los partidos, Servini de Cubría todavía debe expedirse sobre los balances de las seis fuerzas políticas que participaron en 2015.

Paralelamente, la Cámara Electoral exigió que la resolución se concrete antes de las primarias abiertas del 13 de agosto próximo.

Más fondos

A su vez, la Dirección Nacional Electoral dispuso que, en virtud de lo establecido en la ley de financiamiento de los partidos políticos, se asigne a esas agrupaciones una suma superior a los 69 millones de pesos en concepto de desenvolvimiento institucional para el año 2017.

La cifra fue determinada tras detraerse de los aportes asignados las deudas preexistentes y las multas informadas por la Justicia Electoral.

De acuerdo al detalle ofrecido, la recuperación de fondos sobrantes de comicios pasados que no habían sido devueltos, junto a las multas, conforman los 69 millones de pesos.

Esa cifra, sumada al aporte ordinario de 66 millones de pesos, será repartida en un 20 por ciento de manera equitativa entre todos los partidos, mientras que un 80 por ciento irá proporcionalmente de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos en la última elección.

El detalle de la resolución establece que, en el orden nacional, la Coalición Cívica-ARI recibirá 917.928,05 pesos; el GEN, 2.659.024,53; Partido Justicialista (PJ), 6.464.731,48; PRO, 4.164.232,79; Unión Cívica Radical (UCR), 2.338.348,11; Compromiso Federal, 227.099,52; Partido de la Victoria, 570.730,77; Kolina, 347.913,10; Frente Grande, 457.742,45; Frente Hacer por el Progreso Social, 71.407,08, y Frente Renovador, 5.000.000.