Proponen bajar a 14 años la edad de imputabilidad

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, anunció que la primera versión del proyecto gubernamental de reforma del sistema penal juvenil está terminada, al confirmar ayer que la edad de imputabilidad fijada es de 14 años para delitos gravísimos y de 15 años para delitos muy graves.

"El proyecto está terminado en su primera versión, después de un año y medio de trabajo y en los próximos 15 días habrá reuniones con los ministerios involucrados para terminar de ajustar detalles", señaló el ministro de Justicia, Germán Garavano, en diálogo con radio Mitre, al aludir al proyecto de reforma del sistema penal juvenil.

Consultado sobre la letra chica de esa primera versión, Garavano indicó que "para penas mayores de 24 años", la edad que están proponiendo es de "14 años", y para "delitos muy graves -con penas mayores a 15 años-, la edad de imputabilidad sería de 15 años".

Sobre los plazos, sostuvo que si hay consenso el proyecto será enviado al Congreso antes de las elecciones legislativas de octubre próximo o luego de ellas si no hay acuerdo entre las principales fuerzas políticas.

Garavano señaló que en cualquiera de los dos casos se buscará "cumplir con lo que dijo" el presidente Mauricio Macri, quien se había comprometido a proponer un régimen penal juvenil que reemplace al actual, que data de los años de la última dictadura cívico militar.

Fueros

A su vez, Garavano aseguró que los fueros parlamentarios "son para las opiniones mientras son diputados, pero no pueden servir para posibles delitos cometidos previamente".

El ministro explicó que los fueros "fueron creados para las opiniones de los legisladores, para que no puedan ser molestos mientras dan sus opiniones políticas. Eso no puede ser de ninguna manera un paraguas de protección".

El Senado comenzará a debatir esta semana el proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria, con la presencia de Garavano.

El proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados, será debatido mañana, a partir de las 14, en el ámbito de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta que preside Pedro Guastavino, del Frente Para la Victoria (PJ-FPV).

La iniciativa plantea sanciones penales para las empresas que cometan cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal, poniendo así en pie de igualdad a las personas jurídicas con el régimen aplicado a las personas físicas.

En este sentido, se establece una multa en el rango del 1 al 10 % de los ingresos brutos anuales que la empresa condenada hubiere tenido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito.

Otras sanciones que se podrían aplicar a las personas jurídicas autoras de delito son la suspensión provisoria o definitiva de la personería hasta por diez años; la suspensión total o parcial de la actividad hasta por diez años y la suspensión de patentes o marcas hasta por diez años.

El Diario