Jueves 30 de Abril de 2020
En el marco de la polémica desatada en los últimos días en relación a la excarcelación de presos en Buenos Aires, a raíz de la pandemia por Coronavirus, la defensora general de Santa Fe, Jaquelina Balangione, hizo referencia a la situación provincial.
Aclaró que las 370 causas no surgen de un "pedido masivo", y añadió: "Es uno por uno; con nombre y apellido, con una carpeta judicial; con un pedido conforme a la ley que se hace y que se pone a la consideración de un Juez".
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Precisó que la gran mayoría de los detenidos que forman parte de este grupo "ya tenía el derecho por ley a una libertad bajo ciertas condiciones", como lo son las salidas transitorias o la libertad condicional.
La funcionaria judicial advirtió que "toda situación de libertad, ya sea para meter en la cárcel a alguien o para sacar de la cárcel a alguien, es una decisión únicamente de un juez; que para eso existen los jueces penales"
En esa línea, aclaró que "no hay decisión política que valga". Y continuó: "Los políticos pueden decir "larguen, no larguen, dejen adentro, dejen afuera" y a los jueces eso les tiene que entrar por un oído y salir por el otro. Porque el juez tiene lo que se llama independencia judicial"
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Se mostró sorprendida por la forma en que los últimos días "se corrió la desinformación", y destacó: "Parece que hay una movida para sacar presos indiscriminadamente, en forma masiva, que vuelven a la sociedad, que son asesinos seriales, violentos, violadores; y esto no es así".
Acerca de la preocupación que existe en la población en relación a los controles y vigilancia que debería tener un preso que recupera la libertad, opinó: "El Juez que concede la libertad pone las condiciones y el poder ejecutivo tiene que garantizarla"
En declaraciones al programa "De 10" que se emite por LT 10, Balangione, insistió que lo que opina o dice un político no puede influir en lo que dictamina un Juez, y afirmó: "Si al juez lo influye el poder ejecutivo o la opinión de la comunidad, tiene que renunciar porque no puede ser juez, porque tiene que ser imparcial. Tiene que aplicar el derecho".
Recordó que tanto ella, como sus hijos, fueron víctima de robos en reiteradas ocasiones. "A veces, la gente piensa que esta mujer (por ella) vive en un frasco. No es así; nosotros no justificamos, ni defendemos el delito. La defensa pública cumple un rol en el estado que tiene que ver con el cúmulo de garantías de la constitución y el derecho de defensa, que va unido al principio de inocencia. Es un rol en el estado".
Definió a la justicia provincial y federal como "dos mundos totalmente distintos". La defensora General comentó: "La justicia provincial son el 85 por ciento de la justicia de todo el país. La justicia federal es una justicia de excepción, que trabaja en determinas cuestiones que marca la ley que tienen que ver con intereses nacionales".
"Es un estado de derecho y la defensa pública no es un organismo loco que pide cosas que van en contra de la paz social", insistió la funcionaria. En ese sentido, insistió en que se está haciendo corre un rumor "que no tiene nada que ver con la realidad", y apuntó: "Nadie está pidiendo pedidos masivos, tampoco el gobernador salió a decir que va a largar a 500 a través de una conmutación porque no es así".
"La única forma política de largar presos son los indultos y conmutaciones. Ayer el secretario de Justicia dijo que Perotti no lo tiene pensado, Alberto Fernández dijo lo mismo; creo que hoy la ministra Losardo (ministra de Justicia Nacional) también salió a decirlo".
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