Desde febrero, Argentina y Uruguay podrán cruzar información tributaria de evasores

"Intercambio habitual". El titular de la Dirección General Impositiva (DGI) de Uruguay, Pablo Ferreri, describió así el carácter que empezará a tener la información tributaria que circule entre su organismo y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a partir del 7 de febrero. Tras la confirmación de los parlamentos de ambos países, el tratado que se firmó en abril del año pasado entrará en vigencia y pondrá un importante límite a las ventajas que daba el país vecino a los evasores y también a los errores a la hora de establecer impuestos.

El Estado Nacional tenía un interés especial en llegar a este estadio desde hace años, ya que ahora podrá evitar los obstáculos para reclamar información de ciudadanos o actores económicos argentinos que, sospechados de lavado de dinero o evasión, se escudaban en cuentas bancarias que contaban con fuertes normas de secreto cruzando el río de la plata.

Entre las características principales del acuerdo bilateral se encuentra la no retroactividad para los pedidos de información, es decir, no se afectará toda la actividad previa a la fecha de inicio del convenio y deberá tener en cuenta la relación de los pedidos con causas relevantes. Además, existirá la intención de evitar la doble imposición mediante un mecanismo de crédito fiscal que evite los errores entre ambos países.

El tratado supone además que se podrá acceder a información sobre bancos, instituciones financieras, mandatarios o fiduciarios, datos vinculados a la propiedad de sociedades personales, fideicomisos y fundaciones. Esta lista deja afuera de los pedidos a las sociedades que cotizan en bolsa y a los fondos o planes de inversión colectiva públicos, a menos que esos datos se puedan obtener "sin ocasionar dificultades desproporcionadas".

Cabe recorder que antes de estos pasos para generar mayor transparencia en la región, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) había exigido a Uruguay firmar acuerdos para simplificar y asegurar el intercambio de información tributaria tanto con Argentina como con Brasil para salir de la llama lista gris de paraísos fiscales, es decir países sospechados de dar facilidades para el lavado de dinero.

De todas formas, Uruguay contará con 60 días para informar a los solicitantes que sus pedidos no cuentan con los requisitos necesarios y hasta 90 días para dar la informaicón o plantear el fracaso de la búsqueda. Esto plantea una diferencia con otro convenios que implican una entrega inmediata de la información por la relevacia de los tiempos judiciales, aunque implica un paso adelante para los grises que existían hasta el momento.