Para la Justicia, el asesinato de José Ignacio Rucci no es de lesa humanidad

El juez federal Ariel Lijo archivó la causa por el asesinato del secretario general de la CGT José Ignacio Rucci, ocurrido en 1973 y atribuido a la organización Montoneros, luego de considerar que no representó un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, prescribió.

Fuentes judiciales informaron que el magistrado firmó una resolución de 123 carillas en la que resolvió archivar la investigación al considerar que no es imprescriptible, aunque su hija, la diputada Claudia Rucci, anunció que apelará el fallo.

"Vamos a apelar a Cámara y si es necesario, a la Corte. Si hay negación de Justicia, vamos a recurrir a los tribunales internacionales", señaló Claudia Rucci en su cuenta de Twitter minutos después de la difusión del fallo de Lijo.

La investigación se inició el 25 de septiembre de 1973 a raíz del homicidio del entonces líder de la CGT, quien recibió 23 balazos al salir de su casa en la avenida Avellaneda de la Capital Federal, hecho en el que también fueron heridos sus acompañantes Ramón Dionisio Rocha, Abraham Muñoz, José Antonio López y Rodolfo Francisco Díaz.

En 2008, a raíz de la insistencia de Claudia Rucci, se reabrió la causa, a la que se sumó como prueba el libro "Operación Traviata", del periodista Ceferino Reato, que atribuyó el hecho a Montoneros. El crimen tal cual se investigó habría sido perpetrado por la organización peronista en contra de lo que denominaban la "burocracia sindical", y para el juez los perpetradores tuvieron como objeto "alterar el orden público y afectar la seguridad de la Nación. No obstante, las evidentes deficiencias de las etapas iniciales han impedido establecer la materialidad concreta del hecho".

"En tal sentido, dicha circunstancia no sólo se vio reflejada en la pérdida de prueba trascendental para la causa sino que derivó en una confusa polarización de las actuaciones en las que simultánea y antagónicamente se intentó determinar la responsabilidad en miembros de la Triple A y de Montoneros, sin haberse podido lograr dicho objetivo", sostuvo Lijo en el fallo. No obstante, Lijo aseguró estar en condiciones de descartar la responsabilidad de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) en el homicidio y, "como contrapartida", a lo largo de la investigación se han incorporado elementos que dan cuenta de la posible responsabilidad de miembros de Montoneros.

"Entre ellos, pueden destacarse diversos documentos y testimonios de los que surge que dicha organización se atribuyó la autoría del crimen y que el móvil habría sido la supuesta responsabilidad de Rucci en la conocida Matanza de Ezeiza", añadió. Siguiendo la hipótesis de Montoneros, el juez consideró que "no se puede aceptar seriamente la imputación que hace la querella en forma generalizada respecto de personas que dice que pertenecieron a una agrupación que militaba en la época".

Agregó que las pruebas "parecieran indicar que la toma de decisión del asesinato fue dispuesta por unanimidad por los miembros de la conducción nacional de Montoneros, integrada por Mario Firmenich, Roberto Quieto, Marcos Osatynsky, Fernando Vaca Narvaja, Horacio Mendizábal, Roberto Perdía, Rodolfo Galimberti, Norma Esther Arrostito, María Antonia Berger y Clemente Yager.

En su resolución, Lijo reconoció no poder "satisfacer a los familiares de José Ignacio Rucci otorgándoles una respuesta que permita conocer la verdad histórica de su asesinato".

A pesar de ello, entendió que los plazos de prescripción estaban vencidos y, en función de no considerar el caso como de lesa humanidad, dispuso el archivo de la investigación.

Vuelos

El juez federal Sergio Torres elevó a juicio oral la investigación por los “vuelos de la muerte”, mediante los cuales detenidos desaparecidos eran lanzados vivos al río de la Plata, y declaró clausurada la instrucción con respecto a los aviadores navales Julio Poch y Enrique de Saint Georges y el abogado Gonzalo Torres, acusados de participar en esos procedimientos.