Judiciales

Apelaron el fallo que sobreseyó al juez federal Reinaldo Rodríguez

El fiscal Walter Rodríguez recurrió a la Cámara Federal y ahora el tribunal de alzada deberá definir si confirma el fallo.

Jueves 04 de Octubre de 2018

La causa que investiga al juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, por una presunta maniobra ardidosa que permitió cobrar una serie de bonos defaulteados del 2001 por medio de un amparo judicial presentado por un abogado de Buenos Aires, aguarda resultado en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

El caso, que se trata con un absoluto hermetismo en la Justicia federal, surgió luego de que el pasado mes de septiembre, el juez federal Nº 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, dictó el sobreseimiento para el magistrado santafesino. El mismo, según trascendió, es investigado por el fiscal Walter Rodríguez, por los delitos de "prevaricato", "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos" y "fraude a la administración pública".

El caso del representante del Ministerio Público Fiscal tuvo su inicio en 2017, cuando los jueces, José María Escobar Cello, Luciano Lauría y María Ivón Vella ordenaron que se investigue si el magistrado Rodríguez había cometido algún tipo de ilícito al otorgar el amparo presentado por el abogado Carlos Clerc –que representaba al ingeniero Miguel Ángel Dubarry– para cobar un monto total de $649.023,66 y saltar el corralito financiero que había decretado el Ministerio de Economía tras la crisis financiera del 2001.

Por ese hecho, el tribunal de jueces camaristas condenó a Clerc y Dubarry a dos años y diez meses de prisión en suspenso como autores penalmente responsables del delito de "defraudación al Estado". En esa sentencia, resuelta el 12 de octubre del 2017, el tribunal ordenó que se remitan copias a la Fiscalía en turno para que se investigue la posible comisión de un delito de parte del juez Rodríguez.

Meses después, ya en 2018, las actuaciones comenzaron a ser tramitadas en la Fiscalía Federal Nº 2, a cargo de Walter Rodríguez, quien luego de cotejar las pruebas recolectadas solicitó al juez Nº 2, Francisco Miño, que cite a indagatoria al magistrado Rodríguez. Este último recusó a su par Miño por lo que el titular del Juzgado Nº 2 se apartó de la causa y el expediente pasó al Juzgado Federal de Rafaela. Allí, el juez Miguel Abásolo se excusó y la causa fue remitida al Juzgado Nº 4, a cargo del rosarino Bailaque.

El juez federal rosarino determinó dictar el sobreseimiento de su par santafesino pero el fallo fue apelado por el fiscal Rodríguez, quien recurrió a la Cámara Federal de Apelaciones. Ahora, el tribunal de alzada tendrá que definir si confirma lo dictado por el juez Bailaque o si revoca la medida y determina que se continúe con la investigación que tiene bajo la lupa a Reinaldo Rodríguez.
Génesis

El inicio de la causa fue en 2005, cuando el exsubsecretario legal del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, Osvaldo Siseles, denunció en la Fiscalía Federal Nº 1, de la ciudad de Santa Fe, que el ingeniero, oriundo de la ciudad de Buenos Aires, Miguel Ángel Dubarry, cobró una serie de bonos –llamados Bocones Previsionales– luego de la presentación de un amparo judicial que llevaba la firma del abogado Carlos Clerc. Dicho amparo fue presentado ante el juez federal Reinaldo Rodríguez.

El recurso solicitó al magistrado que declare inconstitucionales los decretos 471/2002, 316/2002, las resoluciones del Ministerio de Economía 73/02 y 156/2003 y también la Ley 25.725 Enlace añadido por la extensión vLex, que rechazaban el pago de los bonos que fueron adquiridos poscrisis 2001 por Dubarry.

El amparo fue aprobado por Rodríguez y así se cobró la suma de dinero que en ese entonces era de $649.023,66. En este sentido, para los investigadores del caso, el amparo fue mediante un ardid que tuvo como fin pasar por alto los corralitos financieros establecidos en el 2001 a través de las leyes y decretos.

La investigación detectó que la artimaña presentada por Clerc y Dubarry implicó que se incorpore al amparo a un hombre, con edad avanzada, Fernando Bugnard, suegro en ese entonces de Dubarry y el cual tenía 90 años. Esa incorporación permitió poder solicitar el pago de los bonos ya que una resolución –la 73/02– había determinado que las personas que tenían riesgos en su salud o tenían una edad avanzada podían cobrar los bonos.

A esa situación, los investigadores apuntaron a que tanto el propio Bugnard y Clerc declararon en el amparo domicilios en la provincia de Santa Fe cuando ninguno residía en la provincia.

En tanto, durante el debate llevado a cabo en el Tribunal Oral Federal en octubre del año pasado, se develó que Clerc y el juez Rodríguez mantuvieron contactos telefónicos durante los días en que se llevó a cabo la presentación del amparo judicial que permitió el cobro de los bonos.

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