La confirmación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la condena a seis años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta pone punto final a una de las causas de corrupción más relevantes de las últimas décadas. El caso, que estalló públicamente con la imagen del ex secretario de Obras Públicas José López arrojando bolsos con dólares en un convento, expuso una estructura de beneficios irregulares en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
Causa Vialidad: cómo se gestó el caso que investigó el desvío de fondos públicos y terminó condenando a Cristina Fernández
Tras años de investigación y un extenso juicio oral, la causa por el direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz concluyó con una condena firme contra Cristina Fernández de Kirchner. El caso reveló una estructura de corrupción que benefició al empresario Lázaro Báez.
10 de junio 2025 · 18:26hs
Causa Vialidad: cómo se gestó el caso que investigó el desvío de fondos públicos y terminó condenando a Cristina Fernández
El 6 de diciembre de 2022, tras tres años y medio de juicio oral y público, el Tribunal Oral Federal N° 2 dictó la sentencia contra la entonces vicepresidenta. Fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, acusada de haber direccionado 51 procesos de licitación de obras viales en favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. También fueron condenados Báez, José López, el ex titular de Vialidad Nelson Periotti y cinco exfuncionarios provinciales, mientras que fueron absueltos Julio De Vido, Carlos Kirchner (primo de Néstor Kirchner), Abel Fatala y Héctor Garro.
El tribunal integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso coincidió en condenarla por administración fraudulenta, pero la absolvió por asociación ilícita por dos votos contra uno: solo Basso entendió que había elementos para aplicar esa figura penal. Además, se ordenó el decomiso de $84.835.227.378,04, suma estimada como el perjuicio económico causado al Estado nacional.
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Durante el juicio, el fiscal Diego Luciani aportó una de las pruebas que se volvería central en la acusación: los mensajes hallados en el celular de José López al momento de su detención en 2016. En ellos se hace referencia a reuniones entre López y Cristina Kirchner, así como con Báez y otros actores claves del esquema. También se mencionan contactos con Julio Mendoza, presidente de Austral Construcciones, la firma insignia del empresario patagónico.
Una conversación clave reveló que, en noviembre de 2015, pocos días antes de la asunción de Mauricio Macri, Báez debía “cobrar todo lo que se le adeudaba” antes de que Cristina dejara el poder para luego cerrar las empresas.
"Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional", expresó el tribunal en su fallo de primera instancia.
La maniobra, concluyeron los jueces, tuvo como objetivo “asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso: Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez”.
La defensa de la ex mandataria apeló la condena ante la Cámara Federal de Casación Penal, que el 13 de noviembre de 2024 confirmó el fallo. Los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos ratificaron la responsabilidad de Fernández de Kirchner en el desvío de fondos públicos. Hornos fue más allá: votó también por condenarla por asociación ilícita, como había pedido la fiscalía.
“Que desde 2003 a 2015 funcionarios públicos nacionales y provinciales, entre los que se encontraba la dos veces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, llevaron a cabo una maniobra fraudulenta que perjudicó de manera trascendente a las cuentas del Estado nacional, pues se desvió el dinero público en favor del empresario Lázaro Antonio Báez a partir de la asignación de obra pública vial a sus empresas”, sostuvieron los magistrados.
Los abogados de los condenados presentaron recursos extraordinarios, que fueron rechazados por la Casación. Finalmente, la Corte Suprema desestimó las quejas, dejando la condena firme. Así, la causa conocida como "Vialidad" —por haber investigado la adjudicación irregular de obras en ese sector— marca un hito judicial: una ex presidenta con sentencia firme y pena de prisión por corrupción durante su mandato.
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