Condenaron al organizador de una asociación ilícita que estafó en más de $271 millones a una empresa santafesina

Un hombre de 44 años fue condenado en la ciudad de Santa Fe como organizador de una asociación ilícita que llevó adelante una millonaria estafa contra una empresa constructora. Se trata de Emilio Alberto Paglia, quien recibió una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo en el marco de un juicio abreviado.

La sentencia fue dictada por la jueza Susana Luna, a partir de una investigación encabezada por la fiscal Bárbara Ilera, quien detalló que las maniobras delictivas provocaron un perjuicio económico de 271.083.520,46 pesos, monto que actualizado por inflación “asciende a más del triple en la actualidad”.

Una maniobra en dos etapas

Según precisó la fiscal, la investigación permitió identificar dos momentos bien diferenciados en el accionar de la banda. El primero se desarrolló entre junio de 2022 y enero de 2023, con la participación de Paglia junto a Lucila Palao Chiartano y Carlos Ceccone, aunque de manera desorganizada.

En tanto, el segundo período se extendió desde enero hasta agosto de 2023, cuando Paglia asumió el rol de organizador de la asociación ilícita, reclutó a más personas y amplió la operatoria para diversificar la salida del dinero y dificultar su detección.

Cheques adulterados y registros falsos

La maniobra tuvo como pieza clave a quien se desempeñaba como tesorera de la empresa, Lucila Palao Chiartano, quien ya fue condenada. Según explicó Ilera, fue ella quien diseñó el ardid delictivo.

“Sustrajo cheques de la empresa, falsificó la firma del presidente e incluyó como beneficiarios a integrantes de la banda”, detalló la fiscal. Además, modificó registros contables para simular pagos a proveedores reales, lo que permitía encubrir las maniobras.

Los cheques adulterados eran luego cobrados o endosados por los distintos integrantes de la organización. “Ninguno brindó contraprestación alguna por los pagos que recibió”, subrayó Ilera.

La investigación se inició a partir de una denuncia de la propia empresa, que tras una auditoría interna detectó que las irregularidades eran más graves de lo que se presumía inicialmente. En ese sentido, la fiscal valoró el aporte de documentación clave por parte de la firma.

Amenazas, armas y extorsiones

Además de la estafa, Paglia fue condenado por otros delitos. Entre ellos, amenazas calificadas con arma de fuego, coacciones y extorsión.

Uno de los hechos ocurrió el 22 de julio de 2023, cuando amenazó de muerte a dos personas, exhibió un arma, accionó la corredera y apuntó contra una de las víctimas. También se acreditaron amenazas reiteradas entre agosto de 2023 y marzo de 2024.

El último episodio tuvo lugar en febrero de 2024, cuando el condenado se presentó en la vivienda de un hombre, le exigió la entrega de 10 millones de pesos y lo amenazó de muerte.

Condenas y reparación económica

Paglia reconoció su responsabilidad penal como organizador de la asociación ilícita, coautor de estafas reiteradas y autor de los restantes delitos, y aceptó la pena en el marco del procedimiento abreviado.

En la causa también fueron condenadas otras ocho personas. La tesorera Palao Chiartano recibió cuatro años de prisión efectiva, mientras que Ceccone fue condenado a tres años de cumplimiento efectivo.

Otros implicados recibieron penas condicionales y debieron realizar pagos, devoluciones de dinero y entrega de vehículos como parte de la reparación a la empresa damnificada. Incluso, algunos bienes fueron donados a instituciones y organismos públicos.

La causa dejó al descubierto una compleja estructura delictiva que operó durante más de un año y que logró desviar una suma millonaria mediante maniobras contables y financieras fraudulentas.

Daniel Luciano Torres, Daiana Romina Baudino, Mariano Javier Martínez, Silvio Bersezio y Lucas Pruvost fueron condenados a tres años de prisión condicional y también debieron pagar una multa de 90.000 pesos cada uno, tal como lo establece el Código Penal de la Nación.

Además, a Torres se le decomisó un vehículo marca Toyota modelo Yaris que fue cedido a la empresa perjudicada. Martínez entregó a la compañía una camioneta Volkswagen Amarok y donó un Fiat Idea al Ministerio de Seguridad de la provincia. Berzesio cedió una camioneta Toyota Hilux, debió donar 60.000 pesos a la Asociación Civil La Casa de Juan Diego y se le decomisó una pistola de dos cañones calibre 22.

Por su parte, Pruvost entregó 22.000 dólares a la compañía y realizó una donación de 100.000 pesos al Hospital de Niños de Santa Fe. Por último, se realizó la suspensión de juicio a prueba por dos años para María Gisel Gontero, quien también debió reparar a la empresa con 5.000.000 de pesos y tuvo que pagar la multa de 90.000 pesos que establece el Código Penal de la Nación.