Denuncian a la jueza Paula Calace Vigo por presuntas irregularidades durante el proceso electoral de Camioneros Santa Fe

La jueza Paula Calace Vigo, titular del Juzgado Laboral de Primera Instancia de Rosario, fue denunciada ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe por presuntas irregularidades cometidas durante su intervención en el conflicto judicial que derivó en la suspensión del proceso electoral del Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe.

Según trascendió, la denuncia ya se encuentra en trámite y las autoridades sindicales fueron convocadas para los próximos días a fin de ratificar formalmente la presentación y ampliar los fundamentos expuestos ante el máximo tribunal provincial.

La presentación cuestiona diversas actuaciones desarrolladas por la magistrada durante el trámite de la causa, sosteniendo que se habrían adoptado decisiones incompatibles con los principios de imparcialidad, debido proceso e igualdad de las partes que deben regir toda actuación judicial.

Los fundamentos de la denuncia

Uno de los principales cuestionamientos se refiere a la falta de participación otorgada inicialmente a la Junta Electoral del Sindicato, órgano estatutariamente encargado de fiscalizar y controlar el proceso electoral. Según se sostiene en la denuncia, pese a que las decisiones judiciales impactaban directamente sobre cuestiones sometidas al análisis de dicho órgano, la Junta Electoral no habría sido incorporada oportunamente al expediente para ejercer plenamente su derecho de defensa y aportar los antecedentes vinculados con las impugnaciones existentes.

Los denunciantes afirman además que, cuando finalmente se permitió la intervención de la Junta Electoral, la magistrada habría desatendido los planteos y elementos incorporados a la causa, entre ellos las denuncias vinculadas con presuntas firmas y avales falsificados en la conformación de la lista opositora. Tales circunstancias habían sido observadas por las autoridades electorales sindicales y posteriormente dieron origen a actuaciones destinadas a determinar la autenticidad de la documentación presentada para la oficialización de dicha lista.

Otro de los ejes centrales de la denuncia apunta a presuntas violaciones de normas procesales durante la tramitación del expediente. Según la presentación, se habrían omitido procedimientos y garantías esenciales previstas por el ordenamiento jurídico, generando un escenario de desigualdad entre las partes y favoreciendo la posición procesal de quienes impulsaban la suspensión de las elecciones.

En ese sentido, los denunciantes sostienen que la actuación judicial no sólo alteró el normal desarrollo del proceso electoral, sino que además produjo un evidente desequilibrio procesal en favor de una de las partes involucradas, circunstancia que, a su criterio, comprometería las garantías de objetividad e independencia que deben observar los magistrados en el ejercicio de sus funciones.

La denuncia también pone de relieve que las resoluciones adoptadas terminaron afectando un proceso democrático interno de una organización sindical, cuyas autoridades sostienen que existían mecanismos estatutarios y órganos específicos competentes para resolver las controversias planteadas dentro del proceso electoral.

Las otras investigaciones derivadas del proceso electoral

La situación adquiere especial relevancia porque se desarrolla paralelamente a otra investigación que procura determinar las responsabilidades derivadas de las presuntas irregularidades detectadas en la presentación de una lista electoral encabezada por Omar Galarza. En ese expediente se investigan denuncias relacionadas con la posible falsificación de firmas, avales y demás documentación presentada para participar de los comicios sindicales.

Asimismo, entre los aspectos que forman parte del contexto general del conflicto se encuentran los distintos episodios y trascendidos públicos que durante meses vincularon el proceso electoral de Camioneros Santa Fe con otras organizaciones sindicales ajenas a la elección, pese a tratarse de entidades independientes y sin relación institucional directa.

Con ambas investigaciones en trámite, el conflicto electoral desarrollado durante el último proceso comicial continúa generando derivaciones judiciales e institucionales. Mientras una causa busca determinar las eventuales responsabilidades penales derivadas de las presuntas irregularidades detectadas en la conformación de una lista electoral, la otra pone bajo análisis la actuación de la magistrada que intervino en el conflicto.

La convocatoria efectuada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para que las autoridades sindicales ratifiquen la denuncia constituye un nuevo paso dentro de un proceso que permanece abierto y cuyo resultado podría tener importantes consecuencias institucionales para todos los actores involucrados.