El abogado de Vitacar desligó a la firma de la causa que investiga el fraude al Estado

Luego de que salga a la luz el llamado a indagatoria para dos empresarios santafesinos por la presunta defraudación al Estado por la explotación irregular del terreno fiscal de avenida Alem, entre Belgrano y Las Heras, el titular de una de las concesionarias situadas allí, Vitacar, salió al cruce y aclaró cuál es la situación actual de su empresa.

Se trata de Alberto Tacca, quien por medio de su abogado, Néstor Oroño, explicó que Vitacar es de su propiedad no de Jorge Alberto Minella, quien fue citado para el próximo 27 de marzo a indagatoria ante el juez federal Reinaldo Rodríguez. El mismo es investigado por el fiscal Gustavo Onel, por fraude al Estado luego de haber culminado el contrato de explotación del terreno fiscal que originalmente le pertenecía a la ex-Estación Talleres Santa Fe del Ramal "F".

Según explicó Oroño a UNO Santa Fe, Tacca le alquilaba a Minella el lugar donde se encuentra actualmente emplazada la concesionaria de automóviles. "Vitacar ocupa esos terrenos en virtud de un contrato de locación, celebrado con el señor Jorge Albeto Minella. Este fue quien originalmente obtuvo la concesión del Estado nacional para explotar esos terrenos ubicados en Alem, entre Belgrano y Las Heras", sostuvo el letrado.

"En ese marco se celebró un contrato de locación con Vitacar cuyo socio gerente es el señor Alberto Tacca. El contrato fue con términos reales de mercado. Tacca pagaba a Minella un alquiler aproximadamente de 40 mil pesos por mes", resaltó.

Oroño además se refirió a que Tacca no estaba al tanto de que el concesionario del terreno había culminado el contrato de explotación del mismo en el 2001 y que desde entonces continuó abonando una suma irrisoria de $450 al Estado nacional sin ningún tipo de regulación jurídica. "Mi cliente desconocía cuáles eran las condiciones que tenía Minella con el Estado para explotar ese predio, por lo tanto Tacca no se encuentra imputado en esta acción penal por presunta defraudación contra la administración pública que se lleva adelante en el Juzgado federal Nº 1 de Santa Fe", destacó el abogado.

"Hay un error en la información cuando se consigna al señor Jorge Alberto Minella como titular de Vitacar. Minella es el concesionario que explotaba el predio y a su vez el locador del inmueble en favor de Tacca. Por eso reitero, Vitacar es propiedad de mi cliente quien es ajeno a esta maniobra y no está siendo objeto de ningún tipo de investigación", remarcó Oroño.

—¿Evalúan accionar penalmente contra Minella?

—No, no. Lo que Tacca va a hacer es que en el término que se le fije, por autoridad judicial o por requerimiento del Estado, desocupar el inmueble. Lo que sí ha dejado de hacer, tras enterarse de que Minella tendría vencida esta concesión, es dejar de abonar el canon que realizaba a valores actuales del mercado.

—¿Se vio sorprendido su cliente por la situación?

—Totalmente. Siempre actuó en el convencimiento de que las condiciones originarias de condición a favor de Minella subsistían y que existía una vinculación jurídica entre el Estado nacional y este señor. Por eso él contrató con Minella y le siguió abonando regularmente el canon locativo.

Contrato vencido

El caso se destapó luego de que el juez federal Rodríguez citó a indagatoria a Jorge Alberto Minella y Marcos Valentino, presidente de la firma Nation S.A., ambos investigados por el fiscal Onel, como "partícipes necesarios del delito de  "defraudación en perjuicio de la administración pública, bajo la modalidad de administración fraudulenta". 

En su investigación, el titular de la Fiscalía Federal Nº 1 detectó que tanto Minella como Valentino  llevaron a cabo un contrato, en 1999, con el Estado nacional para explotar el terreno de la manzana 99 ubicado en Alem, entre Belgrano, Las Heras y Eva Perón. Una de las zonas más transitadas y que en la actualidad cotiza a valores millonarios.

Ese contrato fue por el plazo de dos años y por un monto que en el caso de Minella fue por $450 mensuales, mientras que Nation cerró por $500. Dicho contrato culminó en 2001 pero los dos empresarios continuaron explotando el terreno fiscal sin ningún marco jurídico, según develó la pesquisa, con el Estado nacional.

En este sentido, para los investigadores el daño causado al Estado oscilaría de manera preliminar en $47.000.000, para cada uno, desde el 2001 –cuando concluyó el contrato– hasta el 2015.

Otros acusados

El llamado a indagatoria también es para dos exfuncionarios nacionales que se desempeñaron en el área que debía controlar los bienes del Estado. Por un lado, Fernando Miguel Suárez, que se desempeñó entre el 4 de junio del 2003 y el 9 de agosto del 2012, como director del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe).

Y por otro Antonio Alberto Vulcano, quien presidió la Agencia de Administración de Bienes del Estado (organismo creado tras la disolución del Onabe). El mismo estuvo al frente del área desde agosto del 2012 hasta el 21 de diciembre del 2015, fecha en la que asumió la actual gestión y que inició el proceso de desalojo del terreno.