Imputaron a un traumatólogo por desobedecer una orden judicial y siguen investigando el abuso sexual denunciado

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) imputó a un traumatólogo de Santa Fe, Sebastián G., denunciado por abuso sexual con acceso carnal. Sin embargo, en esta instancia inicial la Justicia solo avanzó con la imputación por incumplimiento de una orden judicial del Tribunal de Familia, mientras que la presunta agresión sexual continúa bajo investigación.

El fiscal Matías Broggi explicó que el caso se abrió investigando dos hechos paralelos: un posible abuso sexual y la violación de una medida dispuesta en enero por un tribunal unipersonal durante la feria judicial. Para imputar este último punto, era necesario acreditar la existencia de la orden y confirmar que el acusado había sido notificado, ya que una medida no notificada “no es exigible”.

Sobre el abuso sexual, el funcionario judicial remarcó que hasta el momento no se alcanzó el estándar de verosimilitud requerido para imputar. “No descartamos el hecho, pero no contamos con elementos lo suficientemente contundentes para sostenerlo y pedir medidas cautelares específicas”, aclaró.

Medidas cautelares sin prisión preventiva

La imputación por incumplimiento de orden judicial no habilita, por ahora, una prisión preventiva. “No estamos frente a un delito que permita superar el umbral para una pena de ejecución efectiva”, señaló el fiscal. Por ello, se dispusieron medidas de restricción: prohibición de acercamiento y de contacto con la denunciante, curso de reeducación emocional dictado por la Municipalidad e inicio de tratamiento psicológico, con obligación de informar avances al MPA.

Además, se fijó una fianza a nombre de un tercero, lo que —explicó el fiscal— refuerza el cumplimiento de las medidas porque el incumplimiento impactaría económicamente en otra persona.

Control y acompañamiento

Para garantizar que el acusado respete las restricciones, intervendrá una agencia especializada en control de medidas alternativas. “Su libertad depende del cumplimiento estricto de estas condiciones. La amenaza del poder coercitivo del Estado es más fuerte que en el ámbito de Familia”, señaló el fiscal, en referencia a incumplimientos previos del imputado en esa jurisdicción.

En tanto, la denunciante fue derivada al área de Género y Diversidades de la Municipalidad, donde recibirá acompañamiento psicológico y contención, tal como ocurre en todos los casos de violencia de género o delitos sexuales.

La investigación penal por el presunto abuso sexual seguirá adelante en busca de nuevos elementos que permitan avanzar hacia una posible imputación.