Jefes policiales acusados de desvío de fondos: los castigos que recibían los oficiales que se atrasaban en la rendición de pagos

“Una asociación ilícita creada, asentada y consolidada en el corazón de la Unidad Regional II”, definió el fiscal José Luis Caterina al sistema de recaudación ilegal ideado por el ex jefe de la Policía del Departamento Rosario Daniel Acosta, acusado de defraudar durante dos años al erario público absorbiendo fondos que estaban destinados a la carga de combustible de patrulleros.

La causa por peculado, que provocó un cimbronazo en el mundo azul local y significó la caída de históricos nombres de la fuerza, tuvo ahora un segundo tramo, donde la acusación postuló la existencia de una banda organizada para obtener dinero ilícito. El trámite tuvo lugar tras las acusaciones conocidas en mayo pasado, cuando la Fiscalía expuso el mecanismo de defraudación al Estado con las tarjetas Visa Flota mediante la sobrefacturación o las cargas fantasma de combustible.

La Fiscalía ya había expuesto los números de este mecanismo: en abril pasado, antes de los allanamientos de Asuntos Internos, la Unidad Regional II gastó la suma de $406.924.155,07 en combustible. Y en junio, con la maniobra defraudatoria ya desbaratada, la inversión de la provincia fue de $348.147.069,63, es decir, 58 millones de pesos menos.

Acosta fue imputado este jueves junto a trece ex jefes policiales a su cargo, incluido su secretario privado, el organizador Rodrigo Domínguez, definido como el hombre a cargo de la insólita “Oficina de Gestión de Multas” (OGM), el mecanismo por el que se castigaba a los uniformados que se atrasaban en la rendición de pagos a la “superioridad” y por el cual se exigía, en compensación por las demoras, la entrega de whiskies caros, vinos y costillares, según indica un testimonio citado por el fiscal.

Los ex jefes policiales que comparecieron ante el juez Gustavo Pérez Urrechu son el ex jefe Acosta, su secretario Domínguez, Adrián Bahl (ex Escuadrón Caballería y Sección Perros); Fabián Becerra (ex Grupo Táctica Multipropósito); Roberto Blanco (ex Sección Logística); Nicolás Cuesta (ex jefe de Adicionales); Diego Luna (ex Cuerpo de Guardia de Infantería –CGI–); Edgardo Roldán (ex inspector de Zona VI); Roberto Sandoval (interventor de Medicina Legal al momento de los hechos); Héctor Saucedo (ex Motorizada); Diego Santamaría (ex Comando Radioeléctrico); Juan Alberto Villordo (ex numerario de Motorizada); Juan Manuel Herrera (subjefe de Motorizada) y Fabián Fantín (Escuadrón Caballería y Sección Perros).

El fiscal Caterina los acusó de integrar una asociación ilícita que funcionó entre mayo de 2023 y mayo de 2025, y que tuvo por finalidad “garantizar un circuito ascendente y continuo de retornos o beneficios de actividades ilícitas, como también de dádivas o ‘multas’ en dinero en efectivo o en especies, como bebidas de altísimo valor, que imponían principalmente a los miembros de la propia organización. Cobró particular relevancia la cuestión de los retornos relativos al arreglo que se mantenía con la firma Gas Auto Tiferno, estación de servicio ubicada en Ovidio Lagos al 3947”.

Acosta y Domínguez esperaban, con frecuencia quincenal, un porcentaje de lo que recibían y retiraban las secciones de la Agrupación Cuerpos, es decir, la policía preventiva, cuyas agrupaciones estaban a cargo de gran parte de los imputados al momento de los hechos.

De acuerdo con la imputación, Acosta se valió de su jerarquía formal para disciplinar, principalmente a través de su secretario y amigo personal Rodrigo Domínguez. Estaba al tanto de la cuestión de la carga de combustible y requería “planillas”, además de consultar sobre la presentación de los miembros de la organización para tributarle quincenalmente.

En la imputación tiene relevancia el rol del comisario supervisor Gerardo Fabián Ramírez, que se desempeñaba como jefe de Garage, dependiente de la Jefatura de la UR II, y que ya fue imputado y se encuentra señalado como un hombre al servicio del secretario Domínguez para los cobros.

Tributar al jefe y al secretario

“La asistencia estricta de todos se verificaba, y en caso de no acudir quincenalmente, Domínguez gestionaba a través de Ramírez, quien pasaba a informar al deudor que debía ‘entrevistarse’ con Domínguez. La normalización, a su vez, de castigos internos o sanciones se ejecutaba utilizando los eufemismos de ‘OGM’, que significa ‘Oficina de Gestión de Multas’, y la misma idea de las ‘multas’ por el atraso con las ‘deudas’ mantenidas con esa superioridad”, detalló la Fiscalía.

La Fiscalía agregó que la mentada “OGM” no se limitó a la actividad ilícita vinculada al peculado con los caudales del combustible, sino que se extendió a ser un mecanismo útil para recibir dádivas como costillares, whiskies de gran valor, vinos o dinero en efectivo, todo motivado en cualquier exigencia que no se cumpliera por parte de los miembros en el tiempo y modo querido por Acosta y el secretario Domínguez, que era “la cara visible” del sistema de sanción interno.