Santa Fe

Los once casos por los que el ex juez Rodolfo Mingarini fue destituido

Lo echaron de su trabajo como juez de primera instancia con diez votos por sus sentencias repetitivamente machistas y sesgadas.

Martes 17 de Mayo de 2022

Este martes, por primera vez en la historia de Santa Fe, un juez fue destituido por unanimidad por un tribunal de enjuiciamiento. Todo surgió por investigaciones periodísticas que llevó adelante UNO Santa Fe que pusieron al descubierto el accionar repetitivo, sesgado y machista de Rodolfo Mingarini. A partir de las publicaciones realizadas por este medio 20 diputadas provinciales, la mesa Ni Una Menos y la Multisectorial de Mujeres realizaron una denuncia en la Procuración de la Corte para que el, ahora ex, juez sea llevado a un jury.

La Procuración General de la provincia a cargo de Jorge Barraguirre solicitó el juzgamiento del magistrado por "su forma de razonar, expresarse y decidir", por incumplir normas que regulan la función judicial y porque sus decisiones judiciales "forman parte de la cultura de la violación". La denuncia y las dos ampliaciones que presentó el procurador consta de diez fallos totales. Los imputados de las causas son: Spies, Leandro Exequiel; Gómez, Mauricio; Baldomir, Carlos Manuel; Villafañe, Rodolfo Osvaldo; Rodríguez y otros; Ramos, Gustavo; Cáceres, Jorge Daniel; Mourullo, Gaspar Adrián; Oviedo, Jorge; Brites, Miguel Ángel y Nadalich, Pablo Javier.

Cinco casos son de abusadores sexuales (Spies, Oviedo, Rodríguez, Cáceres y Ramos) que liberó en audiencias de prisión preventiva cuando desoyó las pruebas (en general de psicólogas, psicopedagogas y de revisaciones médicas) y solicitudes de las víctimas. Dejó en libertad a dos hombres peligrosos autores de violencia de género (Gómez, Mourullo) desestimando numerosos testimonios que acreditaron los hechos. En tres fallos bajó la pena de abusadores sexuales intrafamiliares condenados porque los hombres no golpearon a las víctimas y porque no tenían antecedentes, entre otros motivos que no vio como agravantes (Baldomir, Brites y Villafañe).

Y el último (Nadalich) es porque en un caso de violación intentó actuar como juez (no estaba en turno) en una audiencia que tenía de imputado a un hombre al que había representado como defensor público previo a su designación como magistrado. Además llamó antes de la audiencia dos veces a la abogada defensora para adelantarle su opinión sobre el caso (no hizo lo mismo con la otra parte) y la presionó para que no defienda la libertad del hombre imputado.

Barraguirre lo acusó de "ignorancia manifiesta del derecho, de incumplimiento reiterado de obligaciones del cargo y de falta o carencia de otras aptitudes esenciales para el cumplimiento de la función judicial". Se refirió no a las resoluciones finales, sino a las argumentaciones que eligió para fundamentar las decisiones.

La decisión del Tribunal se tomó por unanimidad este martes al mediodía. En esta ocasión el Tribunal de Enjuiciamiento se reunió encabezado por el señor Presidente Dr. Rafael Francisco Gutiérrez e integrado a sus efectos por los señores Ministros Dres. Roberto Héctor Falistocco, Eduardo Guillermo Spuler, Mario Luis Netri, María Angélica Gastaldi, Daniel Aníbal Erbetta; y por los señores Legisladores Armando Traferri (en representación del Senado Provincial) y Maximiliano Pullaro (en representación de la Cámara de Diputados); y los abogados de la matrícula Dres. Julio Pagano (Colegio de Abogados de Reconquista) y Héctor Ferrero (Colegio de Abogados de Rafaela), quienes emitir sus respectivos fundamentos.

Spies

La primera causa es la que dio a conocer UNO Santa Fe el 3 de junio del 2021 en la que de manera oral en una audiencia de medidas cautelares Mingarini liberó con restricciones a un imputado de abuso sexual porque había usado preservativo. “Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se tomó el tiempo, no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda”, había dicho Mingarini.

El procurador en varios puntos apunta a que Mingarini, de haber razonado de ese modo "en un concurso de acceso a la función, claramente hubiera reprobado. No hay la menor duda" y que el juez "incurrió en un severísimo error lógico y además introdujo una defensa que el defensor no había introducido violando de la manera más palmaria y patente la lógica del sistema". Asimismo, analiza que "adoptó una versión del consentimiento sorprendente, humillante y aterrorizadora" a la vez que se señala que ignoró evaluar pruebas presentadas por la fiscalía.

Para un juez santafesino no es violación si se usa preservativo

Además, se solicitó juzgarlo por "la reescritura absurda del Código Penal Argentino en términos aberrantes conmocionando al pueblo de la provincia y de la Nación, adhiriendo a una concepción dogmática del consentimiento de la víctima más allá de toda justificación racional". Y el procurador sostiene que Mingarini en sus argumentaciones "deja absolutamente claro un singular manifiesto desconocimiento de las normas que imponen una particular perspectiva en relación al juzgamiento de delitos de género".

Incluso en un momento de la extensa denuncia, el procurador parodia el Código Penal que aplicó Mingarini con el fin que el tribunal de enjuiciamiento "dimensione" la injusticia. Barraguirre expone: "La pena será de seis (6) a quince (15) años de reclusión o prisión cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral o realizare otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías", y agrega en forma irónica como lo "reescribió" Mingarini: "Se considerará que medió consentimiento de la víctima cuando en la relación haya empleado preservativo".

El fallo de Mingarini fue revocado por el juez de la Cámara de Apelación Penal de Santa Fe, Fernando Gentile Bersano y el 8 de julio de 2021 Spies volvió a prisión, donde permanece hasta hoy. Hubo dos revisiones de prisión preventiva en diciembre del 2021 que fueron rechazadas. La fiscalía presentó la acusación contra Spies y solicitó 12 años de prisión. En mayo será la audiencia preliminar al juicio.

Gómez

Mauricio Sebastián Gómez le tiró una olla de agua hirviendo a su pareja a fines de marzo del 2020. Fue de manera intencional en la casa que compartían en Santo Tomé. La mujer resultó herida gravemente con quemaduras del tipo A y B en sus piernas, brazos, abdomen y tórax. De manera tal que terminó internada dos semanas en el Hospital Cullen y requirió curaciones por casi dos meses. El ataque se dio en el marco de más de 20 años de violencia de género. Situación que fue acreditada por las tres hijas que tiene en común la pareja, entre otras personas. Fue imputado en ese momento por "lesiones dolosas calificadas, en un contexto de violencia de género" pero Mingarini le otorgó la libertad con restricciones al agresor en abril de ese mismo año.

En los tribunales santafesinos, la fiscal Del Río Ayala lo imputó por "lesiones dolosas calificadas, en un contexto de violencia de género" y adelantó en esa oportunidad que eventualmente la solicitud sería de una pena de seis años de prisión. Para el MPA el historial de 20 años de una relación que se desarrolló con violencia de género por parte de Gómez como agresor, sumado a su situación de desempleo y dependencia sobre la víctima implicaban un riesgo para la mujer que en ese momento estaba aún internada. También se hizo hincapié en que durante la agresión, el hombre no asistió a la mujer para nada. Y que nunca cumplió con las restricciones de pandemia, como muestra de la desobediencia a los mandatos de las autoridades.

• Cinco años de prisión para un violento de género que liberó el juez Mingarini en 2020

Antes del ataque con el agua hirviendo, el hombre ya había sido denunciado en una ocasión por una de sus hijas por golpes, único antecedente registrado por el Poder Judicial, aunque sin resolución. Por su parte la familia de la víctima expresó en medios locales que hubo otras denuncias previas en comisarías y dos años antes del ataque más reciente por golpes. Otra parte del contexto es que la mujer era el único sostén económico del hogar, y la agresión de marzo del 2020 en particular se dio durante una discusión en la que ella le pedía a él que trabaje.

En una audiencia de medidas cautelares realizada en abril del 2020, Mingarini sostuvo durante su resolución oral: "Más allá de la connotación moral si se quiere, tiene que ver con cuestiones que tienen que ser dirimidas en otro ámbito, en otro fuero, en familia" y que no iba a "a tratar la cuestión", entre otras frases. Luego manifestó los motivos de su decisión al expresar que como el mínimo de la pena prevista por este tipo de delitos es de tres años, y que menor a ese tiempo la prisión puede ser domiciliaria, entonces no le correspondía la preventiva, desestimando los riesgos planteados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Dos meses más tarde esa decisión fue confirmada en segunda instancia por el juez Alejandro Tizón.

El 21 de Marzo de 2022 hubo dos audiencias en la sala 8 de Tribunales contra Gómez de 41 años. La primera fue de prisión preventiva, por haber incumplido las restricciones previamente impuestas por Mingarini. Lo que hizo en contra del mandato judicial fue contactarse por teléfono de manera habitual con la víctima, aparecerse en su casa y vivir a cuatro cuadras de la mujer cuando tenía que estar a más de 1.000 metros. Fue detenido tres días antes del juicio. La medida para que quede preso fue otorgada por el juez Sergio Carraro. Los fiscales que pidieron la prisión fueron Del Río Ayala y José Ignacio Suasnabar.

La segunda audiencia fue de juicio abreviado a cargo del juez Pablo Busaniche. Las fiscales fueron Del Río Ayala y Jorgelina Mosser Ferro. Allí Gómez reconoció ser autor de los hechos de lesiones graves dolosas calificadas por el vínculo en el marco de violencia de género y desobediencia del mandato judicial reiterado en tres oportunidades. Acordaron cinco años de prisión efectiva. Gómez solicitó ser alojado en las instalaciones carcelarias de Santa Felicia.

Rodríguez

Una mujer de la ciudad de Santa Fe habilitó que durante 2019 al menos tres hombres abusaran sexualmente en varias oportunidades de sus dos hijos con discapacidad de nueve y seis años. En dos de los autores identificados se constató abuso sexual con acceso carnal. La situación de vulneración de varios derechos de los niños y de la violencia a la que eran sometidos la detectaron en la escuela a la que asistían y también lo hizo el equipo de profesionales de una reconocida asociación de salud integral de la ciudad. Toda esta información está en los diferentes legajos judiciales (CUIJ 21082057231) a los que accedió UNO, y se desprende de la investigación fiscal.

Los distintos profesionales que intervinieron describieron que los menores tenían un cuadro de abandono importante: desnutrición, suciedad, retrasos en el aprendizaje. Uno de los niños señaló varias veces a la pareja de su mamá. Hacía dibujos de serpientes y lo señalaba a este hombre y a otro. Escribió que le pasaron cosas feas y que la serpiente le hacía doler. En la cámara Gesell describió los hechos a los que era sometido por estos hombres con detalles. Además se constataron lesiones en revisaciones médicas. De la investigación surge también que les sacaron fotos pornográficas y que las distribuyeron por internet.

Ante el pedido para que los imputados (la mujer y a su pareja) queden en prisión preventiva para continuar con la investigación, Mingarini los dejó en libertad. En su argumentación analizó que las lesiones en los genitales de los dos niños se podrían haber hecho con un supositorio: "Entiendo más probables estas lesiones a cuestiones de un chico con problemas gástricos o intestinal por su alimentación que no se puede controvertir en esta instancia a un hecho tan grave como una penetración".

"A pesar de contar con las declaraciones de las víctimas e informes forenses no tiene acreditadas las lesiones", le señaló Barraguirre al Tribunal de Enjuiciamiento en la denuncia y sus ampliaciones. Y agrega que "la perspectiva interdisciplinaria y de género en relación a los indicadores de abuso, es sorprendente y llamativa. Contrasta, por ejemplo, con el protocolo nacional".

Esta sentencia fue apelada por la fiscalía pero la pareja nunca fue detenida. Al salir de Tribunales los imputados borraron y destruyeron pruebas, amenazaron y hostigaron al entorno que obtuvo la tenencia. La investigación se obstruyó. Están libres.

Oviedo

Varios docentes de una escuela secundaria de la ciudad de Santa Fe notaron en 2019 que una alumna en particular sufría de constantes desmayos y descompensaciones en horario de clases. Al reunirse con ella, les contó con mucha angustia y llanto que un vecino, que era el papá de su amiga, había abusado de ella tiempo atrás. Iban a jugar al piletín a la casa de Oviedo, y cuando salió en al menos una oportunidad, la encerró en el baño y abusó sexualmente de ella. Después la amenazó con un arma para que no cuente nada.

La institución educativa hizo la denuncia después de la intervención de docentes, una preceptora, una psicopedagoga y de directivos. Intervino además la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Además la víctima fue revisada por una médica de un centro de salud local que, luego de varios exámenes, sugirió que vaya a atenderse con un profesional de la salud mental ya que sospechó que se trataban de síntomas psicosomáticos por un trauma.

El día que Mingarini desestimó diagnósticos y mandó a una nena abusada al "neurólogo"

En una audiencia realizada el 21 de octubre de 2019 los fiscales Matías Broggi y Alejandra Del Río Ayala solicitaron la prisión preventiva del imputado Jorge "Lito" Oviedo. Argumentaron que desde que la escuela hizo la denuncia, le "llovían" amenazas a la familia de la chica para que la retiren. Expresaron intenciones, en reiteradas ocasiones, que les quemarían la casa y los iban a tirotear. La víctima también dijo que solía encontrarse al hombre en la calle cerca de su casa y de su escuela, y que la amenazaba. Y además la fiscalía advirtió que la pena que le espera a Oviedo será alta.

"Es muy dudoso todo, no encuentro algo que me convenza de ir más allá de lo que estoy valorando, por lo menos de las consideraciones que estoy haciendo. Hay una situación de salud, que no sabemos si estas pérdidas de conocimiento con convulsiones son una cuestión evidentemente cardíaca, aunque no la tiene, pero nosotros no somos médicos, esto es una cuestión que tienen que decidir los médicos y no nosotros. Habrá que hacerle otro tipo de evaluación médica, tal vez de carácter neurológica pero no es algo que tenga relevancia en esta audiencia", desestimó el juez Rodolfo Mingarini en su sentencia oral sobre el abuso sexual a la joven. La audiencia duró una hora y 26 minutos y quedó registrada por el Poder Judicial. Archivo al que accedió UNO Santa Fe.

Oviedo quedó libre en 2019 por decisión de Mingarini. El imputado tiene varias causas penales y pedidos de exclusión del hogar por violencia de género contra exparejas, que incumplió de manera reiterada. En esos documentos judiciales, la dirección que habitó Oviedo en ese tiempo es la que denunció la niña. Además, le encontraron un arma durante un allanamiento en un caso diferente a este, previamente a la denuncia de la chica.

En esa audiencia Mingarini dijo que no era un lugar para hacer un "minijuicio" sobre los hechos, que no acreditó, y destacó que Oviedo nunca fue condenado. Así que decidió liberarlo con la restricción de que no se acerque a la víctima a 400 metros, que vaya a firmar una vez por mes al MPA y la prohibición de tener armas. "Entiendo que a la hora de llegar a una cámara Gesell, puede arribar a ella sin mayores problemas", dijo el juez sobre el temor planteado por la víctima menor de edad.

En todo este tiempo y hasta hoy la familia de la víctima recibe constantes amenazas e intimidaciones de parte de Oviedo y su entorno para que retiren la denuncia, aunque no son ellos quienes la hicieron.

El 28 de marzo de 2022 en la sala 2 de Tribunales tenía que empezar el juicio contra Oviedo. Enfrenta un pedido de 16 años de prisión como condena. Pero Oviedo se fugó y fue intensamente buscado por las autoridades. Lo atraparon el 7 de abril. Cuando los policías lo encontraron en un allanamiento, el hombre insistió que su nombre era otro: "Me llamo David Alberto Segovia", repitió varias veces. Los oficiales sabían que era mentira porque antes de salir a buscarlo estudiaron las fotos de su persona. Finalmente, confesó su verdadera identidad y fue detenido. Ahora el juicio podría tener fecha recién en seis meses, por los tiempo de demora de las gestiones judiciales.

Nadalich

Otro caso controvertido (CUIJ 21-06868115-1) ocurrió en abril del año pasado cuando se presentó una recusación contra Mingarini en el Poder Judicial por haber intentado actuar como juez (no estaba en turno) en un caso de abuso sexual en el que el imputado, Pablo Javier Nadalich, había sido representado por él como defensor público previo a su designación como magistrado. Y hubo un segundo pedido de recusación porque llamó antes de la audiencia dos veces a la abogada defensora para adelantarle su opinión sobre el caso (no hizo lo mismo con la otra parte) y la presionó para que no defienda la libertad del hombre imputado.

Nadalich es un médico que actualmente se encuentra en libertad, vive en provincia de Buenos Aires donde está bajo tratamiento de adicción a las drogas, y está a la espera del juicio. Se lo acusa de drogar y abusar sexualmente con acceso carnal de una joven.

Baldomir

Además, fue parte del tribunal que juzgó a Carlos Manuel Baldomir, condenado a 18 años de prisión por el abuso sexual a su propia hija. En ese fallo Mingarini votó en disidencia para solicitar que la pena sea menor: de 12 años. Entre los argumentos que utilizó destaca que la víctima no fue golpeada, y que luego tuvo novio, símbolo para él de superar "hechos traumáticos".

"No estoy de acuerdo con las apreciaciones de la querella en cuanto a su imposibilidad de superar estos hechos traumáticos, por cuanto la víctima ha demostrado tener la entereza y capacidad para lograr trasponerlos y desarrollarse normalmente. Y en este punto también discrepo con la mayoría, en cuanto a que si bien los actos del acusado tienen la idoneidad típica para impedir el normal desarrollo sexual en abstracto, en el particular concretamente no han tenido la extensión y lesividad invocada. Pudo iniciar su vida sexual sin conductas sexualmente desviadas, experimentando una relación sentimental adolescente con un joven que incluso se sostuvo en el tiempo, finalizando el noviazgo sin mayores inconvenientes y por otros motivos", argumentó Mingarini en ese fallo.

Y agregó: "También valoro la escasa instrucción formal, la comprobada dedicación y preocupación por el bienestar socio-económico de sus hijos, arraigo familiar, con sustento en un medio de vida lícito (entrenador deportivo), el correcto comportamiento del imputado durante el desarrollo del proceso (demostró su decencia en cuanto que en ningún momento rebatió la versión de su hija en términos peyorativos o descalificatorios, al contrario, no hizo referencia alguna), y la ausencia de antecedentes condenatorios", sostuvo Mingarini.

Villafañe

Rodolfo Villafañe enfrentó un juicio por ser considerado autor de abuso sexual gravemente ultrajante calificado contra sus propias nietas de nueve y 12 años. Lo juzgó el tribunal conformado por Mingarini, Pablo O. Busaniche y Jorge R. Patrizi que acreditaron los hechos. La fiscalía pidió 20 años de prisión pero le dieron 12.

En el fallo, Mingarini pasó a individualizar la pena. Es decir que analizó qué monto sería razonablemente justo imponer al abusador de sus nietas. El juez argumentó: "La falta de antecedentes condenatorios, la buena consideración con relación a sus hábitos de vida, conforme lo expresaron todos los testigos con relación de parentesco o amistad, señalo especialmente lo declarado por su propia hija, quien efectuó la denuncia de la que nunca se retractó, decisión que permitió a la menor continuar con su vida adolescente, sin la contingencia de los ataques por parte de Villafañe y la mínima fuerza ejercida sobre ambas niñas. [...] su abandono de la vivienda [...] lo cierto es que lo hizo voluntariamente, nadie lo expulsó. Se quedó en la vivienda junto con su actual pareja y el hijo de ambos menor de edad, sin volver a contactarse con sus nietas. Esta desaparición voluntaria de la vida de las niñas limitó el perjuicio inicial, por lo menos en lo relativo a su desarrollo psicofísico. Ninguna de las testigos idóneas y versadas, particularmente las psicólogas y las docentes en menor medida, verificaron "daño grave" y mucho menos su intensidad y consecuencias, quedando nuevamente en el ámbito de lo hipotético y discursivo, pero incomprobado".

Más tarde, en la Cámara de Apelaciones expresaron que la pena debía ser más alta ya que Mingarini no tuvo en cuenta los siete agravantes que le correspondían al abuelo abusador. En ese fallo alertaron que "la individualización en cuestión se encuentra ya por debajo" de lo que corresponde "de modo que su tratamiento no resulta, por las razones dadas, esencial ni conducente para la correcta solución que debe darse al caso". Finalmente le dieron 20 años de prisión a Villafañe.

Para Barraguirre esta resolución de Mingarini "revela una trayectoria reiterada o sistemática en desenfocar de manera grave y radical la aplicación del derecho como así también la falta de otras aptitudes imprescindibles para el arte de juzgar".

"Estamos en presencia de una nueva decisión que, en conjunto con las anteriores, demuestran la falta de idoneidad técnica y prudencial del magistrado para el ejercicio de una de las trascendentes funciones del Estado: no ser una fuente extrema de desasosiego, malestar y pérdida de reputación social y legitimar la función judicial dispensando justicia", dijo el procurador en su acusación.

Brites

Miguel Ángel Brites abusó de la pequeña nieta de su pareja entre 2012 y 2016. Los hechos se acreditaron en un juicio en febrero del 2020 y fue condenado por el tribunal integrado por Mingarini, Nicolás Falkenberg y José Luis García Troiano. La fiscalía había solicitado 16 años de prisión. El suspendido juez usó los mismos argumentos que en los casos de Baldomir y Villafañe, y le dio una pena de diez años.

En septiembre de ese mismo año, los camaristas Martha María Feijoó, Sebastián Creus y Jorge Andrés revisaron el caso y le incrementaron la pena a 14 años de prisión. A diferencia de Mingarini, los jueces de segunda instancia acreditaron que la proximidad, la relación de confianza y la frecuencia en el trato entre la víctima y el condenado son ventajas que la convivencia le brindó para consumar los abusos sexuales. Es decir que el polémico juez no había considerado como agravante la convivencia.

Cáceres

El Ministerio Público de la Acusación imputó a Jorge Daniel Cáceres como autor de abuso sexual con acceso carnal en reiteradas oportunidades, calificado por la guarda y la convivencia en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores calificada por la guarda y la convivencia. En una audiencia de prisión preventiva del 20 de enero del 2019 Mingarini evaluó las pruebas presentadas por la fiscalía y luego lo dejó en libertad. La víctima es una niña.

Al analizar la evidencia médica que fue presentada sobre una lesión y el hallazgo de "un líquido blanco" en genitales, Mingarini desestimó la probabilidad de abuso con el siguiente método deductivo: "Con respecto al desgarro (...) y el líquido que no podemos saber porque no somos médicos ni bioquímicos. Puede ser hasta por una cuestión de fluidos propios de la zona genital femenina". Al disponer la libertad del imputado, que es del círculo familiar de la nena, dijo: "Respecto del abuso en sí mismo están a tiempo de realizarse medidas investigativas. Volver a realizar un examen médico y obviamente resta la cámara Gesell".

Mourullo

A fines de 2020 y principios de 2021 Gaspar Mourullo golpeó, encerró y amenazó de muerte a una mujer embarazada. Un día fue hasta la casa de la víctima la agarró, le tapó la boca y le dijo al mismo tiempo que le mostró su arma reglamentaria: "Voy a buscar un arma y te voy a pegar un tiro".

Meses después fue hasta la casa de la mujer, le pegó en la panza de seis meses de gestación entre insultos y se puso en la puerta para que ella no pueda escapar. La violencia de género tenía historia. Había incluso medida una de distancia ordenada por el Juzgado de Familia que fue presentada como prueba ante Mingarini.

El juez le dio la libertad a Mourullo porque interpretó que la violencia era mutua y era "el modo de resolver sus problemas que tenían ambos". Y sobre el hecho denunciado de que no la dejó salir de su casa a través de la violencia ejercida, Mingarini dijo: "Aunque hubiera habido un inicio o hasta una tentativa, finalmente pudo salir".

Ramos

Al igual que en los casos de Rodríguez y de Oviedo, Mingarini dejó en libertad a un imputado por abusos sexual contra una menor porque "consideró la situación higiénica de la niña a pesar de los informes médicos que constataban lesiones", según se describe en la denuncia de la Procuración.

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