Causa Maros: la empleada quedó en prisión ante solventes pruebas

Tras cuatro horas y media de audiencia, el juez Sergio Carraro determinó que Lucila G., alias "Popi", empleada de la agencia de viajes Maros, quede en prisión preventiva al existir una serie de evidencias que, según el magistrado, lucen con total solvencia.

La joven de 24 años había sido imputada el pasado viernes por el fiscal de la causa, Omar De Pedro, quien le atribuyó haber estafado a al menos unas 30 personas que habían abonado múltiples viajes al exterior. De ahora en más, permanecerá detenida en un establecimiento penitenciario, al igual que los otros tres imputados en el caso, Marcela A., Miguel Ángel C. y Ana F.

Dichos y contradicción

Una de las evidencias que dejó al descubierto el presunto grado de participación de la imputada en la maniobra ilícita denunciada por el fiscal y que perjudicó su situación procesal, fue la exposición de un video. Este registro fílmico data del 28 de diciembre del 2016, cuando en horas de la mañana se dirigió, junto a la titular registral del negocio, Ana F., a la sucursal del Banco Macro de Monte Vera, lugar de donde retiró una abultada suma de dinero. El dato de esa prueba expuesta es que se realizó un día antes de que la encargada de la agencia, Marcela A., presente el concurso de quiebra en los juzgados civiles de Santa Fe.

Esta situación dejó en claro, según los fiscales y el propio juez, que la imputada conocía la situación económica por la que atravesaba la empresa de viajes y turismo que dejó desamparados a cientos de clientes a principios de este año.

Además, la contradicción quedó al descubierto, ya que Lucila G. había declarado en la audiencia imputativa que aquel día -cuando retiró el dinero- se había apartado de la empresa tras enterarse que los viajes, con distintos destinos, no iban a efectuarse por problemas económicos.

Con documentos truchos

A la evidencia del video, la Fiscalía presentó ante el juez una serie de documentos con firmas adulteradas de los clientes que habían contratado un viaje a través del pago de tarjeta de crédito, pero que en el resumen que les había llegado figuraban pagos de otros viajes al exterior.

Por ejemplo, una mujer había contratado por medio de tarjeta un paquete con destino a México, pero cuando su resumen mensual llegó, figuraban otras compras por $1.080, $2.155 y $1.485.

Para vincular a Lucila G. a esa maniobra ilícita, la Fiscalía utilizó como evidencia la declaración de varios damnificados que narraron en sede judicial que había sido la misma imputada quien les realizó la operación y hasta llegó a fotografiar la tarjeta de crédito desde su celular.

Por otro lado, según lo expuesto por la Fiscalía, los involucrados buscaron cerrar las distintas cuentas de Facebook y así evitar ciertos parentescos. En este sentido, la nueva acusada había dicho en la imputativa del último viernes que era una simple empleada de la agencia, pero tras una pesquisa por las redes sociales, se determinó que no era así, sino que Marcela A. tenía una gran cercanía con la familia de "Popi". "Es todo un grupo y falta gente", dijo De Pedro en la audiencia.

Entre calificación y fallo

Luego de que el fiscal y los cuatro abogados querellantes expusieran una gran cantidad de pruebas en contra de Lucila G., la defensa -a cargo de Germán Coraza y Juan Aguilar- buscó deslegitimar la calificación jurídica -estafas reiteradas- y los hechos atribuidos. "Ella desconocía la situación patrimonial", sostuvo Aguilar.

A su turno, Coraza se hizo una serie de preguntas: "¿Conocía el estado contable de la empresa?, ¿estaba obligada a hacerlo?". En tanto el letrado rechazó el pedido de prisión preventiva justificando que su defendida en ningún momento obstruyó la investigación y que además se presentó por sus propios medios ante la Fiscalía cuando se había librado una orden de captura.

En consecuencia, presentó algunas alternativas a la privación de la libertad basadas en: que quede a cargo de su hermano, comparecer periódicamente ante el MPA y Oficina de Gestión Judicial; prohibición de salir de un determinado territorio; y una caución -fianza- de una propiedad en la localidad de Recreo tasada en $2.000.000.

Concluida la propuesta de la defensa, el juez Carraro, fiel a su estilo, dictó su fallo de manera oral y ordenó la prisión preventiva para Lucila G.

Causa muy abierta

El caso no deja de abrir más puertas. Por el momento hay cuatro detenidos y una imputada en libertad, aunque desde la Fiscalía indicaron que puede haber más próximamente. De igual manera, la incógnita está puesta en un solo lugar: ¿qué destino tuvo el dinero que se quedó la agencia?