Delito de sedición: vuelven a pedir la indagatoria de seis policías santafesinos

El fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, volvió a solicitar ante el juez Reinaldo Rodríguez que se le tome declaración indagatoria a seis policías imputados por instigación a cometer delitos y sedición durante la protesta policial realizada en la capital provincial y zonas aledañas a comienzo de diciembre pasado, en reclamo de mejoras salariales. Entre los acusados se encuentra el líder de la organización Apropol, Alberto Rubén Martínez, así como también los oficiales Fabricio Javier Abasto, Claudio Marcelo Patiño, Oscar Alberto Aguirres, Mauricio Miguel Pagani y Alejandro Miguel Zamaro.

El fiscal señaló que luego de presentar el pedido en febrero, el juez simplemente manifestó la expresión “téngase presente”, pero sin aclarar si hacía lugar o lo rechazaba. Esa situación, señaló el fiscal, “impide concluir que esta parte ha dejado consentido el proveído, ya que sin desconocer que se trata de una medida no apelable cuanto menos en forma expresa, resulta elocuente que el decreto cuestionado no ha resuelto ningún planteo o petición sobre la procedencia” de la indagatoria.

Al mismo tiempo, debido a que el juez no se expresó sobre el pedido, el representante del Ministerio Público señaló que tampoco podía apelarse la resolución. Además, sostuvo que “no sólo el Ministerio Público Fiscal propició las indagatorias, sino que expresamente fueron solicitadas por los propios imputados Abasto, Patiño, Aguirres, Pagani y Zamaro”.

Finalmente, el fiscal indicó que ante el reclamo unánime de las partes, “no puede admitirse el estancamiento del proceso”, a la espera de que se resuelva la cuestión de competencia, en principio, en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Rosario.

Sin previo aviso

Por otra parte, Walter Rodríguez señaló la irregularidad del trámite por medio del cual el juez citó a prestar ampliación de declaración testimonial al cabo Pamela Soledad Príncipe, sin haber notificado del hecho al Ministerio Público Fiscal que, por ese motivo, no pudo estar presente.

De esta manera, al no haber tomado conocimiento ni podido controlar el acto procesal, en clara violación de lo dispuesto por el Código Procesal Penal de la Nación, el fiscal santafesino explicó que eso interfería “en la estrategia de actuación de la Fiscalía Federal”. Otro de los actos que marcó como irregulares fue un incidente de inhibitoria del 18 de febrero, mediante el cual se le confirió vista a la defensa de Abasto, Patiño, Pagani, Zamaro y Aguirres, y sin embargo no se vinculaba con ellos sino con los intereses de Alberto Rubén Martínez. Básicamente, el incidente se refería a la causa judicial originada por coacciones agravadas ante la Justicia local. Rodríguez puntualizó que el acto había ocurrido pese a que la normativa procesal no contempla “la participación de otra parte distinta al Ministerio Público Fiscal en el trámite que corresponde al Tribunal ante quien se propone el pedido”.

Por último, el representante del MPF solicitó una serie de medidas probatorias, entre las que se destacan tomar declaración testimonial a varios oficiales para que aporten información relevante sobre la causa.

En su requerimiento de instrucción, Rodríguez consideró que los factores de presión utilizados por la policía de la provincia de Córdoba para obtener el aumento salarial, dispararon un eco en Santa Fe que fue amplificado por Martínez y por lo menos otros cinco policías: Fabricio Javier Abasto, Claudio Marcelo Patiño y Mauricio Miguel Pagani, el suboficial principal Oscar Alberto Aguirres y el agente Alejandro Miguel Zamaro. Lo hicieron por medio de las redes sociales, que tuvieron un rol clave para viralizar el minuto a minuto de las medidas de fuerza adoptadas, pero también apoderándose del 911, el sistema centralizado de atención de emergencias para instigar a los agentes que sí estaban prestando servicios al abandono de funciones de prevención y represión, incluso utilizando insultos, amenazas y violentas agresiones verbales.

El director provincial de Tecnologías para la Seguridad y Atención de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Diego Rullo, testimonió que el viernes 6 de diciembre se comenzó a percibir el inicio del conflicto policial a través de la Central de Emergencias 911 y se comenzaron a escuchar arengas o manifestaciones en favor de la protesta: la metodología que utilizaron para saturar el canal de comunicación fue dejar un equipo presionado con música o conversaciones sin información relevante, para bloquear la operatividad policial del 911. “Los diálogos muestran a los policías que llevaron adelante la movilización sediciosa inconmovibles a la hora de acudir al auxilio de ciudadanos que resultaron víctimas de delitos e incluso, revelando en algunos pasajes, el calibre de las agresiones verbales que recibían quienes no hicieron abandono del servicio. Presionaron el logro de sus objetivos inherentes al mejoramiento salarial valiéndose del abandono acentuado de actividades propias de seguridad pública durante los días en los que transcurrió el orquestado conflicto policial”, sostuvo el fiscal Rodríguez.