El funcionario ladrón cumple la prisión preventiva en una clínica

Martín Alejandro Romano, de 31 años, quien hasta febrero de este año se desempeñaba como director General de Control y Asistencia Pos Penitenciaria hasta que fue apresado tras el asalto a una panadería, obtuvo el beneficio de sustituir su prisión preventiva por una internación en un centro de rehabilitación de adicciones porteño.

La medida fue concedida, la semana pasada, por el juez de instrucción penal que entiende en la causa, Sergio Carraro, haciendo lugar al pedido de los abogados defensores de Romano, quienes siempre alegaron su problema de adicción a las drogas para justificar la comisión del delito. De esta manera, la prisión preventiva se sostiene. Lo que cambia es el lugar de alojamiento, que sale de la órbita del servicio penitenciario, para ser cumplida en un establecimiento a puertas cerradas, donde recibe el tratamiento correspondiente. Según trascendió, los costos del tratamiento son asumidos de manera particular.

El ex funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue procesado por los delitos de “robo calificado por el empleo de arma de fuego” en calidad de partícipe por el asalto a una panadería. Pero además, se lo acusó por “falsedad ideológica de documento público en forma reiterada” ya que cuando se allanó su vehículo y su domicilio particular, se secuestraron planillas de declaraciones juradas firmadas en blanco. 

El procesamiento del juez Carraro había sido apelado por el abogados defensor de Romano, pero la Cámara de Apelaciones lo confirmó. Se espera que en poco tiempo salga la sentencia en el caso. La otra persona que fue detenida tras el robo al comercio, fue Gabriel Galván, de 39 años, también fue procesado, pero como autor material de robo calificado por el uso de arma de fuego.

Armado

El caso se conoció el mismo viernes 1 de febrero, horas después del asalto. El empleado jerarquizado de la Dirección General de Control y Asistencia Pos Penitenciaria fue detenido, junto a su cómplice, tras una persecución generada por la denuncia de un vecino que observó un robo a mano armada. El asalto se produjo a las 15.30, en la panadería Polo Norte ubicada en la esquina de 9 de Julio y Santiago del Estero. 

Romano había sido designado Director General –un cargo que ocupa personal de planta– en 2007, tres meses antes de la asunción de Hermes Binner como gobernador. Tiene más de 11 años de antigüedad en el Servicio Penitenciario. El cargo ahora lo ocupa Pablo Bufarini, quien ya era el director político de la institución. 

La persecución involucró a varios patrulleros de la agrupación Cuerpos de la Unidad Regional Uno. Cuando lo detuvieron, el hombre blandió una tarjeta identificadora oficial como director General de Control y Asistencia Pos Penitenciaria, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero su “chapa” no disuadió a los efectivos de arrestarlo. Según el informe policial, los asaltantes ingresaron al local con una arma de fuego con la que apuntaron a una joven empleada y se llevaron 400 pesos en efectivo que había en la caja registradora.

Tras la denuncia de un vecino al comando radioeléctrico, personal policial comenzó a seguir a los delincuentes que escaparon en una camioneta negra, Renault Stepway. Luego de varias cuadras de intensa búsqueda, los delincuentes fueron detenidos en 9 de Julio y Mariano Comas, a pocos metros del edificio sede de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria.

El cómplice de Romano fue identificado como Gabriel Galván, de 39 años, y según la información policial cuenta con antecedentes penales. A Romano y Galván les incautaron la totalidad del dinero robado, una pistola, una sevillana y una llave de esposas. 

El mismo día en que sucedió el hecho, el juez Sergio Carraro ordenó allanar un departamento de 9 de Julio al 3.400, donde vivía Romano. Allí se secuestraron vainas servidas, balas del mismo calibre del arma que se le secuestró al sospechoso, dos chips de teléfonos celulares y documentación con valor probatorio. Fuentes del caso reconocieron que los acusados “se mostraron exaltados” al momento de ser apresados, “como si estuvieron bajo el efecto de alguna droga”. 

Reconocer su patología 

Ése fue el argumento que esgrimió el abogado de Romano, Romeo Díaz Duarte, en defensa de su cliente. “Estamos hablando de una persona que está afectada psiquiátrica y psicológicamente por el trastorno de personalidad. Y por ese motivo, cuando se produjo el hecho, hacía más de 48 horas que estaba sin dormir y no podía tener la cabal conciencia de los hechos. 

Al grado tal que desconoció totalmente que la otra persona tuviera un arma”, dijo. Y agregó: “En su trabajo, no había presentado pedidos de licencia porque realmente el estado es muy complejo. Y no estoy hablando de imputabilidad, simplemente hablo de enfermedad. 

Romano es una persona enferma, y en este tipo de situaciones estas personas no quieren reconocer su patología. Y su patología la tengo documentada Él sufre esta patología desde hace más de dos años, yo tengo informes desde el 2011. Él nunca terminó el tratamiento que necesitaba por trastorno de personalidad. Quizás porque en Santa Fe, no hay lugares adecuados para ese tipo de tratamientos”.