Este martes, y en el marco de una investigación de alta complejidad orientada a desarticular redes de explotación sexual infantil en entornos digitales, el operativo internacional “Aliados por la Infancia VI” expuso el resultado de un trabajo sostenido y coordinado entre organismos judiciales y fuerzas de investigación criminal de distintos países.
Megaoperativo contra la explotación sexual infantil: 26 aprehendidos en 18 provincias y en países de la región, España y Francia
En total fueron 80 las detenciones de personas en todo el mundo. En la Argentina colaboró la Embajada de Estados Unidos en el operativo internacional "Aliados por la infancia"
Por Juan Trento
29 de abril 2026 · 11:49hs
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En total fueron 80 las detenciones de personas en todo el mundo.
Durante meses se desarrollaron tareas silenciosas de identificación, trazabilidad y acopio de prueba digital. La pesquisa tuvo como punto de partida los reportes remitidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), organismo que centraliza alertas globales sobre la circulación de material de abuso sexual infantil en plataformas digitales.
A partir de esos reportes, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, cuya titular es la fiscal Daniela Dupuy, encomendó al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) el análisis técnico de direcciones IP, perfiles de usuario, patrones de conexión y tráfico de datos asociados a la descarga, almacenamiento y distribución de ese material.
Peritajes criminalísticos
El trabajo pericial incluyó el uso de herramientas forenses específicas para rastrear huellas digitales, reconstruir rutas de intercambio de archivos y detectar coincidencias entre usuarios en distintas plataformas, muchas veces operando bajo identidades falsas o sistemas de anonimización.
En paralelo, se realizó el entrecruzamiento de bases de datos locales e internacionales, lo que permitió establecer vínculos entre distintos nodos de la red investigada. A medida que avanzaba la recolección de evidencia, se delimitaron objetivos concretos en territorio argentino y en el exterior.
Sobre esa base, se solicitaron órdenes judiciales para la realización de allanamientos, intervenciones de dispositivos y medidas de geolocalización, todo bajo estrictos protocolos de preservación de prueba digital, fundamentales para garantizar su validez en instancias judiciales posteriores.
Alcance internacional
La dimensión internacional del caso requirió una articulación permanente con agencias extranjeras, entre ellas el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, así como con fiscalías y unidades especializadas de múltiples países.
Esa cooperación permitió compartir información en tiempo real, coordinar medidas simultáneas y evitar la eliminación o dispersión de evidencia por parte de los investigados.
Operativo en la Argentina
En el país, el despliegue operativo fue el resultado de ese entramado previo: se realizaron más de 266 allanamientos en 18 jurisdicciones, con intervención de equipos especializados en cibercrimen que actuaron bajo protocolos específicos para el secuestro de dispositivos electrónicos.
Durante los procedimientos, los investigadores priorizaron la incautación de computadoras, teléfonos celulares, discos rígidos, tarjetas de memoria y cualquier soporte capaz de almacenar información digital, además de otros elementos de interés como armas de fuego.
Cada dispositivo secuestrado fue resguardado bajo cadena de custodia y será sometido a peritajes forenses que permitirán recuperar archivos —incluso aquellos eliminados— y reconstruir historiales de navegación, comunicaciones y transferencias de datos.
Esta etapa es considerada clave por los investigadores, ya que permitirá robustecer las imputaciones y determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.
Líneas de investigación
El trabajo investigativo también incluyó la identificación de contextos personales y patrimoniales de los sospechosos, lo que permitió detectar incongruencias, redes de contactos y posibles circuitos de financiamiento vinculados a la actividad ilícita.
En algunos casos, como el de una funcionaria pública de la provincia de Santa Cruz, la información recolectada derivó en medidas administrativas paralelas, como su apartamiento del cargo.
Investigación dentro de una cárcel
En paralelo, la Justicia dispuso medidas específicas en casos puntuales, como el allanamiento en la Unidad Penitenciaria de Lisandro Olmos, donde se investigaba a un interno que, pese a estar detenido por un delito de abuso sexual, continuaba presuntamente vinculado a la tenencia y distribución de material ilegal.
En ese procedimiento se secuestraron dispositivos electrónicos utilizados dentro del pabellón, ampliando el alcance de la pesquisa.
La investigación se encuentra ahora en una etapa de profundización, centrada en el análisis integral del material secuestrado y en la ampliación de las líneas investigativas abiertas.
No se descartan nuevas imputaciones ni la identificación de otros integrantes de la red, en una causa que, por su volumen probatorio y alcance transnacional, se proyecta como una de las más relevantes en materia de cibercrimen y protección de la integridad sexual de menores.
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