Narcocumbia: suman sospechas de lavado en el destino del dinero

El fiscal federal, Walter Rodríguez, ordenó ayer varias medidas en la causa que investiga al productor de música tropical Raúl El Beto Basimiani por narcotráfico. Si bien aún el juez Francisco Miño no resolvió la situación procesal del imputado, desde el ministerio público de la acusación se avanza para poder determinar si, además de organizar la venta de estupefacientes, el accionar de Basimiani podría haber configurado el delito de lavado de activos. Las sospechas de la fiscalía radican, justamente, en el destino del dinero recaudado con la venta de droga.

En este sentido, se levantó el secreto fiscal de Raúl Basimiani, su pareja, Soledad González y el círculo familiar, con el objeto de establecer el posible lavado de activos provenientes del narcotráfico. Las diligencias comprenden, además, las personas jurídicas que pudieren integrar. La línea económica también será investigada por la Unidad de Información Financiera del Ministerio de Justicia de la Nación, a quien el fiscal Rodríguez le dio intervención para que apoye la investigación desde el costado patrimonial.

La casa narco

Mientras tanto, otras de las puntas que profundiza la fiscalía son los vínculos entre el productor musical y Daniel El Tuerto Mendoza, procesado por tener una cocina de drogas en Colastiné Norte, que funcionó en la misma casa donde, hasta el jueves 7 de noviembre cuando se realizó el allanamiento, vivió Basimiani con su familia. Para establecer estos vínculos, una de las medidas fue solicitar información al Registro de la Propiedad Inmueble y a la Dirección Provincial de Catastro, para establecer los antecedentes registrales de la “casa narco” de Colastiné Norte. De esta manera, la fiscalía intenta reconstruir las circunstancias que existieron alrededor de la toma de posesión del inmueble por parte de Basimiani.

Una pena elevada

El juez federal Nº 2 de Santa Fe, Francisco Miño, le denegó el viernes la excarcelación. En la resolución, el magistrado consideró que existe una serie de circunstancias para denegar el beneficio excarcelatorio.

Entre ellas, señaló que aún no se ha desestimado la existencia del denominado riesgo procesal. Es que para Miño, la calificación por la que se lo acusa a Basimiani –infracción a la ley nacional Nº 23.737, donde se le atribuye organizar, promover o facilitar la distribución o el almacenamiento de sustancias estupefacientes– contempla, en abstracto, una pena elevada, que motivaría el peligro de fuga. Además, el magistrado marcó que la conducta del productor musical reviste “gravedad y peligrosidad” y considera que, en libertad, Basimiani buscaría eludir la acción de la Justicia frustrando los fines del proceso. Asimismo, Miño consideró que Basimiani no posee arraigo suficiente a nivel local y tiene antecedentes penales, entre los que figuran dos delitos contra la propiedad que le juegan en contra.

No fue casual

La investigación a Basimiani había comenzado en marzo y se perfeccionó hasta que el jueves 7 de noviembre, un operativo conjunto entre la Unidad de la Procuración de la Nación (Procunar) y la División de Operaciones Federales de la Policía Federal, derivó en la detención de Raúl Basimiani y su sobrino. La intervención de la Procunar no fue casual, sino que derivó de fuertes sospechas de cobertura policial para poder comandar y regentear kioscos de droga.

Un detalle de los elementos secuestrados presiona para avalar esta teoría: en la casa de Colastiné Norte, donde Basimiani vivía con su familia hasta el jueves pasado, se encontró un chaleco antibalas de la policía provincial. Ahora, esperan los peritajes a los equipos informáticos y a los teléfonos celulares secuestrados, que podrían arrojar los nombres de quienes cubrían su actividad. En su indagatoria, Basimiani dijo que “todo es un gran problema familiar” y que las acusaciones son “sin fundamentos” y negó conocer al Tuerto Mendoza.