Criptogate: el gobierno eliminó la oficina que había abierto para investigar el caso $LIBRA

El gobierno nacional eliminó la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada por el presidente Javier Milei que tenía como objetivo examinar las denuncias sobre la “difusión” de la criptomoneda $LIBRA, en el marco del hecho conocido como criptogate. La supresión de la oficina se conoció a través del Boletín Oficial y desde el Ejecutivo argumentaron la decisión en que la UTI cumplió con “la tarea encomendada”.

La eliminación de la UTI se dio a través del decreto 332/2025, que fue firmado por el presidente y por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. “El Gobierno considera que la información recopilada fue remitida al Ministerio Público Fiscal y que la Unidad ha dado cumplimiento a la tarea encomendada por el Decreto N°114/25”, sostiene el texto oficial.

La UTI se creó para investigar qué implicancias tuvieron diversos actores del Poder Ejecutivo en la difusión de la criptomoneda $LIBRA. Actualmente, la investigación penal continúa su curso para determinar si existieron delitos económicos o conflictos de intereses en relación a funcionarios del gobierno nacional.

Si bien se dictaminó el cierre de la Unidad, desde el gobierno no publicaron datos ni información oficial sobre lo que la oficina investigó o recabó.

Criptogate, la investigación continúa

El escándalo por el criptogate tuvo su capítulo inicial el 14 de febrero cuando el presidente Javier Milei promocionó desde sus redes sociales personales la criptomoneda $LIBRA y generó decenas de pérdidas millonarias de las personas que invirtieron en esa moneda digital.

Horas después, el proyecto cayó al mismo tiempo que sus creadores se retiraron del mismo y la criptomoneda perdió el valor que habían anunciado. Las personas damnificadas calificaron el hecho como una “rug pull” (estafa virtual) en el que los creadores de una criptomoneda abandonan el proyecto rápidamente luego de quedarse con los fondos de quienes invirtieron.

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Paralelamente, en Estados Unidos hay una demanda colectiva que acusa a Milei de llevar adelante “una promoción engañosa”. Además, es señalado por haber actuado con “negligencia” porque sin la difusión pública que brindó no se hubieran podido llevar a cabo dichas inversiones.