El médico de Grávida que atendió a la niña para que no aborte fue "asesor" de Patricia Chialvo

La ciudad de Santa Fe es un pueblo de poder político concentrado. Donde los personajes son pocos, pero se conocen mucho. Y sobre todo se reciclan. A veces en escenarios surrealistas. El campo de batalla para el cumplimiento del centenario Artículo 86 del Código Penal argentino de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la capital provincial fue el hospital Iturraspe. Desde hace más de 20 años, el efector es una zona de guerra silenciosa entre la moral católica fundamentalista y quienes ejercen en salud para garantizar derechos.

Históricamente en la Legislatura también se ven las influencias de los sectores antiderechos. La prueba más transparente es la postergación indefinida del tratamiento de la ley de Educación Sexual Integral en el Senado provincial. Los vínculos entre los diferentes legisladores de la Cámara Alta y las iglesias se pueden ver en los subsidios mensuales a parroquias y diversos centros religiosos.

Quién es el médico de Grávida

Diferentes activistas y ex legisladoras de Santa Fe recuerdan al médico Raúl Dalla Fontana como parte del equipo de Salud del nosocomio que le negó el aborto legal y la atención contra el cáncer a Ana María Acevedo en 2006 y 2007 en el hospital Iturraspe.

Hace 32 años que es empleado público del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, según los registros oficiales a los que accedió este medio. Además ejerce de manera privada. Y según dijo él mismo en las últimas 48 horas en diversas entrevistas en todo el país: es colaborador activo de Grávida desde hace 20 años.

De acuerdo a varias fuentes de la Legislatura provincial (empleados, ex asesores, diputados) con las que dialogó UNO Santa Fe el ginecólogo fue asesor de la comisión de Salud entre 2007 y 2011 de la ex diputada Silvina Frana, hoy ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat. Consultor que luego heredó su compañera política, Patricia Chialvo, cuando ocupó la banca entre 2015 y 2019.

Incluso la exdiputada provincial Alicia Gutiérrez, que por esos años integró la comisión de Salud con una postura a favor del aborto legal, seguro y gratuito, recordó en conversación con UNO: "Dalla Fontana me denunció por tener en mi página web cómo se utilizaba el misoprostol, un medicamento que hoy el Estado provee en los dispositivos de salud pública. En un programa de TV dice que él me denunció ante la fiscalía de Santa Fe por promover el aborto cuando en ese momento estaba prohibido. Dalla Fontana elaboraba siempre proyectos para crear una institución donde las niñas y mujeres pudieran ir cuando quedaban embarazadas. Lo llamaban instituto de mujeres en conflicto con su embarazo, para alojarlas y acompañarlas. Y era asesor de Chialvo”.

Chialvo es hoy titular de la Secretaría de Niñez de la provincia y por la medida excepcional de protección que impuso a través de la cartera está a cargo como funcionaria de la niña de 12 años cuyo derecho a la ILE fue obstaculizado por Grávida esta semana.

La historia de la guerra santa en los cuerpos de las mujeres santafesinas

El caso de Ana María Acevedo fue emblemático. Se convirtió en bandera de la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país. Le costó al Estado santafesino un pedido de disculpas públicas, una reparación a la familia de Ana María y asumir el compromiso de que estas negaciones de derechos básicos para las personas gestantes en efectores públicos no vuelvan a ocurrir.

Ana María falleció a los 20 años el 17 de mayo de 2007. El director de la institución era Andrés Ellena, la ministra de salud era Silvia Simoncini, y el gobernador Jorge Obeid.

De acuerdo al fallo judicial y a documentos de la Multisectorial de Mujeres, Ana María fue internada en diciembre del 2006, con persistentes dolores y conocimiento del embarazo, y recién a fines de febrero de 2007, con la cara visiblemente hinchada por el tumor el Comité de Bioética del Iturraspe analizó el caso. Desestimaron el pedido de aborto no punible y la obligaron a continuar con su embarazo hasta el 26 de abril de 2007, que le hicieron una cesárea. El feto no sobrevivió al alumbramiento. En sus argumentos para el rechazo expresaron: “Por convicciones, cuestiones religiosas, culturales, en este hospital (y en Santa Fe) no” se realizan abortos.

Un axioma que los grupos organizados dentro del hospital se ingenian para aplicar hasta hoy, evidentemente.

En 2008 Santa Fe hizo historia en la materia: procesaron e imputaron por primera vez en el país a seis médicos por no hacer un aborto no punible. El ex director del Hospital Iturraspe, Ellena; y los jefes de los servicios de Oncología y Ginecología del mismo hospital, César Blajman y Raúl Musacchio por los delitos de “lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real”. Jorge Venanzi, oncólogo radiólogo del Iturraspe; Sandra Barbieri, directora del hospital Samco de la localidad santafesina de Vera; y José Manuel García, presidente del Consejo de Administración de ese centro de salud, fueron procesados solo por “incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real”.

El fiscal de la causa, Carlos Stegmayer, pidió la elevación a juicio y los abogados defensores de los médicos apelaron. Ninguno llegó a juicio, la causa nunca avanzó. Hasta 2016 el tribunal estaba integrado por Oscar Burtnik, Roberto Prieu Mántaras y Jaquelina Balangione. Las abogadas que representaron a la Multisectorial de Mujeres fueron Lucila Puyol (hoy secretaria de Derechos Humanos de la provincia), Paula Condrac y Mirta Manzur. Más tarde en el proceso se sumó María Florencia Marinaro, hoy ministra de Género e Igualdad de Santa Fe.

Es decir que la Mesa interministerial para abordar el caso de la niña de Garibaldi abusada por su padre cuyo derecho a la ILE fue obstaculizado por Grávida está conformado por dos de las ex abogadas de la familia de Ana María, Chialvo con claro vínculos con la organización ya que compartieron hace pocos años la misma perspectiva en salud. Y Sonia Martorano, ministra de Salud.

No es la primera vez de Grávida

El 31 de mayo de 2015 la psicóloga de la ONG Grávida, María Belén Catalano (matrícula N° 836), usó sus habilidades profesionales para convencer a una nena de 12 años que había sido embarazada por violación y a su madre de no continuar con la solicitud de ILE que habían hecho. Ocurrió en el hospital Iturraspe mientras la menor estaba internada con diagnóstico de “alto riesgo para su salud psíquica y física”, y donde Catalano no era parte del plantel de profesionales de la salud de ese nosocomio. La gestación fue completa y el bebé se dio en adopción.

El Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos de Santa Fe la sancionó el 31 de marzo de 2017 por imponer sus creencias personales sobre el bienestar de la nena y la hizo pública el 26 de abril de ese año. Fue a partir de la denuncia de una de las psicólogas del equipo interdisciplinario del hospital que estaba atendiendo a la niña, Mirna Embón. Según se desprende del fallo judicial del 2021 de la Corte Suprema de Justicia, la colegiada sancionada no solo no era profesional del hospital ni tenía permisos para ejercer allí sino que clandestinamente se hizo pasar como miembro de la Subsecretaría de la Niñez de la provincia de Santa Fe para ganarse la confianza tanto de la madre, como de la niña, cuando era solo miembro de la ONG Grávida. Además, trabajaba en Casa Cuna. La sanción fue apelada a los dos días que la hizo pública el Colegio por Grávida, organización vinculada a la iglesia católica.

A nivel judicial, los jueces de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe Bruno Netri, Fernando Gentile Bersano y Roberto Prieu Mántaras anularon el 23 de octubre de 2017 la sanción impuesta a Catalano cuatro meses atrás. La sanción del Colegio consistía en un apercibimiento público y la inhabilitación de la matrícula por seis meses. También obligaron al Colegio a borrar de su portal oficial el comunicado de la sanción.

El Colegio de Psicólogos interpuso un recurso de inconstitucionalidad a esa resolución. El 23 de marzo de 2021 la Corte Suprema de Justicia decidió anular el fallo de Netri, Gentile Bersano y Prieu Mántaras. Los ministros que votaron fueron Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi, Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler, con la integración de dos jueces de Cámara Georgina Elena Depetris y doctor Jorge Alberto Andrés, y el presidente Roberto Héctor Falistocco. Gastaldi, en su voto, reprochó y cuestionó a sus colegas de la Cámara de Apelaciones por “la impugnante que con arbitrariedad sorpresiva, exceso ritual manifiesto y fundamentación contradictoria, los jueces anularon la sanción disciplinaria aplicada a la colegiada”, y dijo que el tribunal se desentendió “de las motivaciones y antecedentes” para analizar el caso.

“La profesional Catalano no fue un hecho autónomo para con una paciente en su consultorio, sino una práctica desarrollada en un hospital público provincial, como parte de una Organización no Gubernamental que, más allá de sus declamados objetivos benefactores hacia el valor vida, utilizó metodologías clandestinas e inconsultas para con los profesionales actuantes en detrimento de la gestante, pasando por encima de todos los protocolos de actuación, sin presentarse formalmente ante las autoridades y/o profesionales tratantes del hospital e interfiriendo peligrosamente con prácticas altamente iatrogénicas que sólo buscaban un determinado resultado obstruir la interrupción legal del embarazo sin reparar en los medios utilizados”, dijo Gastaldi en su voto al que adhirió la Corte.

A nivel mediático, el caso fue puesto en agenda por el movimiento feminista de la capital provincial a través de la Mesa Ni Una Menos Santa Fe y de la Multisectorial de Mujeres.

UNO Santa Fe contó el hecho 27 de Abril de 2017 con fuentes como la de la presidenta del Colegio de Psicólogos de ese momento, Mónica Niel, y a un comunicado de la Mesa en el que se apoya la decisión del Colegio de Psicólogos de sancionar a Catalano: "La resolución del Tribunal de Ética y Disciplina resulta de interés público al sentar un precedente ejemplificador para poner freno a las intervenciones indebidas de profesionales que incurren en torturas promoviendo situaciones de embarazos y maternidades infantiles forzadas; situaciones que revelan, entre otras cosas, el nivel de violencia y discriminación patriarcal y apropiación del cuerpo de las niñas por parte de los varones adultos, del entorno familiar y social". Además, a Catalano la nombran e identifican con su matrícula profesional.

Durante este 2023 se conocerá un nuevo fallo en relación a si fue pertinente o no el dictamen del Tribunal de Ética del Colegio.

Grávida obstaculiza derechos, ¿y el Estado?

El mismo Dalla Fontana dijo este jueves en LT10 durante una entrevista que hace 20 años que operan en la ciudad de Santa Fe y que incluso en este momento tiene "entre cinco y seis" pacientes que Grávida le acercó. El propio gobierno provincial en un comunicado oficial informó sobre la situación de la niña de 12 años a la que le obstaculizaron el derecho: "Los tiempos previstos para darle continuidad a lo acordado se vieron obstaculizados por la intervención de una organización civil que antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido y sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado". Fue en referencia a Grávida.

El ginecólogo reconoció además públicamente que le dijo a la nena a la que atendió una vez por videollamada que el parto, de realizarse, no conlleva peligro de muerte como sí se lo indicó un equipo de salud de la comuna de Garibaldi y del hospital de Rafaela.

"A esta niñita se le dijo que tenía serios riesgos de morir en el parto, que la cesárea era imposible porque era muy chiquita, que tenía una infección...", contó sin explicar por qué consideró que se encuentra su salud fuera de peligro.

Cabe recordar que esta semana UNO Santa Fe dio a conocer que el 19 de diciembre una mujer del pueblo Garibaldi, a 122 kilómetros al oeste de la ciudad de Santa Fe en el departamento Castellanos, denunció que al llevar a su hija de 12 años a un centro de salud supo que la niña estaba embarazada. Al conocer la situación, la menor le pudo contar que su propio padre fue quien la abusó en reiteradas oportunidades. Los hechos se dieron en el marco de un contexto de alta vulnerabilidad socioeconómica de una zona rural.

La niña fue consultada por los profesionales de la salud sobre qué quería hacer respecto del embarazo. "No lo quiero tener", les respondió en distintas oportunidades. "Yo le dije que tampoco lo quiero criar, prefiero que lo aborte", sostuvo la madre de la menor en la denuncia.

Los equipos que la venían acompañando hicieron las gestiones después de Navidad para avanzar con la solicitud de la IVE. La última conversación que hubo entre la madre, la nena, los equipos especializados del Iturraspe y las trabajadoras sociales locales fue el viernes 30 de diciembre. Desde la Secretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Salud destacaron que el acompañamiento consistió en hacer las gestiones para la Interrupción Legal del Embarazo y pagarles el remis hacia el Iturraspe.

Frente al cuestionado acompañamiento estatal, fueron interceptadas por Grávida —una organización fundamentalista católica— el fin de semana de Año Nuevo. Las retuvieron en una de sus sedes el día que tenían turno para el procedimiento en el hospital Iturraspe. A partir de ese momento las autoridades comenzaron a tratar de localizarla por toda la ciudad, hasta que finalmente lograron dar con el lugar en el que las alojaron. Estaban en una sede de la organización ubicada en 9 de julio 2663 conocida como "Casa Hermanas de Betania".

Paralelamente la madre de la niña hizo denuncias por violencia de género en julio del 2022 en la fiscalía de San Jorge. Gustavo Miguel A. tuvo pedido de captura recién hasta este lunes por la mañana cuando por cuestiones de jurisdicciones, ya que no encontraban a la niña, pasó a la Unidad fiscal de Género Familiar y Sexual. Es decir que con dos denuncias nunca fue mandado a detener. Incluso en el documento policial al que accedió UNO del 19 de diciembre dice la dirección en Recreo donde el hombre trabajaba. Mismo lugar donde fue detenido en la tarde del 2 de enero.

Este viernes en los Tribunales fue confirmada la prisión preventiva de Gustavo Miguel A. Quedará detenido hasta el juicio. Lo imputaron por abuso sexual on acceso carnal agravado por el vínculo y la guarda.

Por último Emilio Perizzotti, principal referente local de Grávida, es hijo de Juan Calixto Perizzotti (fallecido en 2019), represor que fue condenado por los Tribunales Federales a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad y por haber forzado un aborto en Silvia Suppo tras haber quedado embarazada producto de las violaciones sufridas durante su detención ilegal, entre otros delitos.