El nuevo paro de los empleados judiciales genera un conflicto con los colegios de abogados de Santa Fe

El sindicato de empleados judiciales de Santa Fe lanzó, por tercera semana consecutiva, un paro de actividades en el Poder Judicial como forma de reclamo al gobierno provincial para que concrete la firma de los decretos de titularizaciones de ingresos y ascensos.

La medida generó el rechazo de parte de los colegios de abogados de la provincia, quienes pidieron a la Corte Suprema de Santa Fe que intervenga para que no se paralice la jornada laboral porque afecta la actividad profesional.

El primer paro, inédito en su momento, fue el 10 de octubre para reclamar el pago de los retroactivos adeudados y las titularizaciones mencionadas. Luego se concretaron dos medidas de fuerza consecutivas sin asistencia a los lugares de trabajo el 31 de octubre y también el 6 de noviembre, pese a que el gobierno había cancelado los retroactivos en los días previos.

Judiciales y abogados

El sindicato sostiene que si bien se había resuelto la mitad del conflicto “falta la otra mitad que es la firma de los decretos de ascensos e ingresos que deberían haber estado en octubre de 2023”. Para ese proceso el gobierno avisó que se tomará un tiempo de análisis y revisión.

Sin embargo, la cuestión parece haberse tensado más de la cuenta. El proceso de lucha sindical perdió algo de respaldo interno entre empleados que no esperan titularizaciones y que ya bajaron la guardia tras el pago de los retroactivos. Pero, además, la medida sindical recibió la crítica de la Federación de Colegios de la Abogacía de la provincia de Santa Fe.

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Empelados judiciales piden por titularizaciones de cargos

“Exigimos se priorice el bien común: basta de medidas de fuerza que lo afectan. Advertimos los graves perjuicios que genera la paralización de actividades en el Poder Judicial como la privación de acceso a la justicia para la ciudadanía santafesina, lo que implica quebrantar la convivencia social”. La nota fue dirigida a la Corte Suprema, la segunda consecutiva, y, según cuentan en el ambiente tribunalicio, la situación empieza a tomar otra consideración.

En rigor, cuestionan que el paro implica nuevamente aplazar audiencias, suspender los plazos procesales, cargar con mayores gastos a la gente (que ya con sus impuestos sostiene el sistema público y financia los salarios), imposibilitar el ingreso y la continuidad de los diversos procesos que buscan el reconocimiento de derechos.

Disputa con la Corte

Todo se enmarca en la disputa de fondo que mantiene el gobierno provincial con el Poder Judicial que comenzó con el intento de renovación de la Corte Suprema y tuvo un punto alto con la aprobación de la reforma previsional que afectó al sector judicial por tener altos sueldos.

Justamente la semana pasada la jueza Silvana Quagliatti, titular del Juzgado de primera instancia en lo Laboral N° 8 de Rosario, hizo lugar a la acción de amparo de 18 jueces jubilados y cónyuges de magistrados fallecidos contra la reforma previsional sancionada en septiembre pasado. De ese modo queda suspendido, solo para los demandantes, el aporte solidario de emergencia y el tope de haberes que dispuso la ley.

Esto generó cuestionamientos de parte del secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, que a través de su cuenta en la red social X salió con los tapones de punta contra la jueza al sostener, entre otras cosas, que debió excusarse por una supuesta "colisión de intereses". "El fallo de la Jueza Laboral Silvana Quagliatti de Rosario es un panfleto político sin sustento jurídico. Lo daremos en el posgrado como un ejemplo de ignorancia de la Seguridad Social e insólita defensa de “privilegios” de quienes se creen superiores al resto de la sociedad", apuntó.