Santa Fe

Marinaro: "Cada peso que el gobierno gasta puede aumentar o disminuir las brechas de género"

En una entrevista exclusiva con UNO Santa Fe, la nueva ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro define cómo será su liderazgo político

Domingo 09 de Enero de 2022

María Florencia Marinaro asumió como ministra de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe el 23 de diciembre del 2021 al mediodía, en el mismo momento que su antecesora, Celia Arena, dejó el cargo para jurar como ministra de Gobierno. La designación de Marinaro no sorprendió ya que fue la cara visible de la cartera en su rol de secretaria desde que asumió el gobierno de Omar Perotti en 2019. Hoy es la funcionaria más joven del gabinete provincial, con 36 años.

De profesión abogada, Marinaro describe a este medio que en sus años de estudiante en la Universidad Nacional del Litoral se convirtió en militante de dos movimientos: el feminista y el peronista. "No digo que soy kirchnerista, yo soy peronista, pero de la generación del 2003 que se sumó a la política con Néstor Kirchner que fue el que materializó lo que ya pensaba", define. Conoció los rincones de la bota santafesina al enseñar el uso de la boleta única en representación del Partido Justicialista, espacio del que años después se convirtió en apoderada general. Dice que su ídola infantil fue Evita y que creció con las películas de Leonardo Favio.

Su feminismo se despertó en una de las aulas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, con una clase de las abogadas Lucila Puyol, Paula Condrac y Mirta Manzur. Contaron que eran las patrocinantes de la familia de Ana María Acevedo, una joven que murió en el Hospital Iturraspe en 2007 luego de negarle un aborto y un tratamiento oncológico por ese embarazo. La charla le hizo preguntarse su postura frente a la interrupción del embarazo y la autonomía de la mujer. Tomó el pañuelo verde, y se sumó a la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe. Cuando Puyol renunció tiempo después a esa representación, Marinaro la reemplazó para defender a las Acevedo.

En diálogo con UNO Santa Fe, Marinaro adelantó sobre la impronta dialoguista que tendrá su gestión, con cercanía a las organizaciones feministas de la provincia, y en qué se diferencia con Arena. Además argumentó por qué la Justicia es el poder estatal que menos avanzó en aplicar la perspectiva de género en la provincia y cuál es el objetivo ministerial para remediarlo.

—¿Cuál va a ser tu impronta como ministra, al frente de la cartera de Igualdad, Género y Diversidad?

—La primera característica que hace a mi impronta como el gobernador me encomendó es una cuestión generacional. Hoy soy la persona, la mujer, más joven del gabinete del Poder Ejecutivo. Y también vengo de una generación nacida en democracia, que ha elegido la política como herramienta de transformación y que es el semillero del movimiento de mujeres donde tengo trayectoria. También en la política partidaria, particularmente en el peronismo.

"A nivel de gestión, –continuó–, mi desafío es profundizar lo que venimos haciendo estos dos años ya sea en las violencias por razones de género, en la línea de diversidad sexual y este año trabajar fuertemente con las políticas de cuidado. Creo que el 2022 es el año de los cuidados, que se pusieron en discusión y en crisis muchísimo en la pandemia. Va a ser una de las políticas transversales y más fuertes que queremos profundizar. Otra línea, que también es una demanda desde que asumimos, es la violencia en el ámbito laboral ya sea en la administración pública como en el sector privado. Ahora con el convenio de la 190ª Organización Internacional del Trabajo a la que Argentina adhirió tenemos el deber y el desafío enorme en Santa Fe de actualizar la legislación en base a este nuevo convenio. Y trabajar fuertemente en un proceso o en una respuesta estatal, integral y efectiva a las violencias en el ámbito laboral".

—Esa es la continuidad de políticas que ya vienen desarrollando, ¿pero en qué te vas a diferenciar con Celia Arena?

—Tenemos trayectorias distintas, pero mi objetivo no es diferenciarme sino profundizar y darle mi impronta. Tenemos trayectorias distintas aunque Celia también viene de una trayectoria política muy importante pero venimos de caminos diferentes y somos de generaciones distintas. No lo digo como un disvalor sino como un hecho objetivo.

—Con tu liderazgo, ¿cómo se va a articular con las distintas organizaciones feministas de la provincia?

—Me parece que ese es uno de los desafíos más grandes que no mencioné anteriormente. Porque la pandemia nos quitó la cercanía y el diálogo permanente y cotidiano con las organizaciones, la territorialidad. Aunque cuando comenzamos hicimos reuniones en plataformas virtuales con las organizaciones también lanzamos la mesa público comunitaria en el norte, centro y sur. Nuestro desafío después de la reunión del lunes 27 que tuvimos con las organizaciones es tener una cotidianeidad en el intercambio de información y de demanda. Hay muchas políticas que el ministerio está llevando a cabo que había desconocimiento por parte de las organizaciones y algunos problemas en los territorios que nos trasladaron que vamos a poner como prioridad y como objetivo para dar una respuesta mucho más efectiva. Creo que la reunión de ese lunes inauguró una etapa de diálogo permanente con las organizaciones y también de cercanía. Y también poder institucionalizar ese encuentro con las organizaciones. No que sean meramente pedidos de reuniones informales, sino darles un marco normativo institucional a ese intercambio con las organizaciones. Seguramente en los próximos días les vamos a hacer una propuesta.

—Decís que se inaugura, y justamente una de las críticas que se hicieron en estos últimos dos meses desde organizaciones feministas fue la falta de diálogo o cercanía con el ministerio. ¿Sentís que eso faltó y fue por la pandemia o, a lo mejor, era la novedad del Ministerio que estuvo en formación, o por qué?

—Son varios factores. No puedo afirmar que no hubo contacto. No lo voy a poner en términos absolutos de que hubo o que no hubo contacto. Creo que ambas partes inauguramos una etapa de ponernos de acuerdo en determinados puntos y de institucionalizar un espacio particular de encuentro. El contexto es complicado por la pandemia, la conformación del ministerio, también llegamos a la gestión en 2019 con la Secretaría de Estado que era un rango ministerial. Eso significó desde cero montar un ministerio, a los tres meses vino la pandemia.

"También es de conocimiento público, –destacó–, que no hubo una transición política ni institucional con el gobierno anterior, entonces para nosotras fue como un descubrir e ir investigando sobre qué se había hecho, qué se estaba haciendo, cuánto personal teníamos, cuál era el personal propio de Género y cuánto sería de Desarrollo Social. Toda esa línea que es institucionalización del ministerio, de la Secretaría de Estado en su momento, más la pandemia, más la nueva gestión, pudo haber generado algunos desencuentros más cotidianos con las organizaciones. Sentándonos a hablar y con un montón de dudas que las organizaciones tenían, tuvimos una excelente reunión donde todos los puntos que se demandaron se fueron respondiendo. Fue todo el gabinete del ministerio a la reunión, incluido el personal de planta. Todos los informes de gestión, todo lo que tiene que ver con el Ministerio está a disposición de cualquier persona y organización".

—En 2021 se discutió mucho sobre la perspectiva de género en la Justicia. ¿Qué relación va a tener el Ministerio con el Poder Judicial?

—Es otro poder, desde el comienzo siempre tuvimos la intención política de articular con el Poder Judicial. Lo hicimos con la modificación del decreto de convocatoria a magistrados y magistradas para que tengan al ingresar un curso con perspectiva de género. Que no es ley Micaela en sí, pero es lo mismo porque es un curso obligatorio en perspectiva de género y diversidad. Así que inauguramos una nueva etapa con el Poder Judicial junto con fiscalía en el 2020 con la primera cohorte, en 2021 fue la segunda etapa. Quienes ingresen hoy para ser fiscales, jueces de cualquier fuero y competencia, defensores, ya entran con este curso y además en el examen les hacen preguntas relacionadas con género y diversidad. La experiencia fue muy buena porque vinieron docentes de todo el país, el curso estuvo dirigido para operadores de Justicia. Para nosotras eso fue una articulación muy grande para el Poder Judicial.

"Lo segundo, –agregó–, fue haber firmado con la Procuración de la Corte como respuesta política institucional después de lo del juez Rodolfo Mingarini, la ley Micaela. La terminamos en diciembre, desde el procurador a todas las personas que forman parte del MPA hicieron ley Micaela, que venían ya trabajando con su centro de capacitación. Nuestra idea es firmar ley Micaela con más instituciones del Poder Judicial y poder trabajar y darle esta mirada mucho más transversal. Y después tenemos muchos temas en agenda como el Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género (Urge). Es un sistema que viene del Ministerio de Mujeres de Nación y el Ministerio de Seguridad de la Nación donde el objetivo es unificar todas las tomas de denuncia de víctimas de violencia por motivos de género. Ya sea en comisarías, centros territoriales de denuncia y en todas las dependencias judiciales donde haya la información sobre las situaciones de violencia. También tenemos en agenda el Consejo Federal de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios con Nación, donde venimos trabajando en puntos en común. La provincia de Santa Fe firmó ese convenio con las 24 jurisdicciones así que seguramente vamos a volver a tener reuniones en 2022 junto a Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Y revisar todos los puntos de agenda que tuvimos el año pasado y profundizar en algunos más.

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María Florencia Marinaro, ministra de Género, Igualdad y Diversidad de Santa Fe.

María Florencia Marinaro, ministra de Género, Igualdad y Diversidad de Santa Fe.

—Uno de los puntos de debate en la Justicia este año fue la prisión preventiva de agresores en violencias de género. La crítica de las organizaciones feministas es cómo se otorgan las libertades y qué pasa después con las víctimas. Sebastián Creus, el camarista, dijo frente a esta situación que lo que faltan son acciones desde el Ejecutivo. ¿Qué opinás de esa postura de la Justicia?

—Creo que las políticas públicas de género, lo hago como análisis mucho más general, en los últimos años han avanzado bastante en respuestas estatales. Donde más han avanzado es por parte de los ejecutivos. Nacionales, provinciales, locales. No tengo la misma sensación con el Poder Judicial en cuanto a las respuestas. Sí creo que los tres poderes nos fuimos empapando. El Ni Una Menos atravesó todas las instituciones. Las escuelas, las familias, las universidades y por supuesto atravesó el Poder Judicial. No comparto que el Poder Ejecutivo no haya tenido respuestas. De hecho, es desde donde más se ha avanzado en políticas públicas y también en términos legislativos.

Creus: "La perspectiva de género en la Justicia debería ser un sobreentendido"

"Sí creo que hay que mejorar –aseveró. A las respuestas hay que mejorarlas, la ruta crítica, el recorrido de las mujeres. Pero no es una responsabilidad meramente del Ejecutivo sino que es una responsabilidad de todas las instituciones públicas de los tres poderes y también de la sociedad en general. El compromiso no es solo del Poder Ejecutivo. Es la respuesta al sistema integral contra las violencias que está a cargo de su coordinación el Poder Ejecutivo. Pero es un sistema que tiene que ser integral, interdisciplinario, interministerial y también interpoderes. Esa es la lógica y es la mirada que tenemos que tener nosotras y los tres poderes del Estado. De nada sirve que trabaje fuertemente la prevención de las violencias desde el Ejecutivo si el Legislativo y el Judicial no dan respuestas. No digo que esté pasando, pero no podemos tener miradas sesgadas o enlatadas o sobre un ministerio o sobre solo el Ejecutivo. Sino que la respuesta tiene que ser compleja, es el desafío que tenemos con las violencias. El desafío de trabajar en conjunto con el MPA, con los juzgados de familia, los penales, también con los civiles, el ministerio, los municipios y comunas. Sentarnos en esta gran mesa y decir «tiene que haber una respuesta integrada». Porque de nada sirve que cada uno haga acciones individuales. De nada sirve que el MPA tenga un protocolo de femicidios y yo tenga otro protocolo de femicidios. Porque lo más importante es el diálogo cruzado que tenemos que tener las instituciones. Y es la respuesta que las mujeres nos están pidiendo".

—Una de las críticas de ustedes cuando asumieron fue no tener un presupuesto propio. Recién en 2021 tuvieron el suyo, y ahora está en debate el de 2022. ¿Cuál es el mayor desafío presupuestario para el ministerio?

—El primero es el Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG). El 2021 fue el primer año que ejecutamos el PPG con 13 programas de ocho ministerios y vamos a tener en un tiempo los primeros números de cómo impactaron esos programas en las mujeres y las disidencias. Lo que se llama metafísicas. O sea en cada peso que el Estado provincial invierte en distintos programas de diferentes ministerios van a tener por primera vez una medición en cuanto al impacto. Este 2022 presentamos 25 programas con el 75% de los ministerios que tienen PPG. Es nuestra prioridad porque es la materialización de la transversalidad, es la política mas importante de lo que se llama la ley de leyes en un gobierno. Es cómo el Ejecutivo gasta sus recursos y tiene esta mirada entendiendo que hay brechas de desigualdad por razones de género y que entendemos que cada peso que el gobierno gasta puede aumentar o disminuir las brechas. Y después en lo que es nuestro presupuesto para este año, lo tenemos prácticamente ejecutado. Es un presupuesto que nos permite tener nuestra impronta, nuestra mirada que era el primer presupuesto que nosotras ejecutábamos. Para el 2022 está proyectado, hasta que en febrero se apruebe o no el presupuesto, un aumento del 53%. Es prácticamente el doble. Creo que es una respuesta política a este decir "tenés el ministerio pero no tenés plata", como si fuera una gran cortina de humo. Y no. Hay una decisión política de invertir y que tenga recursos. También de recursos técnicos como por ejemplo el personal. Hoy el ministerio no tiene una estructura jerárquica de personal, institucional administrativa que para nosotras es una obligación para los trabajadores y trabajadoras del Ministerio. Es la huella que vamos a dejar cuando nos vayamos de la gestión y la continúe el gobierno siguiente. Que el ministerio tenga una estructura propia, orgánica y funcional para que nadie más retroceda en la jerarquización de las políticas de género y diversidad.

—El 2021 fue el primer año que hicieron su propio presupuesto pero como secretaría de Estado, porque pasaron a ser ministerio a mediados de año. ¿Alcanzó para lo que necesitaban o qué evaluación pueden hacer sobre ese primer proyecto?

—Sí nos alcanzó, fueron los recursos que pedimos y en base a eso fue que lo ejecutamos. El cambio de Secretaría de Estado a ministerio fue más una cuestión simbólica porque las secretarías de Estado tienen rango ministerial. Fue un proceso político institucional desde subsecretaría, a secretaria de Estado, a ministerio y también nosotras siempre decíamos que teníamos que explicar qué era una secretaria de Estado, y es cuando el gobernador lo anuncia y dice no lo expliquemos más, que sea un ministerio. Desde lo simbólico para la sociedad en general es decir, tenemos ministerio. No tuvimos menos presupuesto por ser una secretaría de Estado, sino que siempre la impronta que le dimos fue la de un ministerio. Siempre lo pensamos en esos términos, con nuestros pares de otros ministerios y también con el afuera. Así que estamos contentas con la ejecución que hicimos en 2021 y tenemos el desafío con el 2022. Es la función más importante que tenemos que es administrar recursos públicos.

—Con respecto a los femicidios, el 2020 fue en la provincia uno con los valores más altos desde que se tiene registro, al contrario del 2021 es uno de los más bajos. ¿Se puede hacer un análisis sobre ese fenómeno?

—Creo que los análisis no se tienen que hacer en base a la cantidad, sino sobre el recorrido y la trayectoria. Por eso el observatorio que tenemos es tripartito que lo lanzamos este año con Seguridad Pública del MPA y el Ministerio de Seguridad. Cuando hay un femicidio o un crimen por razón de género lo que puede haber es una falla de la respuesta del Estado, una falla de desigualdades estructurales que atraviesan las mujeres y las disidencias. Entonces este observatorio nos permite tener una mirada mucho más integral sobre la trayectoria de las mujeres y también sobre los victimarios. ¿Qué pasa para que dos adolescentes que ni siquiera tenían documento violen y maten a una niña? Como fue un conocido caso de Reconquista. Sin perder la mirada sobre las víctimas, pero también entender por qué suceden estos hechos.

"Siempre pongo el caso de Julieta del Pino de Berabevú de ejemplo, –resaltó. Nosotras, cuando ocurre un femicidio, nos hacemos presentes para trabajar con el municipio o comuna, la policía, todo el entramado local y también con la familia. Cuando fuimos a Berabevú, la primera sensación que tuve fue que era un hecho de inseguridad y el presidente comunal me relataba que esto en los pueblos no pasa y no pasó nunca. Y cuando empezamos a indagar sobre qué hacen las mujeres en localidades tan chicas encontramos que trabajan en el comercio, cuidando a otros, forman pareja con varones más grandes. Nos empezamos a preguntar cuál era el proyecto de vida de las mujeres de localidades chicas, cuales son las herramientas de autonomía, de trabajo que las localidades les dan a las mujeres o a las disidencias, qué pasa con las personas de la diversidad sexual en esas comunidades. Y las respuestas son muy variables. Si nosotras no entendemos el contexto en los que se dan los femicidios, más allá de la mirada de si denunció o no, de si el victimario tenía denuncias previas. Si no miramos las desigualdades estructurales y las violencias que las mujeres atraviesan desde toda su vida no podemos pensar políticas mucho más integrales. En lo inmediato que las mujeres tengan un proyecto de vida no va a evitar un femicidio, pero sí a largo plazo. Entonces me parece que hay que tener pensado los proyectos de vida autónomos, ya sea laborales, educativos o económicos que las disidencias puedan tener en su vida".

Y añadió: "La otra gran pata que nos permite este observatorio es qué pasó en la ruta crítica. Dónde estuvo la denuncia, hubo o no medición de riesgos, si había o no una asistencia social o económica a esa persona, qué intervenciones estatales hubo. Esto es lo que tenemos que ver más allá de la cantidad".

"No creo que haya una baja por alguna razón, –concluyó. Es multicausal. Hay un gran avance en políticas públicas, en la ley Micaela. Hay también una apropiación de las mujeres y las disidencias en no tolerar o no naturalizar más las violencias machistas. Y buscan respuestas estatales, y contención en sus grupos de amistades. Creo que también esa sensibilización o esa visibilización que la sociedad hoy tiene ha permitido una baja en femicidios. No es una razón única. Y tampoco la creación en dos años de un ministerio va a bajar los números inmediatamente. Le mentiría a la gente si le digo que vamos a bajar los femicidios. Es mi objetivo y por eso trabajamos en lo multicausal de los femicidios. Pero no es inmediato el resultado. Sí creo que con el avance de las políticas publicas vamos a bajar el número".

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