Sobreseyeron a Mauricio Macri de la causa por el supuesto "lawfare"

La jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó por inexistencia de delito a todos los imputados de la causa en la que se investigaban supuestas presiones de exfuncionarios y allegados al gobierno de Mauricio Macri, y el propio expresidente, a jueces y fiscales, informaron fuentes judiciales.

La decisión de la magistrada, que ya fue apelada por el fiscal Franco Picardi, benefició a Mauricio Macri; a su asesor Fabián "Pepín" Rodríguez Simón; al exministro de Justicia Germán Garavano y al exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, entre otros.

La jueza resaltó en su fallo que ninguna de las presuntas víctimas, todos magistrados, denunció los hechos cuando supuestamente ocurrieron, y señaló que no se constató que alguno de los presionados hubiera tomado alguna decisión contraria a derecho.

"La totalidad de los magistrados prestó su testimonio al ser formalmente convocados, en todas las ocasiones mucho después de haber culminado las supuestas presiones, o de haber intervenido en los expedientes que motivaron las alegadas injerencias indebidas, o incluso de haber cesado la administración que habría planificado dichas interferencias", sostuvo la jueza en el fallo firmado el 7 de diciembre.

"Esta cuestión no es menor, por cuanto no se trata aquí de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la Justicia. Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no solo se presume conocen el derecho y por lo tanto pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquel que no lo es, sino que además cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal", continuó.

Y prosiguió: "Es más: tampoco se advierte que los magistrados (independientemente de que no hayan denunciado), se hayan apartado de los expedientes que presumiblemente motivaban las presiones, a fin de garantizar su imparcialidad".

"Los magistrados supuestamente damnificados han prestado declaración testimonial y sus testimonios fueron coherentes y consistentes entre sí, y con respecto a lo resuelto en cada una de las causas traídas a su conocimiento, lo que evidencia que no fueron influenciados de manera indebida o que las presiones no tuvieron un impacto significativo en sus decisiones", aseguró la jueza.

El fallo que fue revelado hoy por el portal de noticias Infobae benefició también al exministro de Trabajo Jorge Triaca; a la legisladora porteña Graciela Ocaña y al jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques.

El fiscal Picardi, en tanto, apeló la decisión de la jueza Capuchetti el 14 de diciembre con el objetivo de que se revoquen los sobreseimientos y se investigue una supuesta maniobra sistemática para ejercer indebida presión sobre cualquier magistrado que tomara una decisión contraria a los intereses del entonces Gobierno de Macri.

Uno de los ejemplos salientes de la investigación, invocado en el dictamen fiscal, tiene que ver con la supuesta presión ejercida sobre la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó para que deje su cargo.

El fiscal remarcó en su apelación que lo que se investiga en la causa no son la sucesión de hechos aislados sino un conjunto de maniobras que se habrían producido entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, protagonizados por los miembros de la denominada "mesa judicial".

La causa se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) para que se investigue el papel que jugó la llamada "mesa judicial" durante el gobierno e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo mientras estuvo a cargo de Mauricio Macri.

La renuncia de Gils Carbó se dio en un contexto de creciente presión por parte del Gobierno de Macri, que no escondía su interés en desplazarla, pero además en un año en el que los números de teléfonos de los celulares de familiares suyos fueron publicados en el diario Clarín, y luego de que se la involucrara en una causa penal por supuestas irregularidades en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación.

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